El oligopolio del secreto

¿QUÉ HACER CON LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA?

El oligopolio del secreto

Por Claudio Mardones*

El frágil statu quo de los servicios de inteligencia tambalea: la muerte del fiscal Alberto Nisman revela la falta de control político y la dependencia del poder judicial respecto de las estructuras del espionaje argentino, cuya autonomía y opacidad constituyen un problema para la democracia.

Mimmo Rotella, Materia college, 1958 (Fragmento, gentileza Christie’s)

l cielo ya había empezado a perder la oscuridad. La madrugada avanzaba sobre el 1500 de la calle Rocha Blaquier, en la localidad de La Reja, Moreno, oeste del conurbano bonaerense. Todo estaba tranquilo, salvo por el pelotón de diez policías bonaerenses del Grupo Halcón que habían sitiado la cuadra. El 9 de Julio de 2013 era feriado inamovible, pero el agente de la Secretaría de Inteligencia (SI) Pedro Tomás Viale nunca alcanzó a disfrutarlo. Un allanamiento por narcotráfico se le interpuso al desayuno. Cerca de las 5.55 de la mañana los uniformados decidieron romper la puerta y entrar a los gritos con armas de guerra. El dueño de casa, tal como rescató el periodista Jorge Urien Berri, creyó que se trataba de un asalto y sacó la Glock de la mesita de luz. Ya era tarde, el pelotón solo le respondió “alto” y el hombre, conocido como el “Lauchón”, se defendió en calzoncillos. Su día terminó abruptamente en pocos minutos, cerca de las seis de la mañana, con once tiros en el cuerpo, en la entrada del baño de su casa, ante los gritos desesperados de su mujer, que quedó lejos de las balas gracias al salto que pegó su marido para sacarla de la línea de fuego. Así murió, a los 59 años, uno de los miembros más viejos de la principal casa de los espías, con casi tantos años de servicio como su amigo y jefe, el por entonces director general de Contrainteligencia de la SI, Antonio Horacio Stiusso. Los diez policías bonaerenses están detenidos desde el 29 de agosto del año pasado por el delito de “homicidio agravado por abusar de su función o cargo siendo miembro integrante de una fuerza policial”. Quizás les lleve 25 años salir de la cárcel, porque la pena para ese delito es prisión perpetua. Según el juez federal de Morón, Juan Pablo Salas, los efectivos “ingresaron violentamente y no se identificaron como policías, provocando la reacción del imputado, a pesar de que éste solicitara que se identificaran como policías, y abusando de su función, dieron muerte” al Lauchón. Para la Justicia, y quizás solo para ella, el Lauchón Viale “no estaba directamente vinculado con actividades de narcotráfico, sino que fue ligado a la investigación por la ocupación de inmuebles libres o herencias vacantes y su posterior regularización documental”.

¿Por qué la Bonaerense reventóal amigo del hombre más poderoso de la ex SIDE? Viale intervenía en temas de narcotráfico para el organismo, formó parte del equipo que trabajó durante los secuestros extorsivos en territorio bonaerense y mantenía vínculos cercanos con la red de prostíbulos que regula un sector de la Secretaría de Inteligencia a través de su colega Raúl Martins. Sin embargo, nadie se anima a ofrecer una explicación certera sobre el crimen. Quizás lo averigüe algún día el juez Salas, pero el caso fue la primera de las dos muertes que atraviesan al mundo del espionaje criollo en los últimos años. La segunda sucedió este verano, en Puerto Madero, cuando el fiscal especial del caso AMIA, Natalio Alberto Nisman, apareció muerto en el baño de su casa con un disparo en la sien. Stiusso, el amigo del Lauchón y principal asesor de inteligencia de Nisman por decisión de Néstor Kirchner, ya no era el mismo: había sido desplazado a fines del año pasado como parte del descabezamiento del organismo que dispuso Cristina Fernández de Kirchner.

El 2015 será recordado por la sorpresiva muerte de Nisman y por el final del segundo mandato constitucional de Cristina. Una crisis inesperada, a partir de una “muerte dudosa” hasta ahora irresuelta, ocurrida a diez meses del final de un gobierno que ya lleva ocho años en el poder. Dos hechos que parecen ajenos pero que están unidos por el brutal regreso de todas las intrigas que rodean a la investigación del atentado contra la AMIA, 21 años después de la bomba que mató a 85 personas.

