SILENCIO DE CEMENTERA.

En abril de 1977, cuando lo secuestraron, el abogado Carlos Alberto Moreno había participado en seis causas laborales contra Loma Negra. Lo torturaron y lo asesinaron. Matías, su hijo, no tiene dudas: "A mi papá lo mandó a matar la empresa". Los Fortabat le prestaban al Ejército sus campos para realizar prácticas. Muchos de los que trabajaban ahí dicen que no saben, que no se acuerdan, que quizás. Amalia Lacroze de Fortabat murió un mes antes de que se dictara la sentencia de la causa. Adelanto del libro "Amalita, la biografía", escrito por Marina Abiuso y Soledad Vallejos y publicado por la editorial Sudamericana.

Por: Marina Abiuso / Soledad Vallejos

Loma Negra vivía un tiempo próspero y convulsionado.
El 29 de abril de 1977 fue secuestrado en Olavarría el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno. No era el primer caso en el pueblo: 49 días antes había desaparecido José Alfredo Pareja, también abogado. Pero el de Moreno, a la larga, iba a hacer más ruido.
Ese día de fines de abril, la esposa de Moreno, Susana Lofeudo, caminó apenas unos metros, golpeó la puerta de su vecino y preguntó a los gritos:
—¿Dónde esta mi marido?
—No sé.
—¡No sea mentiroso!
El fondo de la casa que alquilaban el abogado y su mujer
era lindero con la residencia del teniente Ignacio Aníbal Verdura. Su estilo implacable lo hizo famoso en Tandil, Azul y Olavarría.
El diario El Popular dio por primera vez la noticia el 2 de mayo: “Fue secuestrado, por dos hombres, abogado en la noche del viernes”. El texto recogía el testimonio de su esposa y contaba lo que los testigos habían declarado a la policía: hombres armados habían obligado al abogado a subir a un auto. Nada se sabía de su destino.
El sindicato para el que trabajaba, Asociación Obrera Minera Argentina, guardó silencio: “Tuvimos mucha impotencia, pero no tomamos ninguna intervención. Estábamos atados de pies y manos por los gobernantes de ese momento porque, si interveníamos, nos tildaban de subversivos”, declaró Telmo Sánchez, que al momento del secuestro era el secretario general. El 5 de mayo, 49 profesionales de la Asociación de Abogados de Olavarría presentaron un pedido de hábeas corpus. “Moreno goza de intachable reputación en nuestro medio, tanto en su vida privada como en la actuación profesional”, escribieron. Pedían que se indicara su paradero y se informara qué se le imputaba. Los medios locales informaban. El 10 de mayo la noticia llegó a la tapa: Moreno estaba muerto. “Según un comunicado del Comando Zona I difundido anoche por la agencia oficial Télam, Moreno ‘pertenecía a la Columna Centro de la banda marxista Montoneros’ y ‘estaba involucrado en varios hechos subversivos: robo de explosivos y transporte de armas’ y otros. Actualmente efectuaba funciones en tareas de infiltración y captación en el ámbito laboral”. Las versiones habían cambiado. Después, reinó el silencio.
“Yo vi el cuerpo —recuerda su hermano, Héctor Moreno—. Estaba envuelto en una manta verde del Ejército. Para dárnoslo nos pusieron una condición: que lo enterráramos en La Plata. Sabían que si lo traíamos acá, iba a ser un escándalo”. La gestión para recuperar el cuerpo la hicieron ante el mismo teniente Verdura.
Consta en la causa judicial: Aparte Moreno estuvo secuestrado en un centro clandestino de detención a unos 140 kilómetros de Olavarría. Fue en una chacra próxima a la ciudad de Tandil, a metros de la ruta 226 y al lado del campo de rugby del club Los Cardos. El lugar era propiedad de los hermanos Emilio Felipe y
Julio Manuel Méndez —ambos civiles—, juzgados por este hecho en 2012, y condenados a 11 y 15 años de prisión respectivamente.
Moreno sufrió torturas. Fue interrogado con picana eléctrica, golpeado y sometido a condiciones infrahumanas. Consiguió escaparse, llegó a una chacra vecina con saco pero sin camisa, descalzo y demacrado. Prueba de esto son los testimonios de los dueños de casa, Valentín Bulfoni y su hija Neri, y otros dos testigos. Ellos vieron al abogado, hablaron con él y con uno de sus secuestradores. Neri Bulfoni fue obligada a manejar a punta de pistola mientras buscaban a Moreno, que había hecho un último intento por huir al cerro. El abogado estaba desorientado, sin anteojos y escondido detrás de una piedra. Ese mismo día lo asesinaron. El acta de ingreso al cementerio de La Plata habló de “hemorragia intratoráxica por heridas de arma de fuego”. El informe del Equipo de Antropología Forense da cuenta de lesiones en un pie y una “fractura completa en tercio medio de costilla izquierda nº 9, con trazos fracturarios radiales y pérdida de sustancia ósea”.
Moreno era abogado de la Asociación Obrera Minera Argentina y había participado en seis causas laborales contra Loma Negra.

