Los policías médicos del aparato desaparecedor.

Los policías médicos del aparato desaparecedor.

Daniel Cecchini

dcecchini@miradasalsur.com

Imagen Sup. Muerte violenta de un “no perseguido político”. Descripción exhaustiva.Realización de autopsia.// Imagen Inf. Muerte violenta de un “perseguido político”. Sin descripciones y sin autopsias. Intervención del área 113 y catalogado como “sub” de puño y letra de los médicos.//Adelina Alaye. El libro Morgue fue pieza clave de su investigación.

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La comparación entre las descripciones realizadas por los policías médicos muestra con claridad cómo la exhaustividad que demuestran cuando se trataba de una muerte violenta no relacionada con la represión ilegal desaparecía en los casos en que describían la causa de muerte de una víctima del terrorismo de Estado. Eran un engranaje más del plan sistemático de desapariciones.

“Aún bajo amenazas, no admitiré utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad.”
Del Juramento hipocrático.

La puerta fue abierta por la madre de Plaza de Mayo Adelina Alaye al prestar testimonio ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, presidido Carlos Rozanski. Allí presentó los resultados de una investigación propia de más de treinta años sobre los “enterramientos de NN” en el Cementerio platense que, entrecruzados con las actas de defunción de personas identificadas como NN en el período 1976-1983, no sólo permitió la identificación de muchas de las víctimas, sino que puso al descubierto la complicidad de por lo menos 28 médicos policiales que actuaron en el llamado Circuito Camps. Es la primera vez que se los acusa públicamente de ser partícipes necesarios del plan sistemático de desaparición de personas.
Para que la investigación avanzara fue determinante el descubrimiento de un libro de registros de la Morgue Policial, donde los médicos de la Bonaerense anotaban las prácticas médico-legales que realizaban diariamente. Del análisis de estas anotaciones surge con claridad el trato diferente que daban a los cadáveres de las víctimas del terrorismo de Estado en comparación con los de los muertos por otras causas. Mientras que a los últimos se les realizaban autopsias exhaustivas (con análisis de sangre, extracción de proyectiles, descripción física y hasta de vestimenta) y se las anotaba en detalle, en el caso de los primeros sólo se consignaba la causa de la muerte en una sola línea: “Destrucción de masa encefálica por proyectil de arma de fuego”, omitiendo cualquier otro signo que presentaran los cuerpos, fundamentalmente la presencia o no de pólvora en la herida (determinante para saber si se trató o no de una ejecución), la existencia o no de otras heridas de bala y/o la presencia de señales de tortura. Tampoco se consignaba ninguna particularidad que permitiera su posterior identificación.
En otras palabras: de la lectura de los registros se desprende con claridad que los médicos policiales, con sus intervenciones, legalizaban lo ilegal y colaboraban con la política de desaparición de personas instalada por la dictadura. Al omitir los signos de tortura que presentaban los cuerpos y no especificar con claridad la causa de la muerte colaboraban para hacer pasar las ejecuciones de los perseguidos políticos por “enfrentamientos armados”.
La función de un médico forense no es sólo determinar la causa de la muerte sino también las circunstancias en que se produce esa muerte. Con las víctimas del terrorismo de Estado, lo que hacían los policías médicos de la Bonaerense era ocultarlas.
El testimonio de Adelina Alaye ya tuvo una primera consecuencia extrajudicial: la renuncia y posterior exoneración del vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata, Enrique Pérez Albizú, al quedar expuesto por la firma –entre el 25 de febrero y el 25 de mayo de 1977– de 9 registros de exámenes de cadáveres NN de personas asesinadas por la represión dictatorial. Durante ese período, Pérez Albizu firmó la realización de 133 pericias medico-legales. En los casos de lesiones o muertes traumáticas (accidentes varios, suicidios, etc.), describe exhaustivamente el estado de los cuerpos y las causas de las muertes mientras que en los nueve identificados como NN sólo utiliza la lacónica fórmula de “destrucción de masa encefálica por proyectil de arma de fuego”.
Los otros médicos denunciados son: Alberto Vitali (4 certificados), Carlos A. Zenof (2), Carlos Morganti (28), Carlos R. Hid (1), Eduardo Sotes (9), Ernesto L. Gelemur (7), Héctor A. Darbon (10), Héctor F. Rodríguez (2), Héctor J. Lucchetti (8), Jorge Zenof (50), Julio C. Brolese (10), Luis Bajkovec (14), Mario B. Cavazzutti (1), Néstor P. De Tomas (21), Omar R. Langone (12), Raul F. Etcheverry (18), Raúl O. Canestri (8), Ricardo Zufriategui (1), Roberto Ciafardo (23), Roberto Dossena (6), Rolando Llanos (8), Rómulo Romero Gauna (3), Rubén Ben (3), Salvador O. Leone (1) y Willy O. Michelic (9).