El ataque es uno de los enigmas más profundos de la historia argentina reciente, básicamente porque luego de dos décadas de investigaciones no hay un sólo sospechoso preso. La causa ha estado, desde sus comienzos, atravesada por la manipulación del secreto, el papel opaco del Estado y la particular transversalidad del espionaje criollo sobre las distintas esferas de la vida pública argentina, donde la política se entrecruza con el gris que tiñe al fuero federal, uno de los poderes estatales que, discretamente o no, se encuentra virtualmente intervenido por el tráfico del información reservada a través de la SI, el organismo de espionaje dependiente de la Presidencia que, en la letra de la ley, debería funcionar como auxiliar de la Justicia.

Pero el auxilio técnico basado en el tráfico de información y en la intercepción de comunicaciones telefónicas aparece, más que como un mecanismo de ayuda, como una indescifrable dependencia del poder judicial respecto de los servicios de inteligencia, lo que le ha proporcionado a la estructura del espionaje una fuerte autonomía. En esa filigrana de lo oculto entre funcionarios y magistrados, el Congreso de la Nación cuenta con herramientas institucionales para controlar esa relación, pero no las utiliza. La Comisión Bicameral de Seguimiento, controlada por radicales o peronistas, jamás ha intentado traspasar los límites de la histórica autonomía de los aparatos de inteligencia (ver recuadro).

Detrás de esa relación quizás aparezca la verdadera naturaleza del Estado, a partir de una definición bastante diferente a la concepción clásica. En el mundo de los espías, el Estado no ejerce el monopolio de la violencia legítima sino que funciona como un oligopolio, de preponderancia gubernamental pero asistido por una serie de organismos de fuerzas de seguridad diversas y un grupo de empresas privadas. Todos ellos integran un mercado de información reservada en el que sus principales consumidores, públicos y privados, hacen lo imposible para que nadie acceda a este transfondo. Es el “lado B” de la política, donde el secreto aparece como una herramienta más cercana a la extorsión que a la anticipación de los hechos o a la obtención de información para evitar delitos.

Pistas

Ese statu quo del secreto, consolidado a lo largo de los diferentes gobiernos, parece haber entrado en una crisis de consecuencias imprevisibles con la muerte de Nisman, un conspicuo integrante de esa red y un vaso comunicante del complejo sistema que cruza al Poder Judicial y al Ejecutivo por intermedio de la ex SIDE.

Aunque ha habido todo tipo de incidentes, los dos hitos de este sistema son las investigaciones de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, ahogadas en la pérdida de pruebas, el armado de testimonios falsos y la ausencia de hipótesis certeras. La interpretación sobre ambos ataques siempre evolucionó bajo la supervisión de esa red autónoma de contornos variables tutelada por sus dos hermanos: los servicios de inteligencia israelíes y estadounidenses.

En rigor, la justicia nunca pudo confirmar en forma definitiva si el atentado contra la sede de la AMIA se produjo a partir de una o varias explosiones, si los explosivos estallaron frente al edificio de la calle Pasteur a bordo de una camioneta Traffic situada en la entrada, o si estaban depositados en un volquete. La investigación incluyó la desaparición de pruebas clave, como 45 casetes de escuchas telefónicas, y tuvo, desde el comienzo, dos pistas principales: una, conocida como la pista iraní, que adjudicó la autoría a la organización integrista islámica Hezbollah, presuntamente apoyada por el gobierno de Irán. Otra, que indaga la pista local, también llamada pista siria, apunta a los vínculos entre el ex presidente Carlos Menem y el traficante de armas Monzer Al Kassar, que recibió pasaporte argentino durante su presidencia.

Hace dos años, esos enigmas revivieron a contrapelo de los deseos de los principales protagonistas del espionaje criollo que intervenía en el caso. Fue a partir del Memorándum de Entendimiento firmado entre Argentina e Irán con el objetivo de que los acusados declaren en Teherán. El acuerdo, promovido por Cristina Kirchner y aprobado por el Congreso, se transformó en el disparador de una feroz interna dentro de la vieja catacumba de 25 de Mayo y tuvo como protagonistas a dos espías que habían cruzado sus pasos con legisladores y políticos durante el trabajo de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Investigación de los Atentados.

