Preparados para la impunidad
Viendo cómo represores como Patti amenazaban con contar detalles de sus crÃmenes y ante el pedido de jueces amigos que buscaban cómo cerrar causas, la dictadura preparó la “ley de Pacificación Nacional”. El asesoramiento civil y las garantÃas de la Corte Suprema.
Por Victoria Ginzberg
A mediados de 1983, los militares se preparaban para dejar el poder y buscaban garantizarse la impunidad. De esa preocupación salió la ley de autoamnistÃa (para ellos, de “Pacificación Nacional”). En un informe secreto, señalaban que esa norma era “el único instrumento válido que se opondrÃa al cumplimiento del objetivo” de los organismos de derechos humanos, a los que ellos llamaban “organizaciones subversivas”. Sacaban sus conclusiones del análisis de la coyuntura polÃtica y social y de datos recolectados por los servicios de inteligencia. Un informante clave fue el entonces juez José Nicasio Dibur. Este magistrado tenÃa a su cargo una causa vinculada con el testimonio del policÃa Rodolfo Peregrino Fernández, quien habÃa roto el pacto de silencio a principios de 1983. Dibur informaba en detalle a los represores del “avance” de la investigación y advertÃa a los mensajeros que debÃan frenar el proceso o se verÃa “obligado” a citar a los acusados. En este contexto, los militares trataban de blindar a la tropa para que no hubiera nuevas “filtraciones”. La posibilidad era real: el policÃa Luis Patti, que estaba involucrado en el asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, amenazaba con hacer públicas las matrÃculas de los aviones que habÃan participado en los vuelos de la muerte si no recibÃa ayuda.
Esta información surge de los documentos hallados en el edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea, a fines del año pasado y dados a conocer por el ministro de Defensa, AgustÃn Rossi. En el material que analizó un equipo encabezado por la directora de Derechos Humanos del ministerio, Stella Segado, están las actas de las juntas militares y el seguimiento de algunas leyes promovidas por la dictadura, entre ellas la de autoamnistÃa. Patti y Dibur están mencionados en una carpeta caratulada como secreta y elaborada por la Fuerza Aérea para el asesoramiento sobre la “ley de Pacificación”. “En los contactos extraoficiales establecidos por la secretarÃa general con el juez mencionado, éste manifestó su preocupación por el caso ante la posibilidad de verse obligado, por razones procesales, a iniciar las citaciones indicadas, por lo cual sugirió la necesidad de la urgente sanción de la ley, único medio de cerrar ese proceso que se tramita ante su juzgado”, dice el informe.
El “juez mencionado” era Dibur, quien tenÃa en su juzgado la causa sobre la Triple A, a la que se habÃa agregado el testimonio de Rodolfo Peregrino Fernández, un policÃa que habÃa trabajado en el Ministerio de Interior con Albano Harguindeguy y que en marzo de 1983 habÃa aportado información sobre el terrorismo de Estado y la Triple A, ante la Ca-dhu (Comisión Argentina de Derechos Humanos), que integraban argentinos exiliados en Europa.
“La Doctrina comprendÃa la eliminación fÃsica de la llamada ‘subversión apátrida’ y una orientación ideológica dentro de los principios de ‘la defensa de la Tradición, la Familia y la Propiedad’. La Doctrina, además, tenÃa como propósito implantar el terror generalizado en la población para evitar que la guerrilla ‘se moviera como pez en el agua’. Son estos conceptos los que fundamentan la polÃtica de ‘desapariciones’ que desde antes, pero en forma especial a partir del golpe militar de 1976, comienza a ejecutarse en forma sistemática”, dice el testimonio de Fernández, que fue llevado ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En su extensa declaración, habló del funcionamiento de la Triple A, la división de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en Grupos de Tareas, la existencia de centros clandestinos de detención, el asesinato de Rodolfo Ortega Peña y el secuestro y desaparición de LucÃa Cullen, entre muchas otras cosas. Fernández reveló ya en ese momento que escuchó “al teniente de navÃo Norberto Ulises Pereyro afirmar que se utilizaban aviones de la Prefectura Naval Nacional para el transporte y el lanzamiento en alta mar de prisioneros polÃticos secuestrados” y que supo que “algunos prisioneros, luego de ser adormecidos mediante la aplicación de una inyección, eran introducidos en bolsas especiales, en las cuales se les arrojaba”.