Hasta aquí, lo probado en el juicio que concluyó en marzo de 2012. Además de que fueron condenados los dos civiles dueños del lugar de cautiverio, obtuvieron sentencia de cadena perpetua tres militares: el ex jefe de Área Julio Alberto Tommasi, el Jefe de Operaciones Ítalo Pappalardo y el cabo motorista José Luis Ojeda.
Matías Moreno no duda: “A mi papá lo mandó matar Loma Negra”. Tenía un año al momento de la desaparición; su madre estaba embarazada de su hermano, Martín Moreno, y tenían un pequeño perro al que su papá había bautizado con una sigla:
LOMJE, por “Libres O Muertos, Jamás Esclavos”. En La Plata, el abogado se había sumado a la Juventud Peronista. Según su esposa, Moreno militaba junto a un flaco de aspecto desprolijo y mirada cruzada, también abogado, llamado Néstor Carlos Kirchner.
Con el correr del tiempo, Matías Moreno se encargó de impulsar la causa por la muerte de su padre. Su madre había hecho un intento al momento de la desaparición; sus abuelos, en 1984, esperanzados con el retorno de la democracia. Ya adulto, Matías investigó: se reunió con compañeros de militancia de su padre, amigos de la facultad, colegas, conocidos. Volvió a Olavarría. Encontró una hipótesis: “Allá todos me insistían con Amalita Fortabat, era algo que me decía todo el mundo”.
Desde 2011, la esquina en la que secuestraron a Moreno tiene un mural. “Es un reconocimiento importante”, destaca Matías. “Preguntá. Acá en Olavarría a la vieja Fortabat no la quiere nadie”, insiste Marta, su tía. La pintura de Dorrego y Lamadrid retrata al abogado hablando desde un púlpito. Debajo, una fila de obreros ingresa a una fábrica de chimeneas humeantes con el logo de la cementera. De los hornos salen ataúdes.
En la causa nº 2.473 de los Tribunales de Tandil, declaró el socio del abogado desaparecido, Marcos Gubitosi. Había sufrido un secuestro antes que Moreno, en diciembre de 1976. Recuperó la libertad y luego fue secuestrado nuevamente. Entonces se exilió en España, vía Brasil. “Moreno tomó mis causas, pero le tocó una época complicada. Estaba el antecedente de lo que había pasado conmigo y la empresa no toleraba que se siga con este tema. Yo renuncié absolutamente a todo y Moreno se hizo cargo, y nueve meses después lo secuestraron. […] En febrero del 78 viene una patota y dicen que son de la Marina y me llevan al cuartel en el baúl de una camioneta. Primero me torturan desde las 3 de la mañana hasta el otro día que me traen a Tandil y me empiezan a preguntar todo lo habido y por haber. […] Yo era muy amigo del superintendente de Loma Negra y él me dijo: ‘En el chalecito que está al lado de la fábrica van los jefes de otro regimiento y hablan mal de vos y de Moreno’. Eso me lo dijo antes de todo, como diciendo ‘cuidate’. […] Después del golpe me recibe [en Loma Negra] el jefe de personal Ernesto Cladera, que le decían ‘el toro’, se sienta y con una sonrisa amplia nos dice: ‘Hoy vino el jefe del Servicio de Información del regimiento y me dijo que le hagamos una lista de los que andaban jodiendo, como usted sabe bien yo soy dueño de vidas y bienes’”.