Esta Comisión comenzó a funcionar en julio del 95 y concluyó su trabajo en 2001, poco antes de que Miguel Angel Toma asumiera el mando del organismo de inteligencia bajo el gobierno interino de Eduardo Duhalde y publicara una versión oficial de las investigaciones cuidadosamente supervisada desde Washington. En aquel momento, la Comisión contó con la asistencia del ingeniero Stiusso y de Fernando Pocino, otro agente secreto que aparecía bajo la nómina de empleados del diputado radical por Río Negro Mario Negri. Ambos reportaron a la Comisión Bicameral y tuvieron contacto con todos sus integrantes, incluyendo a Cristina, entonces senadora por Santa Cruz, que participó activamente de las discusiones y firmó un dictamen crítico en minoría.

Cuando, en diciembre de 2007, Cristina asumió la Presidencia, Stiusso y Pocino eran dos viejos conocidos ya que antes, durante los años iniciales del kirchnerismo, Néstor Kirchner había estrechado la relación política con la SI. Las carpetas secretas del organismo fueron la materia central de una negociación que permitió ir desclasificando lentamente una serie de leyes y documentos que, entre otras cosas, ayudaron a echar luz sobre los agentes que trabajaron en esa estructura durante la dictadura. Del 83 en adelante, sin embargo, sigue siendo muy poco lo que se sabe. En el medio de esa restauración de relaciones políticas posterior a la renuncia de De la Rúa y a la promulgación de la Ley de Inteligencia Nacional, el propio Kirchner designó al fiscal Nisman y lo puso a trabajar junto con Stiusso.

“Las sospechas que siempre hubo eran que desde lo más alto del poder no se fomentaba la dilucidación del caso. La causa AMIA era un teatro de operaciones orquestado por los organismos de seguridad e inteligencia y por intereses políticos. Había muchos intereses cruzados para desviar la investigación y plantar pistas falsas”, dijo Cristina Kirchner en 2012 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El deseo de indagar sobre la pista siria y de echar luz sobre los puntos que esos organismos habían querido ignorar, o encubrir, alteró el equilibrio inestable de la interna de los espías, en un duelo donde Stiusso habría quedado enfrentado con Pocino y, por su intermedio, con el por entonces jefe de la inteligencia militar, César Milani. El Memorándum firmado con Irán por el caso AMIA conmovió a los nombres blindados del espionaje. Se desató un duelo secreto, donde entraron en pugna, como siempre, los distintos sectores activos de los servicios. En noviembre, Cristina anunció el descabezamiento de la cúpula de la SI y el retiro de Stiusso.

Secretos

Las estructuras del espionaje están integradas por capas geológicas de espías designados por los diferentes gobiernos. A los que sobrevivieron a la dictadura se sumaron, desde el 83, los alfonsinistas, muchos de ellos jóvenes estudiantes universitarios nombrados por Enrique “Coti” Nosiglia, en ese entonces ministro del Interior, y los primeros tres jefes radicales del organismo, Roberto Peña, Héctor Rossi y Facundo Suárez. Siguió luego, durante el menemismo, Juan Bautista “Tata” Yofre, sindicado como el mejor vendedor de los archivos secretos del Batallón 601 y actualmente camino a juicio oral por traficar con secretos como jefe de una asociación ilícita. Según la Justicia, contó con la complicidad y el encubrimiento de los periodistas Carlos Pagni, Roberto García, el empresario santiagueño de medios Néstor Ick, el general Daniel Reimundes, y los dueños de los sitios Seprin y Urgente 24, Héctor Alderete y Edgard Mainhard.

Hugo Anzorreguy, que lo sucedió al frente de la SIDE, transitó la era caliente de los encubrimientos de los dos atentados. De la Rúa, por su parte, designó al banquero Fernando De Santibañes junto al abogado Darío Richarte. Ambos promovieron una purga de agentes que no hizo otra cosa que dotar de nuevos efectivos al sector privado del oligopolio del secreto. Richarte, último “Señor 8” radical, nunca dejó su profesión de abogado, ni sus lazos con el Coti, ni sus vínculos con la Justicia. Desde marzo de 2014 es el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires como expresión de ese panradicalismo que cerró filas con el oficialismo. A pesar de los vaivenes, dicen en su entorno, nunca habría perdido los contactos con Stiusso.