El libro Morgue. La investigación realizada por Adelina Alaye con la colaboración de Ricardo Martínez y Karen Wittenstein se basa en registros oficiales de defunciones e inhumaciones, testimonios, informaciones de la prensa de la época, y recientemente en el análisis del llamado Libro Morgue que contiene los registros del 25 de febrero al 25 de mayo de 1977 que los policías médicos de puño y letra escribían. Es el único que se ha podido recuperar. La historia de estos registros forenses también revela la trama de ocultamiento. Se sabe de la existencia de 24 de estos libros en el período que va desde marzo de 1976 hasta diciembre de 1983. De ellos, 23 fueron requeridos para la instrucción del Juicio a las Juntas Militares, en tanto que el restante (el único rescatado) fue entregado en su momento a otra unidad de la Justicia Federal. Los 23 utilizados en el Juicio de las Juntas fueron devueltos a la Policía Bonaerense a mediados de la década de los ’80, cuando desaparecieron no tan misteriosamente: quien los recibió y los tuvo a su cargo fue el médico policial Néstor De Tomas, uno de los policías médicos firmantes de los registros. La Cámara Federal resolvió que se iniciara la instrucción de una causa, la cual quedo a cargo del Juzgado Federal N° 1 de La Plata, del juez Manuel Blanco, donde quedó congelada.
Miradas al Sur tuvo acceso al informe preparado por los investigadores para la Universidad Nacional de La Plata con relación a la actuación del vicedecano de Medicina Pérez Albizú en sus tiempos de policía médico de la Bonaerense. Allí se resume con claridad el accionar de los médicos. Según el informe, en el Libro Morgue recuperado “los certificados de defunción en un 70% consignaban (como) causa de muerte ‘destrucción de masa encefálica por disparo de arma de fuego’”. Nunca estaban acompañados de un análisis exhaustivo de las lesiones que pudieran dar cuenta de que fueron ejecuciones (…). Aun cuando se consignaran otras causas de muerte como ‘múltiples heridas de armas de fuego’ no se realizaban descripciones que las buenas prácticas forenses exigen; en cambio, en aquellos cadáveres de fallecidos por causas violentas no vinculadas con el accionar represivo (accidentes, homicidios, suicidios, etc.) la descripción de las lesiones se hacía siguiendo el buen proceder: la excusa (n. de la r: esgrimida por algunos de los médicos denunciados en los Juicios por la Verdad) de que no se realizaban autopsias por la evidencia clara de las causas de muerte no se aplicaba a estos últimos casos ya que sistemáticamente se realizaban las autopsias de rigor”.
Más adelante, el informe define: “Esto pone en evidencia un doble estándar o, mejor dicho, una doble moral que comprometía al conjunto de los policías médicos de la Morgue. El Libro recoge de puño y letra las denominaciones ‘SUB’ (subversivo) de esos ‘NN’ asesinados en falsos enfrentamientos y las especificaciones de la intervención del Área 113 (de Operaciones), Regimiento 7 , SIM (Servicio de Inteligencia de la Marina), Comisarías o Unidades regionales policiales”. Y concluye: “La investigación de Adelina Alaye da cuenta de una dimensión no demasiado estudiada del plan sistemático de exterminio, en tanto identifica un eslabón del proceso de secuestros, desapariciones, torturas, vejámenes, asesinatos y ocultamiento de identidades y circunstancias. Los médicos de la Morgue, ‘legalizando lo ilegal’ fueron parte integrante del plan sistemático”.

