Los grupos de tareas de la dictadura secuestraron a más de 140 empresarios.

Por primera vez salen a la luz detalles del accionar común entre los funcionarios del Ministerio de Economía, el Banco Central y la CNV y la represión durante los años de plomo. Once hombres de negocios permanecen desaparecidos.

Por:
Leandro Renou

A 30 años del regreso de la democracia, la Comisión Nacional de Valores (CNV) compiló en dos tomos una historia hasta ahora poco conocida: cómo la cúpula económica de la dictadura cívico-militar secuestró, desapoderó y llevó a desaparecer a empresarios y financistas no alineados al régimen. La investigación, llevada a cabo por la Oficina de Derechos Humanos del organismo, recoge documentos, fotografías, entrevistas, actas de directorio y causas judiciales que dejan en evidencia que el ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, y luego sus sucesores, coordinaron una serie de escuadrones represivos que secuestraron a 143 hombres de negocios en el período 1976-1983, once de los cuales aún permanecen desaparecidos.

En el escenario de aquel entonces, tanto la CNV como el Banco Central (BCRA) actuaban como agentes de información e inteligencia, proveyendo los datos de los empresarios apuntados a los grupos de tareas y participando en interrogatorios y sesiones de tortura. "Hubo un plan económico que fue el marco que englobó al resto de las acciones, pero también hubo colaboración de empresarios privados", explicó a Tiempo Argentino Celeste Perosino, una de las investigadoras de la CNV que trabajó en el informe.

La referencia tiene que ver con la idea rectora de "Joe", que más allá de los ajustes iniciales de su gestión, ya en 1977 aplicó "un cambio estructural orientado a transformar radicalmente la economía del país en beneficio de sectores concentrados, con base transnacional financiera", según caracterizó la CNV.

A estos fines, la gestión de Martínez de Hoz procedió a cortar con las influencias de empresarios nacionales de peso, algunos de los cuales habían actuado además como fuentes de financiamiento de agrupaciones políticas como Montoneros. Casos conocidos como el de la familia Graiver, recordado por la sustracción a sangre y fuego de Papel Prensa, luego entregado a Clarín y La Nación, o como el de Iaccarino, de la Industria Láctea Santiagueña, son sólo botones de muestra del resultado de una práctica extendida en aquellos años.

Como se ve en la infografía, otros de los perseguidos fueron Equinoquímica SA, Cambio América, Banco de Hurlingham, Casa de Cambio Brasilia, Finsur SA, e Industrias Siderúrgicas Grassi. Para justificar los procedimientos, los organismos oficiales reportaban irregularidades en esas firmas, la mayoría de las cuales eran ciertas.

El período de "cacería" de empresarios por parte de la Policía Bancaria empezó formalmente en 1979, año en el que tanto el BCRA como la CNV empezaron a tener como directores a representantes de las tres Fuerzas Armadas. A la cabeza de esas entidades estaban Christian Zimmerman y Juan Etchebarne, este último detenido en abril de este año por delitos económicos vinculados a violaciones a los Derechos Humanos. "El objetivo era desaparecer la burguesía nacional. Si bien la represión a civiles era conocida, a los empresarios y al sector financiero se los reprimía con apropiación de bienes", detalló Alejandro Vanoli, presidente de la CNV y descubridor de la pista central que derivó en los dos tomos  del libro, que tendrá una segunda parte en 2014.

Investigando los archivos para el informe "Papel Prensa - La Verdad", que el gobierno dio a conocer en 2010, Vanoli encaró el estudio de otros procesos de apropiación. Intentando recuperar de oscuros y húmedos depósitos el material que se salvo de la destrucción provocada adrede por los militares para eliminar las pruebas, se topó con un acta secreta del Comando en Jefe del Ejecutivo en la que se le pedía a la CNV que proporcionara peritos contables y abogados a fin de que colaborasen en los interrogatorios a secuestrados en Campo de Mayo.

Fue el inicio de los grupos de tareas "económicos". "Hay que imaginarse, aunque suene cruel y duro, que los carniceros que torturaban no podían hacer interrogatorios técnicos para saber de las actividades de empresarios, o saber bien dónde estaba tal o cual", detalló Vanoli, y agregó que "para esto armaban equipos técnicos, de hecho, el propio Etchebarne participó de interrogatorios a empresarios. Hacían inteligencia".

El Batallón 601, servicio especial de inteligencia del Ejército, estaba a cargo de la mayoría de los operativos y Guillermo Suárez Mason –el “Carnicero del Olimpo”, por su tarea en el centro de detención–, que era quien impartía las órdenes a sus súbditos del 

Primer Cuerpo del Ejército. Distintas circulares compiladas en los dos tomos muestran a Suárez Mason requiriendo a la CNV ayuda técnica para los interrogatorios. En ese entonces, el organismo funcionaba en el edificio del Ministerio de Economía. Y la colaboración de sus participantes fue casi total. Hoy, en las oficinas de la CNV en el microcentro, subsiste una plaqueta en memoria de uno de los empleados que resistió y fue desaparecido: Carlos Cortiñas, hijo de Nora Cortiñas, referente de las Madres de Plaza de Mayo.

"La mayoría pasó toda la dictadura preso, y fueron liberados en el '83. Buena parte de los familiares están haciendo denuncias y reclamos", detalló Perosino, la investigadora de la CNV.

Ninguna de las empresas que están mencionadas en las investigaciones de la CNV sigue en actividad. ¿Dónde quedaron los bienes? "En un principio, se los quedó el Estado, pero los represores y delincuentes también los compartieron con firmas alineadas con ellos. Y el resto –si lo hubo– se fue vendiendo. Por caso, se enajenaron aviones sustraídos a empresarios. Otro ejemplo: los campos de golf que pertenecieron a Iaccarino ahora están siendo loteados para que allí se construyan barrios cerrados privados", concluyó Perosino. «

Acindar, la beneficiada

El desprecio de la cúpula militar por las empresas nacionales tuvo una excepción: Acindar. En la acería, el propio Martínez de Hoz llegó a ser primero síndico y luego presidente. “En el caso de Acindar, su fundador propuso como objetivo lograr una planta integral de productos terminados a partir del mineral de hierro, pero su fallecimiento en 1968 le impidió ver realizada esta meta”, apunta el trabajo de la CNV. Y agrega que la misma “fue desarrollada por sus herederos, que dejaron el mando presidencial en manos de Martínez de Hoz. Con su accionar, la empresa consiguió seguir obteniendo beneficios estatales tales como exenciones de obligaciones fiscales y, además, lograr el aval del Tesoro para determinadas operaciones crediticias”.

La firma se transformó, además, en un modelo de represión sindical. Es histórica la contienda obrera que se dio en 1975 bajo el nombre de “Villazo” (por la fábrica situada en Villa Constitución, provincia de Santa Fe). La movida terminó con un operativo represivo que movilizó a más de 4000 efectivos, generando más de 300 detenidos y algunos dirigentes de la UOM secuestrados y desaparecidos. Esta represión fue el puntapié inicial al modelo que luego aplicaría en todas las fábricas del país la dictadura de Videla, Massera y Agosti.

En 2014

Más revelaciones

La investigación desarrollada por la CNV tendrá continuidad el año que viene.

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