Ilegales, la mano de obra de EE.UU.

Hace unos años una película se preguntaba cómo sería un día de Estados Unidos sin mexicanos. La respuesta era obvia: el país se convertiría en un caos. Hoy pocos dudan de la importancia del trabajo de los latinoamericanos, la mano de obra barata de Norteamérica. En el campo y en la ciudad ellos hacen el trabajo que los estadounidenses no quieren hacer. La nueva y polémica ley de Arizona preocupa a los terratenientes que suelen contratar a latinos para las tareas pesadas del campo. ¿Quién hará ese trabajo si ellos no están?

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Dos hijos de inmigrantes mexicanos sostienen carteles que dicen "Nosotros somos América", en una de las protestas que repudiaron la polémica ley de inmigración de Arizona - AP

Incluso durante la recesión, cuando abundaba el desempleo, las tareas agrícolas fueron hechas por trabajadores extranjeros que se encargaron de las cosechas, de ordeñar vacas y de recoger manzanas en muchas haciendas estadounidenses, haciendo el trabajo que los norteamericanos no quieren hacer.
La mayoría de los estadounidenses le escapan a tareas como recoger tomates a mano o cortar repollos porque es un trabajo por temporada, muy exigente, a la intemperie y a menudo en localidades remotas, según los hacendados. Por ello, a los agricultores no les queda otra salida que contratar mano de obra extranjera, incluidos indocumentados. Y sus cosechas serán más complicadas todavía ahora que se intensificó la campaña contra la inmigración ilegal y se hicieron cambios en los programas de visas para trabajadores temporales.
Los agricultores quieren que el Congreso apruebe un proyecto de ley conocido como "AgJobs", que permitiría a quienes trabajaron al menos 150 días en tareas agrícolas en Estados Unidos los dos últimos años reciban permisos para permanecer en el país. Afirman asimismo que hay que simplificar los programas de visas para trabajadores temporales.
Aseguran que, sin esos cambios, muchos agricultores tendrán que reducir su producción, ante la falta de trabajadores confiables.
Jim Bittner, quien depende mayormente de trabajadores temporales mexicanos, dice que en los últimos años redujo en un cuarto su producción de duraznos y de cerezas en su hacienda Singer Farms de Appleton, estado de Nueva York, debido a la competencia de frutas extranjeras más baratas y a la escasez de peones que recogen las frutas a mano.
"Conseguimos gente que maneje los tractores, que aplique pesticidas y conduzca camiones, pero no conseguimos gente que se encargue de la cosecha", expresó Bittner.
El Imperial Valley de California producía mucho espárrago, pero el área destinada a ese cultivo se redujo a la mitad, de 318 hectáreas a 151 en el 2008, en buena medida porque era imposible conseguir gente para todas las tareas manuales que requiere una cosecha.
"En Imperial Valley, el espárrago es lo que da la pauta de lo que sucede con las cosechas que requieren mucho trabajo manual y de lo que pasa con las cosechas cuando la mano de obra no resulta económica y es difícil de conseguir", dice Ayron Moiola, directora ejecutiva de la Asociación de Agricultores de Vegetales del Imperial Valley.
MANO DE OBRA BARATA
La recesión se llevó muchos trabajadores del campo a la industria de la construcción y otras tareas. En el 2006, antes de la debacle de la economía, el estado de Washington y los agricultores dedicados a la manzana trataron de reclutar 1.700 peones y montaron una intensa campaña de promoción. Pero se presentaron solo 40 personas y apenas 10 solicitaron empleo y fueron contratadas.
Las autoridades del estado dicen que aparentemente hay suficiente mano de obra este año, pero pronostican que no será fácil conseguir gente en el futuro.
"Nadie que sepa cómo funciona esto dirá que habrá un gran cambio en la sociedad y que una gran cantidad de estadounidenses volverán a desempeñar estas tareas", comentó Craig Regelbrugge, codirector de la Agriculture Coalition for Immigration Reform.
Más de la mitad de los peones del campo contratados entre el 2005 y el 2007 se encontraban en el país ilegalmente, según un estudio del gobierno nacional.
Jessica Vaughan, directora de estudios de políticas del Centro para Estudios de Inmigración, de Washington, que promueve mano dura con los indocumentados, estima que el problema es que los agricultores están muy acostumbrados a la mano de obra extranjera y barata, y no han tenido que subir los sueldos para contratar a residentes legales ni han tenido necesidad de mecanizar sus operaciones. "Nadie se puso a pensar qué es lo que hay que hacer para cambiar este ciclo", asegura.
Jake Guest emplea 20 residentes de la zona en su granja de vegetales orgánicos en Vermont, pero encomienda a dos jamaiquinos la recolección de fresas y la eliminación de malezas.
"El asunto es que nadie quiere hacer el tipo de trabajo que hacen estos muchachos", dijo Guest.
Cambios en el programa de visas H2-A hacen que resulte más complicado y costoso contratar trabajadores temporales, señaló Guest. No se puede apelar a ese programa, por ejemplo, para cubrir plazas que funcionan todo el año, como ordeñar vacas.
En febrero, el Departamento del Trabajo dispuso un aumento en los sueldos y los beneficios de los trabajadores agrícolas temporales, echando por tierra regulaciones de la época de George W. Bush que facilitaba la contratación de peones a los que se les pagaba muy poco, según detractores de esas medidas. Ahora, por otra parte, se le exige a los agricultores que traten de contratar primero a trabajadores locales.
Guest dice que ahora debe colocar avisos, pagar 1.000 dólares por el transporte de los jamaiquinos, pagar al gobierno una tarifa de 120 dólares por cabeza por el derecho a contratarlos y suministrarles viviendas. Por ley, no puede pagarle menos de 10 dólares la hora, y no puede ofrecerle menos a los trabajadores locales para hacer el mismo trabajo.
Guest dice que es importante poder contar con gente que conoce el oficio.
"Si se te tapa la cañería, llamas al plomero, no a un estudiante universitario", expresó Guest. "Si tienes que recoger fresas, contratas a un recolector profesional".