Botón de muestra. Hasta el 13 de abril de 1977, los jóvenes Nancy Cereijo, Andrés Lofvall, Estela Maris Iannarelli, Carlos Mario Ilacqua, Elizabeth Frers, que según algunos testimonios estaba embarazada, y María Angélica Ferrari, secuestrados en varios procedimientos durante los meses previos, permanecieron detenidos-desaparecidos en el centro clandestino de detención La Escuelita, de Bahía Blanca. Ese día, según el testimonio de la sobreviviente Alicia Mabel Partnoy, fueron trasladados. Su siguiente destino fue La Plata y quizá en particular el centro clandestino de detención de La Cacha, en Lisandro Olmos. Sus suertes ya estaban echadas. De acuerdo con publicaciones del diario platense El Día, que solía reproducir como si fueran noticias los partes del Comando Zona I, Estela Maris Iannarelli y Carlos Mario Ilacqua murieron, junto con otro joven NN, en un enfrentamiento con fuerzas “legales” el 16 de abril de 1977 en Lisandro Olmos. Nancy Cereijo y Andrés Lofvall –de acuerdo con los partes militares– cayeron en otro enfrentamiento, el 23 de abril en Sarandí. Por último, Elizabeth Frers y María Angélica Ferrari, murieron también en un “enfrentamiento” en diagonal 73 esquina 25, de La Plata, el 21 de abril de ese año, junto con otros dos NN masculinos.
El informe basado en la investigación de Adelina Alaye reconstruye el circuito de los cuerpos de las cuatro últimas víctimas (probablemente similar a los de los otros “trasladados”) y deja en negro sobre blanco el papel que tuvieron los médicos policías en la maniobra.
Los cuatro cadáveres ingresaron a la Morgue de la Bonaerense el 21 de abril de 1977. Se los identifica como cadáveres 674, 675, 676 y 677. El jefe de guardia era Raúl Etcheverry y el médico forense encargado de examinar los cuerpos era Enrique Pérez Albizú. La entrega de los cuerpos para que fueran enterrados como NN en el Cementerio de La Plata se realizó al día siguiente. Los firmantes de las entregas son los policías médicos Luis Bajkovec (cadáveres 675 y 677) y Carlos Zenof (cadáveres 674 y 676).
El tratamiento pericial de los cadáveres que se desprende del Libro Morgue es un claro ejemplo de la mecánica general. Según el informe de Alaye, Martínez y Wittenstein, “estos cuatro policías médicos fueron las últimas personas que pudieron determinar las causas y circunstancia de muerte de los jóvenes”. Queda en evidencia que no lo hicieron. “Todos son anotados como NN y no existe la más mínima descripción física de ninguno de ellos –dicen los investigadores–. Por supuesto, nada aporta para dilucidar acerca del posible embarazo de Frers. Los nombres de ella y de Ferrari fueron agregados con posterioridad, seguramente cuando sus familias lograron recuperar los cuerpos en las circunstancias siniestras que se desprenden de sus testimonios. Como siempre, no hay ninguna mención a lesiones conexas ni detalles acerca de los disparos. Se sabe con certeza que al menos las chicas estuvieron secuestradas entre tres y cuatro meses en “La Escuelita” y sometidas a torturas y tratos crueles; además, permanecieron en algún CCD de La Plata cerca de siete días antes de ser ejecutadas. El policía médico Enrique Pérez Albizú anota idénticas causas de muerte en todos los casos: destrucción de masa encefálica por proyectil de arma de fuego, y los cadáveres reciben números correlativos: 674, 675,676 y 677(…). Le llevó menos de media hora de “trabajo profesional” hacer las prácticas forenses necesarias para tratar de determinar con precisión qué ocurrió con cuatro jóvenes muertos violentamente”.
“Por las actas de defunción Nº 45.237 (675) y 45.239 (674) sabemos que los jóvenes NN fueron inhumados como tales y trasladados luego al osario –concluyen–. En estos casos la intervención médica de la Morgue Policial legalizando el horror fue plenamente exitosa al completar la cadena montada por el Estado terrorista: persecución, secuestro, tortura, muerte, omisión de identidad, señas y circunstancias del crimen y desaparición del ejecutado bajo una tumba NN”.

