El caso Grassi-Chavanne. La apropiación del Banco de Hurlingham.

Año 6. Edición número 288. Domingo 24 de Noviembre de 2013

Por

Mariano Jasovich. Periodista

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Campo de mayo. El centro clandestino de detención elegido para perpetrar el despojo de las empresas del grupo Chavanne.

La dictadura lo llamó “guerra contra la subversión económica” y presentó como operaciones comerciales los traspasos de empresas realizados bajo torturas en centros clandestinos de detención. Miradas al Sur accedió a la causa iniciada por el saqueo del Banco Hurlingham e Industrias Siderúrgicas Grassi. El relato de los tormentos y la participación de funcionarios del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores.

Era un día normal para Juan Grassi, dueño de Industrias Siderúrgicas Grassi junto a su hermano Luis. Compartían una reunión social en la Bolsa de Comercio en plena dictadura. Había empresarios amigos de los militares y altos miembros del gobierno. Corrían el champagne francés y los canapés de caviar. En medio de la reunión, Juan se encontró con el ex titular de Acindar y poderoso ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. El funcionario mostró su interés por adquirir, en nombre de la siderúrgica que había comandado, la empresa de los Grassi. Ante la firme negativa de los hermanos, el titular de Economía disparó una respuesta lacónica, casi una sentencia: “Me la vendés o te la saco”.
La frase resultó premonitoria para lo que luego vivieron los hermanos Grassi, el directorio de su empresa y el del Banco Hurlingham: fueron secuestrados, detenidos ilegalmente y torturados por efectivos militares miembros del Batallón 601, con la colaboración directa del titular de la Comisión Nacional de Valores, Juan Etchebarne, y técnicos del Banco Central de la República Argentina.
La oportunidad esperada por Martínez de Hoz para concretar su amenaza llegaría en el momento en que la Siderúrgica Grassi se asoció con el Grupo Chavanne en la compra del Banco Hurlingham a la familia Graiver, en diciembre de 1976, luego de la muerte de David al estrellarse en México el avión ejecutivo en que viajaba.
El Banco Hurlingham estaba en la mira de los militares, que acusaban a David Graiver de ser el banquero de los Montoneros y suponían que podían quedarse con los 17 millones de dólares que eran parte del rescate de 60 millones que los hermanos Born, secuestrados por los Montoneros en 1974, habían pagado por su libertad.
Los militares y el propio Martínez de Hoz en representación de Acindar vieron la oportunidad de asestar un doble golpe para quedarse con la empresa siderúrgica de los Grassi y la entidad financiera en un solo “operativo”.

Operación saqueo. Treinta días después de que Grassi comprara el Banco Hurlingham en 10 millones de dólares en sociedad con el Grupo Chavanne, llegó una denuncia anónima (metodología habitual usada por los militares para abordar a un grupo económico) a la Comisión Nacional de Valores, objetando la compra del paquete accionario de la entidad por parte de la siderúrgica.
Con esa denuncia como base probatoria, la institución financiera fue intervenida por el Banco Central y el general Alfredo Casino fue nombrado a cargo del directorio. Por desconocimiento e inexperiencia, el militar ubica al propio Marcelo Chavanne como uno de sus asesores, pese a que estaba sindicado como “delincuente subversivo económico”.
El Banco se transformó en un campo de batalla de la interna militar en su afanosa búsqueda del dinero montonero. Pese a que la lupa del Banco Central y la Justicia examinó minuciosamente las cuentas de la entidad, nunca pudieron encontrar nada que la relacionara con el dinero montonero. El único, débil, hilo que supuestamente probaba la vinculación, era la declaración de un informante en el propio banco que sindicaba al gerente de la sucursal de Once,Víctor Barrionuevo, como perteneciente a la organización Montoneros. La ofensiva sobre la “subversión económica” derivó en el secuestro y detención ilegal en Campo de Mayo de los directivos Enrique García Mansilla, Jaime Madero, Alejandro Pinedo e Isidoro Carabassa.
La maniobra de la dictadura para saquear el banco y la siderúrgica se concretó a través de un trabajo de pinzas entre la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central. El entonces presidente de la CNV, Juan Etchebarne, actualmente procesado por la Justicia por crímenes de lesa humanidad, presenciaba los interrogatorios bajo tortura a los detenidos mientras desde el Banco Central se fraguaban informes sobre la entidad que permitían el acoso judicial sobre el banco.
La CNV formalizó la denuncia por supuestas irregularidades en el Banco Hurlingham y la Siderúrgica Grassi, y a partir de allí el juez federal Rafael Sarmiento inició un proceso en el que se acusaba a los empresarios de “subversión económica” en el marco del articulado de la Ley 20.840.
Estas actuaciones judiciales no eran más que una forma de obtener tiempo para que, por otro lado, se obtuvieran las respuestas y se consiguiera la venta de las empresas de las víctimas “ablandadas” bajo tortura.
La Justicia de la dictadura decretó finalmente la quiebra de la entidad, pese a que posteriormente fue demostrado en los Tribunales que los balances no ameritaban una decisión de ese calibre, que no sólo desapoderó a la institución de sus propietarios sino que dejó sin crédito a una veintena de empresas de la zona que se beneficiaban con las lineas crediticas del banco, como fue el caso de Jabón Federal y otras empresas de las ramas autopartistas, textil y papelera.

