13 años de prisión para dos de los responsables de las muertes en el taller de Luis Viale

LOS DUEÑOS DE LAS MARCAS CONTINÚAN IMPUNES

Luis Viale

Por Gabriela Barro Gil

Los encargados del taller Luis Sillerico y Juan Manuel Correa fueron condenados, hoy, a 13 años de prisión efectiva Tribunal Oral Criminal Nº 5. La sentencia llegó 10 años después de que en el taller de Luis Viale 1269, Caba, en el que vivían 64 personas, murieran en un incendio, Juana Vilca (de 25 años, quien estaba embarazada), Wilfredo Quispe Mendoza (15), Elías Carbajal Quispe (10), Luis Quispe (4), Rodrigo Quispe Carbajal (4) y Harry Rodríguez, de 3 años, hijo menor de la pareja. Días antes del fallo GBG entrevistó Luis Fernando Rodríguez y a Sara, padres de Harry, analizó el entramado de la producción textil en cuestión y la lucha por seguir. Los dueños de las marcas JD, Wol y LDV y sus testaferros permanecen impunes.




2- Intervención del Estado: los empresarios se aprovechan de las desprolijidades administrativas y jurisdiccionales, como por ejemplo un hecho que ocurrió con relación a la jurisdicción del incendio en cuanto a inspección estatal. Explica Montero en el blog que a partir del Pacto Federal de 1998, las inspecciones laborales se descentralizaron, pasaron de Ministerio de Trabajo de Nación a provincias y al Gobierno de la Ciudad. En cuanto a las englobadas en “trabajo a domicilio” se estableció una prórroga, quedando hasta el 2002 en manos del Gobierno nacional, y a partir de aquel año se hacía cargo Ciudad. Al llegar el momento, nadie especificó quién se hacía cargo de qué; luego, cuando ocurrió el incendio en 2006, entre golpes de pelota mutua, finalmente se definió que la responsabilidad fue de Ciudad. Pero aun con estas “desinformaciones” de la mano de la corrupción facilitada por un marco sin regular, “el Gobierno nacional es quien debe coordinar una política que refuerce la responsabilidad solidaria de las empresas, con una señal concreta hacia ellas”, opina Jerónimo, a la vez que agrega otra medida a tomar relacionada con los incentivos. A la luz de los hechos, a partir de 2012, como expresamos más arriba, las marcas han empezado a tomar medidas por temor a la cárcel; es decir, fue el castigo el que despertó este interés y no las políticas de incentivo realizadas en el tiempo. El investigador sugiere que el Estado continúe otorgando microcréditos, pero “no en forma de subsidios para Pymes, que termina generando más empresas pequeñas que compiten entre sí por una tarifa determinada que les dan las marcas”. Sino que se debería fomentar la organización en empresas más grandes, al ofrecerles el microcrédito a trabajadores, en la medida en que se organicen cooperativamente con otros.