Pero nada es lineal y tampoco se trata de la única puja que Stiusso libró con el kirchnerismo. La primera estalló el 25 de julio de 2004, en el programa Hora Clave de Mariano Grondona, que ese día había invitado a Gustavo Béliz, recientemente desplazado del cargo de primer ministro del Interior de Kirchner. Béliz protagonizó la definición pública más dura sobre un agente cuyo nombre, de acuerdo a la ley de inteligencia, nunca tendría que haber sido revelado. “Me echaron por nombrar la palabra maldita de la política argentina: SIDE. Es la palabra maldita porque en ese ámbito se ocultan las cajas más negras y los manejos más sucios. La maneja un hombre al que todo el mundo le tiene miedo y es bueno que todos conozcan su cara”, gritó Béliz y mostró el rostro de Stiusso. “La SIDE le ha hecho cometer al presidente papelones internacionales, como la causa AMIA. Constituye un Estado paralelo, una policía secreta sin ningún tipo de control: la maneja un señor al que todo el mundo le tiene miedo porque dicen que es peligroso y te puede mandar a matar. Ese hombre participó de todos los gobiernos y se llama Jaime Stiusso”. La denuncia quedó en el olvido, Béliz dejó el país y se refugió en Estados Unidos

Stiusso, hoy jubilado, había ingresado a la SIDE en 1972. Tiene 62 años de edad, dos más que el Lauchón. Su rol durante todos estos años sigue escondido en el secreto, aunque una de sus mayores virtudes para la inmanente autonomía del espionaje en democracia se explica por su capacidad de controlar el tráfico de escuchas, legales e ilegales, realizadas a través de la Dirección de Observaciones Judiciales, mejor conocida como “Ojota”, ubicada en Belgrano R.

¿Hasta dónde llega esta práctica? La magnitud de las pinchaduras telefónicas jamás se habría conocido sin el escándalo posterior a la creación de la Policía Metropolitana. Inaugurada en 2008, fue diseñada y comandada en sus dos primeros años por un destacado comisario de la vieja Coordinación Federal: Jorge “El Fino” Palacios, el ex jefe de espías de la Policía Federal que tuvo una activa intervención en el caso AMIA desde la jefatura de Delitos Complejos y que diseñó la Policía Metropolitana tras abandonar su cargo en la División Unidad de Investigaciones Antiterroristas (DUIA) de la Federal, un lugar de máxima confianza para los delegados del FBI en Buenos Aires. El Palacios de Macri ya no era el viejo comisario duro que sobrevivió a la desaparición de 45 casetes en la causa AMIA y a una denuncia de encubrimiento. Se había convertido en un empresario del espionaje y un viejo proveedor de intercepciones telefónicas para la histórica (y también desconocida) demanda privada de escuchas personales del llamado “espionaje industrial” que costean empresarios y políticos. Un negocio siempre al margen de la Ley de Inteligencia Nacional pero bien protegido gracias a la vista gorda de la Ojota.

Palacios, que se había ganado la confianza de Macri luego de trabajar en la investigación de su secuestro por parte de la “banda de los comisarios”, diseñó la Metropolitana con la concepción de un ex jefe de espías de la Federal. Se sospecha que garantizó el ingreso de 30 agentes clave de la Federal, que cuenta con un Cuerpo de Informaciones institucionalizado por el decreto-ley 9.021, y otro de Auxiliares de Investigaciones, que funciona desde 1970. Ambos cuerpos funcionan con un estatuto especial que les posibilita mantener dos empleos: la función encubierta y un segundo desempeño en cualquier repartición estatal. Un doble salario sin control alguno, donde el único mando queda en manos de los comisarios azules afectados a las tareas de inteligencia.

Uno de esos agentes con estatuto especial fue Gerardo Ciro James, dedicado al fisgoneo telefónico interior en un esquema comandado por Palacios para intervenir conversaciones a partir de órdenes judiciales firmadas en Misiones. Entre los espiados había familiares de víctimas del atentado contra AMIA. Los otros 29 agentes nunca fueron descubiertos y siguen en funciones bajo la estructura de mandos que Palacios sembró en la Metro, bajo la conducción del ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, ex juez federal y ex instructor de rugby del Liceo Naval en los mismos años en que jugaba Ciro James. Su amigo y protector, el Fino Palacios, fue desplazado luego del allanamiento en la Strategic Security Consultancy, una de las empresas que armó para atender la pujante demanda privada de intervenciones secretas y seguimientos de la vida privada de competidores, adversarios y familiares. Una oferta que también proveen los grandes del fisgoneo corporativo, como Kroll, Stratfor y The Ackerman Group, tres multinacionales del espionaje con sucursal en Buenos Aires y gerenciamiento de ex agentes de la CIA y el FBI.