Secuestro y tortura. En los primeros días de septiembre de 1978, comandos del Ejército secuestraron a los hermanos Grassi, a empleados de su siderúrgica, junto a Juan Chavanne y su esposa Sara Duggan. Marcelo Chavanne fue secuestrado un mes después. La patota militar estaba bajo las órdenes del coronel Roberto Roualdes, jefe del Comando Subzona Capital Federal, en dependencia directa del comandante del Cuerpo I, Guillermo Suárez Mason, que ordenó el procedimiento del Grupo de Tareas “a instancias de la presidencia de la CNV”, según consta en las actuaciones judiciales obrantes en la causa por delitos de lesa humanidad en Campo de Mayo.
El “equipo de trabajo” de Roualdes incluía a los actualmente procesados coronel Obdulio D’Alessandri –el jefe del grupo–, el comandante de Gendarmería Víctor Rei y el agente civil de Inteligencia Raúl Guglielminetti. Inmediatamente, quedó en claro que las “habilidades” de la patota en los interrogatorios no bastaban para lograr información valiosa de los secuestrados, por lo que Roualdes solicitó –y obtuvo– ayuda especializada a la Comisión Nacional de Valores y al Banco Central. La colaboración de ambos organismos se materializó en el envío en comisión de un grupo de abogados y contadores que analizaban las declaraciones obtenidas bajo tortura y sugerían a los interrogadores militares líneas investigativas. Los peritos de la CNV, comandados por Etchebarne –cuya voz fue escuchada repetidas veces por Marcelo Chavanne y Juan Grassi durante las sesiones de tortura– fueron Eduardo Spinosa, Carlos Berini, Antonio Pérez Araujo y Horacio Muñoz, mientras que los especialistas designados por el Banco Central fueron Luis Zórzoli, Roberto Campos, Juan Bustelo y Roberto Rodríguez.
Todos los cautivos fueron sometidos al trato usual en los centros clandestinos de detención: interminables sesiones de torturas, golpes, trato humillante, condiciones degradantes de detención, mala alimentación y –al menos en un caso– el intento de violación de una mujer embarazada. Además de la maniobra “legal” a través de la CNV y la justicia federal cómplice, el desapoderamiento de los bienes de los Grassi y los Chavanne incluyó procedimientos menos formales, como el sufrido por Juan Chavanne que un buen día –previo baño y afeitada– fue trasladado desde Campo de Mayo a una oficina en la calle Corrientes al 4000 de la Capital Federal donde se lo obligó a firmar un boleto de compra-venta por el que concretó la “venta” de una de sus propiedades. Luego de la forzada operación inmobiliaria fue reintegrado a la estrecha celda de Campo de Mayo.
Los secuestros y posterior encarcelamiento en Devoto de los empresarios protagonistas involuntarios de esta odisea demuestra que la dictadura aplicó su plan criminal no sólo con objetivos estratégicos, sino también a objetivos económicos inmediatos. Así, se mezclaron los enfrentamientos fraguados para ocultar desapariciones con las causas fraguadas en la Justicia para desapoderar de sus empresas a los empresarios detenidos. Los casos del Banco Hurlingham y la siderúrgica Grassi se enmarcan dentro del terrorismo de Estado económico y son actualmente juzgados por la Justicia como un crimen de lesa humanidad. En las actuaciones del juzgado federal a cargo del juez Daniel Rafecas se devela una trama de internas militares resueltas a sangre y fuego, que tenían como objetivo principal el robo de empresas de capital nacional.

Pruebas
La letra del torturado

En el expediente judicial que investiga el caso Grassi-Banco de Hurlingham está la prueba fehaciente de la tortura: la declaración escrita de René Grassi y otros cautivos realizada en momentos en que el empresario siderúrgico estaba desaparecido en Campo de Mayo.
En los documentos judiciales se pueden ver esos textos firmados y escritos a oscuras. Se vislumbra una letra nerviosa, con temblores, con marcas indelebles del momento que vivía Grassi en cautiverio. Allí le pedía perdón a sus captores y rogaba que le preguntaran cualquier cosa que le permitiera terminar con la situación y recuperar la libertad.
En un texto que habla a las claras de la presión insoportable de la prisión y la tortura, René Grassi pide repetidamente perdón en una letra pequeña, reconociendo que “el Sr. Coronel es dueño de la verdad. Y que los interrogadores le han demostrado que es un miserable”. Sobre el final, agrega que “estoy en sus manos y sé a lo que me expongo”.
En los mismos términos y condiciones, Marcelo Chavanne se muestra proclive a colaborar, pese a pasar 16 días desaparecido y torturado antes de su primera declaración ante los militares. “No conocíamos la vinculación de Graiver con la guerrilla. Me ofrezco a cualquier tipo de interrogatorio que permita clarificar el tema”.
Según consta en la causa judicial actual, durante los interrogatorios, tanto Chavanne como Grassi reconocieron la voz del, por entonces, presidente de la Comisión Nacional de Valores, Juan Carlos Etchebarne. También frecuentaban los interrogatorios el juez federal Rafael Sarmiento y el grupo de abogados y contadores de la CNV y el Banco Central, cuya colaboración fue destacada por una nota enviada por el coronel Roualdes a la CNV el 7 de marzo de 1979, en la que expresaba su reconocimiento por “la vocación de servicio, el espíritu de trabajo, sacrificio, idoneidad y responsabilidad demostrados”.

Fuente: Miradas al Sur.

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