Los hechos
“Aquel jueves 30 de marzo, a las 15.45, había subido a ver a mis hijos. Habitualmente, al llegar del jardín, venían cansados, Sara acostumbraba ducharlos a esa hora, y solían dormir una siesta. Como había hartos bichos y zancudos, que les picaban, los tapábamos con sábanas, esto era algo que siempre nos preocupaba, por lo que uno de nosotros subía para taparlos bien, mientras continuábamos trabajando. Esto es lo que había hecho 15 minutos antes de que se prendiera fuego. En aquel momento, Kevin, el mayor, había estado durmiendo en la parte alta de la cucheta, y en la parte de abajo había estado jugando Harry; por lo que le recomendé taparse cuando se durmiera: “¿Vos te vas a tapar bien?, porque los bichos te pican”, le dije. “Ya ya, papi”, me contestó. A los 15 minutos la cocinera baja gritando: “¡Fuego, fuego!, arriba se está incendiando todo”. En el entrepiso vivía Flora, que en ese momento era la cocinera, una joven soltera, hermana de Juana. Esta última también murió en el incendio, sobrina política de Sillerico. Todxs empezaron a correr hacia la puerta de calle. Única salida de un metro de ancho. Corríamos entre las máquinas y no había espacio, salté por sobre ellas para poder adelantarme; una vez en la escalera me encuentro a Kevin bajando descalzo: “¡Papi, papi, arriba hay fuego, hay fuego!”. “¿Y tu hermano?”, le pregunto. “Está durmiendo arriba en la cama”, me respondió. Subo. Toda esa parte en que estaba la división donde nosotros vivíamos tenía prendido fuego el techo (entrepiso a su vez donde vivían más familias). Nuestro sector estaba a dos pasos del acceso a la parte más alta (entrepiso). Voy a buscar el estinguidor, pero al quitarle el precinto de seguridad, no funcionó; más bien ha hecho que me obstruya la vista, no sé qué botaba, una especie de arena. Intenté, pero no funcionaba. Al recuperar la visión, el humo ya llegaba hasta planta baja, al piso. Alcanzo justo a ver a Sara, subiendo con mi hijo Kevin, y gritando: “¡Fernando, bajale a Harry, bajale a Harry!”, pero el techo estaba vibrando y sonando por el fuego, ya estaba por caerse el entrepiso de madera, fue eso lo que agarró más fuerte. “¡Vamos, vamos!”, les digo y tomo de la cintura a Sara, agarro a Kevin y los arrastro hacia abajo; detrás nuestro, ese techo cayó. En la calle, veíamos que salían sopletes de fuego de las ventanas. Reventaban cosas allí adentro.”

Así lo relataba Luis Fernando Rodríguez durante la entrevista. Él y Sara Gómez, padres de Harry, son los únicos querellantes de la causa penal caratulada como “Incendio o estrago agravado seguido de muerte”, juicio que luego de 10 años de ninguneo e irregularidades* dio comienzo el lunes 18 de abril de este año, a cargo del Tribunal Oral Criminal Nº 5 de la Ciudad de Buenos Aires. Los únicos imputados en esta causa son los encargados del taller, Luis Sillerico y Juan Manuel Correa. Transcurriendo su quinta jornada – llevada a cabo el jueves 12 de mayo- al momento de cierre de esta nota, hubo un cuarto intermedio el día anterior para realizar la inspección ocular en Luis Viale 1269, solicitada por la querella en el marco de la ampliación de la causa con el delito de “reducción a la servidumbre”, que los jueces Adrián Pérez Lance, Rafael Oliden y Fátima Ruiz López aceptaron incluir en la imputación.

Según explican en el blog de Luis Viale Juicio, incluir este delito “en un caso sobre talleres de costura jerarquiza el tratamiento judicial de la explotación laboral. Además, obliga a jueces, fiscales y letrados en general a formarse en las implicancias de este delito y a entender su complejidad*”.

Arribados al país desde La Paz, Bolivia, Luis Fernando y Sara viajaron con el menor de sus tres hijos, de 7 años, mientras que Kevin, el mayor, de 15 años, quedó con su abuelo paterno en El Alto, donde viven actualmente. “En junio, aproximadamente, de 2005 llegamos a la Argentina con mi esposa y mis dos niños, Kevin y Harry; lo hicimos con la expectativa de poder conseguir un trabajo. Yo ya había trabajado en talleres de costura entre 1995 y 1997, con un buen recuerdo de aquellos años, por eso conversé con Sara, planteándonos mejores condiciones de vida para nuestros hijos y de trabajo para nosotros”, cuenta Luis Fernando en la entrevista. “Arribamos a la Villa Cildáñez durante una madrugada, y nos alojamos en casa de un tío de mi cuñado”. Al día siguiente, comenzó la búsqueda de trabajo que recién fue concretado una vez contactarse con Luis Sillerico, boliviano, a través de una señora a quien conoció en Parque Avellaneda, en cuyos aledaños se concentra una fuerte colectividad boliviana. “Allí en el Parque, Sillerico me aseguró que tenía trabajo para ofrecer, ya que estaba en sociedad con otro argentino”, garantizando con ello no sólo trabajo, sino una vivienda cómoda para ellos.
“En aquellos meses de 2005, tres familias – más tarde llegamos a ser cuatro- trabajábamos en una casa ubicada en Juan A. Garcia, a cuadra y media de Nazca. Era un lugar amplio, alquilado por Juan Manuel Correa y Luis Sillerico para coser las marcas de Damián Fischberg y Javier Geiler: JD, Wol y LDV. Ambos, hijos respectivos de Daniel y Jaime. A nosotros nos daba más confianza que en esta sociedad hubiera un argentino”, continúa Luis Fernando, refiriéndose a Correa.