Se trata de un negocio iniciado en los 60 y 70, con la creación de empresas como SIDIP y Magister, dos cuevas de seguridad privada que controlaba el Batallón 601 y que le sirvieron a la patota de Aníbal Gordon y Eduardo Alfredo Ruffo para secuestrar y torturar antes de su institucionalización en el campo clandestino Automotores Orletti. Cuando la inteligencia militar había logrado desarrollar esas tapaderas criminales, la SIDE estaba bajo el mando del Ministerio de Defensa, tenía a su cargo la conducción del Operativo Independencia en Tucumán y estaba en manos del general de brigada Carlos Alberto Martínez. Por entonces el joven Stiusso ya llevaba al menos cuatro años de servicio.

En Argentina, la oferta privada de inteligencia es provista por espías retirados y exonerados pero también por ex agentes de la CIA. Cuatro ejemplos de esa presencia en el país son Frank Anderson, David Manners, James Smith y John Allen, ex integrantes del organismo norteamericano que instalaron la empresa Universal Control en Buenos Aires, junto al ex líder montonero Rodolfo Galimberti, para ofrecer protección e inteligencia a privados.

Aunque todo esto salió a la luz durante el menemismo gracias al costado farandulero de Galimberti, nada se pareció tanto al fin del secreto como el episodio que vivió en 2001 Ross Newland, nada menos que el jefe de la Estación de la CIA en Argentina, cuyo rostro fue revelado por el periodista Miguel Bonasso en Página/12. Un incidente que, según se publicó, nunca había sufrido la agencia en otra parte del mundo, y que desató una crisis diplomática acompañada por una peregrinación de funcionarios argentinos pidiendo disculpas. Años después, algunos interpretarían la revelación del rostro de Stiusso a manos de Béliz como una devolución del escrache contra Newland. Los vengadores del jefe de la CIA en Buenos Aires le habrían provisto a Béliz la foto de su adversario, la misma que blandió ante las cámaras para abrir un conflicto que Kirchner no quiso profundizar, un rumbo que su esposa dejó de sostener.


La autonomía blindada

La Ley 25.520, que intentó reordenar, antes del fin del gobierno de Fernando de la Rúa, al sistema de inteligencia, también creó la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento, que, según el artículo 37, ejerce el control de los gastos reservados, quizás el agujero más grande del oligopolio del secreto. Pero el organismo que depende del Congreso Nacional nunca logró realizar un control efectivo.

En los últimos años se registraron casos específicos de espionaje interior, totalmente ilegal, como el descubrimiento en 2013 del mayor de inteligencia de la Policía Federal Américo Balbuena, que infiltró a la Agencia Rodolfo Walsh y fue detenido por otras fuerzas de seguridad. En un país donde todavía sigue desaparecido el testigo clave y sobreviviente de la dictadura Jorge Julio López, tampoco nadie ha indagado sobre la enorme osamenta del aparato de inteligencia de la Bonaerense, ni siquiera tras la detención de diez agentes por el crimen de “El Lauchón”. El archivo que administra la Comisión Provincial de la Memoria puede revelar parte de la monstruosidad de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Buenos Aires que, al igual que los demás organismos, sigue operando lejos del control civil.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC)publicó una investigación que confirma este descontrol y la letalidad que implica para la democracia la ausencia de límites claros de los servicios secretos en el marco del presidencialismo argentino. Entre sus puntos principales el documento señala que “la actividad de inteligencia goza de inaceptables grados de autonomía que implican un riesgo para los derechos de los ciudadanos y las instituciones democráticas” y recuerda que “desde 1983 los gobiernos democráticos no han sabido o querido establecer controles efectivos, por lo que los servicios de inteligencia se convirtieron en una parte esencial del poder presidencial en Argentina. Ese poder se ejerce en muchas ocasiones de una manera que viola los derechos de los ciudadanos, en especial el derecho a la privacidad y a la libertad de asociación y expresión”.

Respecto a la Comisión Bicameral, el informe confirma que “no funciona” y “debe ser objeto de una revisión profunda y una reforma integral”, porque “las actividades de inteligencia en Argentina están amparadas por un grado de secretismo excesivo, que alcanza incluso a las autoridades encargadas de controlar que no se cometan delitos o se violen los derechos ciudadanos”. Pero la clave es el espionaje político interno. Para la ADC, es “una de las principales actividades de inteligencia en Argentina a pesar de que se encuentra expresamente prohibido por una ley del Congreso. Eso es consecuencia de la falta de controles parlamentarios y judiciales eficientes”.