¿Ley de inmigración? No, gracias...

Un manifestante sostiene un cartel que señala al estado de Arizona como

Un manifestante sostiene un cartel que señala al estado de Arizona como "Zona Nazi" - AP

El gobernador de Nuevo México dice que constituye un retroceso. Texas no quiere saber nada con ella. ¿California? Ya la probó y no le interesa.
La nueva ley de Arizona que le permite a la policía interrogar y arrestar a cualquier persona que se sospecha puede estar en el país ilegalmente no genera demasiado respaldo en los otros estados a lo largo de la frontera con México.
Hay varias razones: California, Nuevo México y Texas tienen fuertes bloques de votantes hispanos. Los californianos no quieren enfrascarse en otra batalla que genera divisiones como la que libró a fines de la década de 1990, mientras que Texas y Nuevo México tienen estrechos lazos culturales con México que influyen en la actitud de los votantes hacia los inmigrantes.
La razón más poderosa, no obstante, podría ser que en esos estados la inmigración ilegal no representa un problema tan grave como en Arizona.
En los 90, el gobierno nacional erigió cercos, instaló luces y aumentó la cantidad de agentes en la frontera en San Diego y El Paso, Texas, lo que hizo que los indocumentados cambiasen de ruta y comenzasen a ingresar ilegalmente al país mayormente por Arizona, que es hoy el estado por donde más extranjeros sin papeles cruzan la frontera desde México. En los últimos años ha habido un marcado aumento en los secuestros, los allanamientos de casas y otras manifestaciones de violencia asociadas con el narcotráfico y el tráfico de personas.
Se calcula que en ese período se quintuplicó la cantidad de indocumentados que viven en el estado, que sería hoy de unos 500.000.
California y Texas tienen más experiencia con los indocumentados a raíz de la llegada de una gran cantidad de ellos en la década de 1980 como consecuencia de la mala situación económica en México y de las guerras civiles de Centroamérica. Muchos se beneficiaron con una amnistía decretada en 1986, que regularizó la situación de 2,7 millones de personas que hoy votan en las elecciones.
"California vivió un período muy duro y llegó a la conclusión de que este tipo de actitudes no funcionan", manifestó Erik Lee, director asociado del Center for Transborder Studies de la Universidad Estatal de Arizona.
El 44% de la legislatura de Nuevo México es hispana, lo mismo que el 23% de la de California y el 20% de la de Texas. En Arizona, sólo el 16% es hispana, según la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos.
Los hispanos siguen movilizados. El primero de mayo 50.000 personas se manifestaron en Los Angeles a favor de una reforma a las leyes de inmigración y para protestar contra la ley de Arizona. Concejos municipales desde Oakland hasta San Diego han condenado la medida. El gobernador de California Arnold Schwarzenegger dice que "está bien claro que es algo que no vamos a hacer en California".
Lo mismo afirma el gobernador de Texas Rick Perry, un republicano que porta un revólver y coquetea con el tea party, el movimiento ultraconservador que está ganando peso en la política estadounidense. Perry afirma que las leyes como la de Arizona "no son el camino indicado para Texas" y que hacen que la policía no pueda concentrarse en combatir la delincuencia.
"Los hispanos viven aquí desde siempre. Hemos compartido el estado y el sueño de lo que representa ser texano", expresó Eric Bearse, un ex asesor de Perry.
El jefe de la policía de Austin Art Acevedo dice que la mayoría de los indocumentados vienen a Estados Unidos a ganarse la vida honestamente y que tenerlos en la mira es un desperdicio de recursos.
El gobernador de Nuevo México Bill Richardson, de origen hispano, dijo que la ley de Arizona "contradice los ideales democráticos de este país". "Es un retroceso y no es algo práctico", expresó en declaraciones a CNN.
La ley de Arizona, no obstante, ha encontrado numerosos adeptos en todo el país, incluso en regiones poco acostumbradas a lidiar con el tema de los indocumentados.

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