Arroz, fideos y un pedazo de carne

“En Juan A. García cada familia tenía su habitación -recuerda. Se trataba de una casa grande, con terraza, donde los chicos podían salir a jugar; patio; baño; cocina aparte; ducha con agua caliente. No había divisiones con telas ni cartones. Allí hacíamos los pantalones, en dos cuartos destinados al taller”. En noviembre (2005), las familias son trasladadas al taller de Daniel Fischberg y Jaime Geiler, ubicado en Luis Viale 1269. “Se realiza la mudanza, primero llevaron las máquinas y más tarde, entrada la noche, el camión vino a buscarnos. La parte de abajo tenía divisiones de cartón prensado y telas. Cada división era para cada familia entera, con dimeniones aproximadas de 2m x 3m, eran pequeñas; allí íbamos a dormir. El taller, ubicado en planta alta, tenía todo acomodado, las máquinas – unas 12 eran nuevas-, el cableado, los enchufes, etcétera”.

Fueron llevados a Luis Viale con la promesa de vivir y trabajar mejor, pero fue un engaño. Mala alimentación; no había agua caliente y sólo un baño funcionaba. “En diciembre hemos llegado a vivir unas 40-45 personas, y cada vez llegaban más. No disponíamos de un baño donde poder duchar a nuestros hijos con agua caliente. Siempre teníamos que calentar agua en la cocina, en una olla grande; pero además no había momento para poder ducharnos. La jornada laboral en Luis Viale comenzaba a las 7.30 y finalizaba a las 2 de la mañana, luego de larga cola para poder asearse. Lo habitual, en otros talleres, era terminar a las 22.30 horas. Comenzando diciembre en estas condiciones, nosotros nos queríamos ir. El impedimento mayor fue que no nos habían pagado desde junio”.

Recibían adelantos de 50 o de 100 pesos, sin actualización de los salarios adeudados porque, según argumentaban, estaban endeudados con las máquinas compradas. Los engaños continuaron cuando les prometían tener alistada la paga “de aquí a un mes y ahí te vas a poder ir”, les decían. En el medio de estas tensiones, una niña de 2 años recibió una sobrecarga “que la botó lejos. En aquel momento, el taller ya estaba suministrando mucha energía porque no estaba acondicionado. La fábrica había estado habilitada para 5 máquinas. No estaba acondicionada con las suficientes térmicas como para distribuir la energía, tanto para arriba como para abajo. Solamente había una térmica en la planta baja”, detalló Luis Fernando.

Para calmar los ánimos, y como forma de retenerlos, ambos son apartados del trabajo “fuerte”, “me habían ofrecido repartir el corte y dejar de trabajar en la máquina de costura; y a mi esposa le dijeron que se ocupe de la cocina”. Sara, quien durante toda la entrevista estuvo sentada junto a Luis Fernando, agregó que la cocina estaba ubicada en el mismo ambiente de las máquinas y cocinaba ella sola sin la ayuda prometida de la esposa de Sillerico. “Además del calor excesivo, el agua para cocinar la teníamos que sacar del baño. La alimentación no era la adecuada: arroz, fideos y un pedazo de carne. Era terrible, y en el mismo ambiente de las máquinas y el polvo. Luego de dos semanas así, me enfermé”.