La mayor herramienta de estas prácticas son las escuchas. “Hay indicios –dice el informe– de que ello ocurre con la colaboración de las empresas prestatarias de servicios de telecomunicaciones. Esta capacidad se extendería a los datos que circulan en Internet”. Y advierte que “ninguno de los escándalos producidos en los últimos años generó cambios significativos en el control de las actividades de inteligencia”.

C.M.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur


Durante el primer gobierno de perón

El origen del espionaje

Aunque los antecedentes datan del antiguo Servicio Secreto Militar, que luego mutó en el Batallón 601, y los aparatos de control de fronteras, que desde la década del 30 controla la Gendarmería Nacional, el verdadero comienzo de los servicios secretos argentinos se sitúa entre la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, cuando Juan Domingo Perón se encargó de aplicar los nuevos conceptos de defensa en el contexto de la competencia bipolar y la llegada de los prófugos de la Alemania nazi. El conocimiento alemán fue vital para el desarrollo de la primera estructura de espionaje que dependió directamente de la Presidencia. Una creación de Perón, que antes de convertirse en presidente había cumplido funciones como espía militar en Chile.

Se trataba de la Coordinación de Informaciones de la Presidencia (CIPE), diseñada con la asistencia del agente nazi Rodolfo Ludovico Freude. Más tarde fue rebautizada como Coordinación de Informaciones del Estado (CIDE), una sigla que tomó la Revolución Libertadora y se mantuvo, con las intermitencias civiles y la proscripción al peronismo, hasta 1966, cuando Juan Carlos Onganía la rebautizó como Secretaría (SIDE), la sigla que la identificó hasta la sanción de la nueva Ley de Inteligencia Nacional aprobada por el Congreso el 27 de noviembre de 2001 y promulgada tres semanas antes de la renuncia de Fernando de la Rúa, mientras esa estructura autónoma coordinaba la represión junto a la Policía Federal.

La Policía Federal es justamente la otra pieza clave en el tramado de oficinas secretas, agentes con estatuto especial y tareas más vinculadas al espionaje interno que a otra cosa. Su génesis también estuvo en manos de Perón, que tomó a la vieja Policía de la Capital Federal y la refundó en una estructura inspirada, en teoría, en el FBI de J. Edgar Hoover. Hasta hoy, la Federal combina el control de la ciudad con su presencia en todas las capitales provinciales. Entre los 40 y los 50 fue la estructura policial más utilizada por Perón y el instrumento para monitorear los movimientos militares que el 16 de junio de 1955 terminaron con el bombardeo a la Plaza de Mayo.

En esos años de radios de onda corta, la intercepción secreta de las comunicaciones ya era una de las tareas principales del espionaje interno. En 1955, antes de ser derrocado, Perón se valió del sistema KEES para conocer de antemano, gracias a las escuchas de la Red Radioelétrica de la Policía Federal, qué guarniciones militares estaban a un paso de sublevarse. Su existencia fue revelada por el periodista Rodolfo Walsh en 1967, para contar cómo funcionaba el sistema de pinchaduras por radio. El mismo método que el 25 de mayo de 1973 utilizaría el propio Walsh, convertido en jefe de inteligencia de Montoneros, para anticipar cómo iba a funcionar el dispositivo represivo montado por la Policía Federal para la asunción de Héctor J. Cámpora. Todavía faltaba mucho hasta llegar al increíble anticipo del golpe del 76.

Así fue evolucionando la enigmática relación del poder civil con sus catacumbas secretas, integradas actualmente por la Secretaría de Inteligencia (SI), ex SIDE, como cabeza de un sistema compuesto por una decena de organismos que van desde la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad, las tres oficinas de espionaje de las fuerzas armadas, y las áreas de inteligencia de las fuerzas de seguridad federales: Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y de Seguridad Aeroportuaria. Se trata de áreas que históricamente proveyeron herramientas de espionaje político a los ministros del Interior, un cargo que alguna vez ocupó el general Albano Harguindeguy y que, desde la recuperación democrática, contó con jefes célebres como José Luis Manzano y Enrique “Coti” Nosiglia, hoy convertidos en prósperos empresarios.

C.M.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

* Periodista.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

Fuente: eldiplo.org

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