No sabe, no contesta. Los “enterramientos de NN” en el Cementerio de La Plata fueron objeto de numerosos testimonios en los Juicios por la Verdad. A raíz de ello, los jueces decidieron citar a varios de los policías médicos, entre ellos a Pérez Albizú, Zenof y Bajkovek. Sus argumentos parecen calcados: que ocurrió hace mucho tiempo y que por lo tanto no pueden recordar; que muchas veces firmaban los certificados de defunción sin ver los cadáveres, basándose en las anotaciones que sus colegas realizaban en el Libro Morgue; que procedían de igual manera con todos los cadáveres, fueran o no muertos en “enfrentamientos”; que no realizaban autopsias porque las causas de muerte eran tan evidentes que no hacían falta. En preguntas sobre casos específicos, las respuestas siempre eran las mismas: “Firmé pero no vi el cadáver” o “De los que vi no me acuerdo”.
Luego de consultar a numerosos médicos platenses que conocen a algunos de los denunciados, Miradas al Sur pudo saber que, en confianza, no pocos de ellos confiesan a sus colegas que actuaban de esa manera porque no les quedaba alternativa, que lo hacían por temor. Uno de ellos, Julio Brolese, utilizó este argumento en su testimonio en los Juicios por la Verdad: “El temor era porque me encontraba en un sector donde podían pasar muchas cosas. A veces podía suceder que uno demuestre demasiado interés por averiguar determinadas cosas y la superioridad podría volverse en su contra. A mí la policía nunca me obligaba a hacer nada de lo que yo no quería (…). Lo que sí me daba temor era que me encontraba con un vínculo con la policía y en ese momento la situación era bastante peligrosa”, dijo en su declaración del 10 de marzo de 1999.
En cambio, su colega Omar Rafael Langone, en una declaración del mismo día, descartó cualquier tipo de coacción: “Nadie nos obligó ni nos puso una pistola en la cabeza para que tengamos que hacer lo que estábamos haciendo, ya que lo hacíamos porque como médicos teníamos la obligación de certificar la causa de la muerte”, dijo.
Si se compara la actuación de los policías médicos de La Plata con las de otros forenses puestos ante la misma situación en otros lugares no quedan dudas de que sí tenían la posibilidad de actuar respetando la ética profesional y sin transformarse en cómplices voluntarios del plan sistemático de desaparición de personas.
Según las investigaciones de Alaye, Martínez y Wittenstein, los médicos forenses de la Morgue Judicial de la Capital Federal se opusieron a las órdenes y realizaron autopsias pormenorizadas, de las cuales guardaron copias. Cuando llegó el momento de dar cuenta de sus actos, pudieron presentar las autopsias en regla. Ninguno de ellos fue acusado.
Asimismo, los médicos policías de Mar del Plata hicieron, salvo excepciones, las autopsias respetando las reglas del buen ejercicio profesional, tratando a todas las muertes violentas de la misma manera a la hora de establecer sus causas. Cuando fueron llamados a declarar, describieron lugares y circunstancias y no dudaron en hablar de “ejecuciones”.
Los policías médicos platenses eligieron otro camino: el del silencio mafioso para evitar las consecuencias de su participación en la maquinaria del terrorismo de Estado. Todos ellos siguieron sus carreras sin pagar por los delitos cometidos. Enrique Pérez Albizú llegó a ser, hasta hace pocos días, vicedecano de la Facultad de Medicina . Luis Bajkovec y Carlos Zenof integraron la lista que en agosto de 2011 ganó las elecciones del Centro de Médicos Jubilados y Pensionados del Distrito 1. La lista se llamaba, paradójicamente, “Dignidad profesional”. Julio César Brolese fue funcionario de la Asesoría Pericial de La Plata y desde allí aconsejaba a los familiares de las víctimas no denunciar los abusos sexuales contra niños perpetrados por sacerdotes, alegando que “nunca se iba a poder demostrar nada”. Y hace unos pocos días, en una clara apología del delito, reivindicó esa omisión de deberes de funcionario público en un juicio en el que actúa como perito de parte de un acusado por abuso sexual infantil agravado. La investigación presentada por Adelina Alaye durante su declaración en la causa de La Cacha tal vez sea el primer paso para que sean juzgados y deban responder por sus delitos de lesa humanidad.

Fuente: Miradas al sur