El 10 de junio de 1976 Gubitosi había iniciado el expediente nº 8.375/76 sobre “Indemnización por incapacidad física” para Florencio Paniagua, obrero de Loma Negra y primer caso de silicosis pulmonar en llegar a juicio. La silicosis es una enfermedad respiratoria producida por la inhalación de partículas de sílice, presentes en el dióxido de silicio que se emplea en la producción de cemento portland; produce dificultad respiratoria y es irreversible. Cuando algún ingeniero debía llegar hasta el sector de la embolsadora, era habitual que se cubriera la boca con un pañuelo.
El 20 de abril de 1977, nueve días antes de la desaparición de Moreno, Paniagua cobró 1.078.733 pesos. Su hijo Mario —que siguió siendo empleado de Loma Negra— prestó testimonio en el juicio de Tandil.
El 9 de febrero, Moreno se había hecho cargo de la demanda de otro empleado, Juan Ventura Zabala, expediente nº 8.687/76 de los Tribunales de Trabajo de Olavarría. Se comprobó que Zabala padecía silicosis y fue indemnizado. Cuando llegó la sentencia, Moreno estaba muerto y Gubitosi, en el exilio. Costó conseguir otro abogado que se atreviera a presentar demandas. El doctor Enrique Pizzorno lo confirmó ante la Justicia: “Entre siete y ocho meses después del hecho [el asesinato de Moreno] recibí en mi estudio la visita de dos personas que se presentaron como dirigentes sindicales de AOMA Olavarría. Se presentaron muy respetuosamente y me dijeron: ‘Estamos con estas causas que llevaba el doctor Moreno contra la empresa Loma Negra y venimos a ofrecerle que sea apoderado para continuarlas’. Y mi respuesta fue: ‘Discúlpenme, a sabiendas de que ustedes mismos saben que la muerte del doctor Moreno fue por la ejecución de estas causas, yo no puedo aceptar’”. Preguntó el fiscal: “¿Estas personas le dijeron a usted que la muerte de Moreno se debió a estas causas?”. “Lo sugirieron”, contestó Pizzorno.
En el juicio por la desaparición prestó testimonio el ex militante montonero Carlos Santiago, quien al momento del golpe militar estaba preso. Oriundo de un pueblo chico hasta para el crimen, purgaba la pena por el secuestro de Bernardo Miretzky, la mano derecha de Alfredo Fortabat. “Yo estaba detenido en la cárcel de Azul y había un conflicto en la fábrica Loma Negra y por allá aparecen catorce obreros detenidos que eran delegados, representaban a sus compañeros de sección y estaban llevando adelante una lucha por mejores condiciones de trabajo, pedían guantes, máscaras. Allá fueron todos, presos. Ante los reclamos la empresa no aparecía; aparecían los tanques rodeando la fábrica”.
En Loma Negra la gente dice que no. Que no se acuerda, que eso nunca pasó. Que no lo vio. Que no sabe. En la Villa, insisten, la única diferencia entre el antes y el después del golpe fue que resonaba con un poco más de intensidad algún que otro entrenamiento militar. Como siempre, los Fortabat prestaban campos de una estancia para las prácticas. Nadie se asombraba.
Amalita murió casi un mes antes de la sentencia. La familia de Moreno procura avanzar contra el directorio de 1977. “Son los verdaderos responsables”, están convencidos. “Era más barato matar a mi papá que mejorar las condiciones de vida de los obreros”, asegura Matías Moreno. “Habrán dicho: ‘Si lo dejamos, este abogado va a seguir y se va a salir con la de él’, y eso le costaba plata a la fábrica —reflexiona su tío Héctor—. Entonces, ¿qué hicieron? Era más fácil hacerlo desaparecer a mi hermano y se terminaba todo. Y así fue”.
Los Moreno lamentan que Amalita esté muerta.

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