La consigna debe convertirse en un objetivo verdaderamente alcanzado, para permitir una Argentina más justa e igualitaria.
Por Juan Pablo Elverdín, de la redacción de NOVA.
Quien escribe estas líneas ni siquiera había nacido el 24 de marzo de 1976. Quien escribe estas líneas tampoco vivió en carne propia los castigos de aquellos años de miedo y muerte, en el que la vida se dirimía a través del poder que impone un arma de fuego. Quién escribe estas líneas, además, creció entre el ocultamiento y los indultos, entre las ínfulas primermundistas y el “algo habrán hecho”.
Pero a pesar de todo, quien escribe estas líneas está convencido de algo: no hay posibilidad de futuro sin poner el pasado en el lugar que merece. El tiempo, que como dice un poeta cubano, “está a favor de los más chicos”, debe transcurrir dejando tras de sí una estela de Verdad y Justicia. Caso contrario, se transforma en tiempo mal gastado.
Los 34 años que pasaron desde aquel primer martes de otoño de 1976 han mostrado las dificultades que implica la construcción de una identidad nacional justa e igualitaria. Fueron más de tres décadas en las que la lucha interna, y las heridas no cicatrizadas, impidieron, e impiden todavía hoy, cerrar definitivamente ese pasado.
Ha habido grandes avances. La política de enjuiciamiento a los jerarcas del genocidio perpetrado a través del aparato estatal, durante aquellos 7 años, llevó un poco de paz a los miles de desaparecidos que descansan en algún lugar perdido. Pero también puso en evidencia que algunas de las cuestiones que sirvieron de base y apoyo a aquellos militares que usurparon el poder todavía están vigentes. A veces solapadas, otras más claras, existen amplios sectores de la sociedad que todavía cree que la fuerza asesina puede ser la solución a algunos de los problemas que nos aquejan.
Que un ex presidente interino pueda darse el lujo de proponer un plebiscito para que se decida o no la continuidad de los juicios por violaciones a los derechos humanos, y que no reciba una condena social unánime, es ejemplo de que algunas cosas todavía no están en orden.
No se trata de posicionamientos políticos, de pertenencia a un movimiento político o a una clase social. Tampoco de idealizaciones banales. Hay algo que no se discute, que no puede discutirse: los 30 mil desaparecidos fueron víctimas de un terror jamás visto en el país, de una criminalidad impropia de la raza humana, y eso merece el más firme de los castigos. Basta recorrer las declaraciones de los sobrevivientes durante el Juicio a la Juntas, que llevó adelante el gobierno alfonsinista, para tomar dimensión de la irracionalidad de aquellos personeros que solo estaban llevando adelante un plan que tenía como finalidad la transformación radical de la sociedad argentina.
Las consecuencias de aquella política continúan hasta hoy. Una sociedad “estática” políticamente, generaciones enteras que crecieron en medio de la apatía cultural, más proclive a sumarse a la “tinellización” que a exigir planes de gobierno que impulsaran el bien común, dieron como resultado un país que sufre de anorexia identitaria.
Pero como la historia sigue su curso, y son los hombres los que la construyen, hubo y hay sectores que continúan luchando por otro país, por otra Argentina. Esos sectores, más allá de las banderías políticas, reclamaron justicia y castigo a los culpables de aquel genocidio sin impulsar la venganza, sin proponer el “ojo por ojo” que muchos proponen a la hora de hablar de la inseguridad. Recurrieron continuamente a la justicia institucional, a sabiendas de que muchas veces esos mismos jueces tenía, y tienen, fuertes vínculos ideológicos y afectivos con aquel proceso.
Por eso quien escribe estas líneas está convencido de que, más allá de posicionamientos políticos, de convencimientos ideológicos, hay algo que no puede negociarse: es necesario construir un país de Justicia y Verdad. Es necesario construir un país en donde aquellos que mataron y e hicieron desaparecer de la manera más cobarde y atroz, persiguiendo un objetivo claro de destrucción de los lazos sociales e implementación de un sistema socioeconómico que beneficiara a unos pocos en perjuicio de otros muchos, tengan su castigo, cumplan su condena en cárceles comunes, sin ningún beneficio, más allá de la edad o los títulos que ostenten.
Y también es necesario que aquellos que asumen obligaciones públicas, y que tengan la osadía de reivindicar ese proceso, reciban la condena social que corresponde. Porque ese es el único camino para que el Nunca Más deje de ser una declaración de principios, y se convierta en un objetivo verdaderamente alcanzado.