En su informe secreto, los militares contaban en 108 los involucrados por Fernández en la declaración: 35 miembros del Ejército, 6 marinos, 3 integrantes de la Fuerza Aérea, 45 policÃas, 4 jueces, 2 capellanes y 11 personas que figuran en el rubro “otros”. No sólo tenÃan en su poder todos los nombres, sino también un punteo de quiénes podrÃan ser imputados o procesados, datos que parecen provenir directamente del magistrado, que como queda claro manifestaba estar tan compungido como los involucrados por tener que avanzar con la causa y pedÃa a gritos que se impulsara la norma que podrÃa acabar con ese penoso trabajo.
Los vÃnculos de Dibur con los militares ya estaban claros en esa época. Se sabÃa que junto con su colega MartÃn Anzoategui se habÃa reunido con las “autoridades militares” interesado en que se impulsara una ley especial de jubilación para los jueces que cesaran en sus cargos cuando llegara el gobierno constitucional. A mediados de 1983, además, ordenó allanar las oficinas del diario La Voz, de Vicente Saadi, por una denuncia de la Junta sobre un “rebrote subversivo”. Con la llegada de la democracia, Dibur no resistió en el Poder Judicial. El gobierno de AlfonsÃn quiso ascenderlo a camarista pero, por sus vÃnculos con la dictadura, no pasó el filtro de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, a la sazón controlada por Saadi. Dibur dejó de ser juez y en ejercicio privado de la abogacÃa tuvo, entre otros clientes, a militares acusados de violaciones a los derechos humanos. Durante el menemismo, en 1992, entró en el Ministerio de Justicia como asesor y allà se quedó hasta que en 2008 AnÃbal Fernández lo expulsó. Pero Dibur no era la única fuente jurÃdica de consulta y preocupación para los militares. Según se desprende del informe secreto y de las actas, para asegurarse la aplicación de la ley, la última Junta Militar llegó hasta la Corte Suprema. Su presidente, Adolfo Gabrielli, los dejó tranquilos. Les informó que la norma era aplicable y que no parecÃa tener “vicios de inconstitucionalidad”.
La amenaza
En el mismo momento en que se discutÃa la posibilidad de promulgar la “ley de Pacificación”, Emilio Eduardo Massera estaba preso por el asesinato del empresario Fernando Branca. Y un caso acaparaba la atención de los medios: el asesinato de Cambiasso y Pereyra Rossi.
Los dos militantes peronistas conversaban en el bar Magnum, de Rosario, cuando fueron secuestrados por un grupo parapolicial. Tres dÃas después sus cuerpos aparecieron baleados en Zárate. El 17 de mayo, el Ministerio de Interior y la PolicÃa de la Provincia de Buenos Aires informaron que habÃan sido “abatidos en un enfrentamiento” con efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional de Tigre. Los policÃas involucrados eran los suboficiales Rodolfo Diéguez, Juan Amadeo Spataro y el oficial principal Luis Abelardo Patti.
Los peritajes demostraron que ambos fueron golpeados y torturados antes de morir. HabÃa hematomas, rastros del empleo de picana eléctrica y muestras de pólvora sobre el antebrazo izquierdo de Pereyra Rossi originadas por un disparo a quemarropa. En junio, el juez penal de San Nicolás Juan Carlos Marchetti dispuso la prisión preventiva de los tres agentes de la Bonaerense por “homicidio calificado reiterado”. Los policÃas estuvieron presos cinco meses, hasta noviembre de 1983, cuando se dictó su sobreseimiento provisorio.
A mediados de 1983, cuando la Fuerza Aérea analizaba su posición respecto de la ley de autoamnistÃa, la situación judicial de Patti todavÃa era complicada. Por eso, el futuro intendente de Escobar se las arregló para enviar un mensaje.
Bajo una sello que señala que el contenido es “estrictamente secreto y confidencial”, se informa que “se tiene conocimiento que (el comisario Patty sic)” habÃa expresado lo siguiente: considera que la Fuerza Aérea argentina se está oponiendo sistemáticamente a la promulgación de la ley de pacificación. En caso de que su problema salga mal, o que no sea solucionado, ha conseguido y dará a conocer los aviones (matrÃculas), aeropuertos, destino, fechas y personal que trasladó delincuentes terroristas a disposición final”.
De la lectura integral de la carpeta se desprende que tal vez más que una escalada judicial, los militares temÃan que se rompiera el “pacto de silencio” entre sus subordinados. De allà –y luego de la experiencia de Rodolfo Peregrino Fernández– la particular atención sobre Patti. Pero hay más. Motivados por esta inquietud, se ordenó un relevamiento y análisis de los casos de los miembros de las Fuerzas Armadas detenidos en el penal de Magdalena y en Caseros, a quienes se describe como “potenciales difusores de denuncias”. En la misma hoja que sirve de carátula a esta lista de militares arrestados, hay una inscripción a mano y en cursiva en donde están los argumentos que debÃan repetir quienes hacÃan las visitas para sondear su estado de ánimo y su posible predisposición a abrir la boca: “Todo el que habla se autoincrimina. Endurecimiento por denuncia tardÃa. Si los otros niegan, quedará solo como responsable. Pueden ser indultados o conmutados sin necesidad de incluirlos en la amnistÃa”.
“Los documentos muestran la doble cara de la Justicia. Si bien una parte de la Justicia fue cómplice, la mayorÃa se adaptó a la dictadura. Acá se ve una Justicia que supuestamente empieza a movilizarse por las denuncias pero por otro lado pide la sanción de la ley para no avanzar a fondo”, señala la historiadora Marina Franco, que trabaja sobre los últimos años de la dictadura y los primeros de la democracia. La investigadora del Instituto de Altos Estudios Sociales (Idaes) de la Unsam y del Conicet recuerda que el principal “obstáculo” que tenÃa la ley de autoamnistÃa eran las propias Fuerzas Armadas, que estaban divididas respecto de ella. El Ejército era la fuerza que más interesada estaba en que la norma saliera rápido y fuera todo lo abarcadora que fuese posible, sobre todo que dejara tranquilos a aquellos que, como Patti, estaban comprometidos por hechos que eran recientes. La Fuerza Aérea, que era el sector que en general aparecÃa como “menos comprometido”, decÃa que no creÃa en la “oportunidad” de la ley, consideraba mejor esperar a que saliera luego de las elecciones de octubre o incluso que la propiciara el gobierno constitucional. La Marina se oponÃa a la ley. Junto con un sector del Ejército, consideraba que debÃan darles las gracias por los crÃmenes cometidos y no aceptaban ser equiparados a “la subversión”, a la que también alcanzaba la ley, a la que ningún militar de ninguna fuerza decÃa de “amnistÃa” porque creÃan que remitÃa a la de Héctor Cámpora. En la Armada avisaban, además, que no tenÃan intención de mover un pelo para salvar al caÃdo en desgracia Massera.
“Los militares querÃan cubrirse las espaldas y creÃan que la ley iba a ser respetada, ya que históricamente las decisiones de las dictaduras no habÃan sido revisadas por los gobiernos constitucionales posteriores. Lo que pasó después habla de la voluntad polÃtica de AlfonsÃn, pero también de la debilidad misma de los militares, que venÃan de la guerra de Malvinas”, asegura Franco.
Lo que nunca se imaginaron los militares era que lo primero que harÃa el Congreso luego del regreso de la democracia serÃa anular esta ley, acción que fue el primer paso para poder llevar a cabo luego –una vez que los militares dejaron claro que la Justicia castrense no lo harÃa– el Juicio a las Juntas.
Fuente: Pagina 12