La paga también era cuestionable, “el trato era de 50 a 70 centavos por cada pantalón terminado. Cuando me tocó repartir cortes, pude contar que al día hacíamos 120, trabajando hasta altas horas de la noche”. De lo que se desprenden dos cuestiones graves, por un lado, Luis Fernando contó haber comprobado que cada pantalón o jean clásico se vendía en la calle a $ 160, o $ 200, así marcados aún en las prendas que a veces volvían por fallas. La otra cuestión refiere a dicha paga, que no era tal ya que se trataba de meros ajustes en cuaderno, “porque no nos pagaban nunca. Esta producción y su correspondiente pago era ingresado a la computadora, y allí se quedaba. Ni siquiera estaba el compromiso de pagar, por ejemplo, cada tres meses”. Nunca cancelaron deudas de salario.
En enero de 2006, vivían 64 personas, sin agua caliente, un sólo baño, y sin libertad de salir del lugar. Se requería del permiso de Sillerico o Correa para salir del taller, siempre bajo llave. “Había dos puertas, del lado de afuera, una de rejas embarrotadas con fierro, y por adentro, una puerta muy gruesa de chapa. La de afuera tenía un candado, y por dentro doble llave, hasta que ellos no llegaban, nadie podía salir”, agrega.

Hongos, infección estomacal y parálisis facial

Las altas temperaturas, el ambiente precario y las condiciones insalubres eran foco de infecciones. “Todo estaba sucio. Por la mala alimentación y la falta de higiene, había enfermedades como hongos en los pies de los niños, también les salía chichoncitos en la cabeza, y nadie se preocupaba por hacerlos atender. En una oportunidad, cuando mis hijos se contagiaron los hongos, discutimos con Correa, quien tenía un carácter bien prepotente, y me gritó “¡Ey!, ¡tenés a tu familia muy enfermiza!”. -Qué quieres que haga si no podemos ducharnos, las condiciones son pésimas, le grité. “Bah, tomátelas”, dijo, mientras accedía a abrirme la puerta para poder llevarlos al Hospital de Niños en la calle Gallo”, explicó Luis Fernando. Otra situación de indefensión se sumó cuando Harry fue llevado urgente al Policlínico Bancario, “con alta temperatura, desmallado y convulsionando en nuestros brazos, corriendo y en taxi una vez que estas personas nos abrieron la puerta; tuvo infección estomacal grave”.

Sara cuenta que luego de estas situaciones, y con las altas temperaturas en la cocina, tuvo parálisis facial, “no sabía lo que era, no podía mover el ojo, la boca se me fue a un lado, se paralizó la mitad de mi cara. Estaba mal, fui atendida en el Hospital Alvarez, y posteriormente tenía que hacer fisioterapia. Estuve asistiendo durante dos semanas, pero a la fuerza tuve que abandonar porque los encargados estaban renegando y muy enojados por mis salidas al control médico”.

La impunidad se multiplica

Las constantes denuncias por ruido del vecino de al lado trajo la atención de la Policía, quienes estacionaban el patrullero en la puerta del taller 2 o 3 veces por mes para llevarse una docena de pantalones, “entraban directamente a la oficina, ubicada dos pasos de la puerta de calle, hacia la derecha. Cuando venía la Policía, siempre hacían que busquemos pantalones talle 42, talle 40. Cuando venían los inspectores, no sé cómo arreglaban, pero también ingresaban directo a la oficina y se iban luego”, dice Luis Fernando. “Al ver esto, nosotros no sabíamos a dónde acudir para hacer la denuncia. No sabíamos en qué medida estaba metida la Policía o la inspección de control del Gobierno de la Ciudad”.

Finalmente, para mediados de enero el taller ya estaba mudado a planta baja, y las divisiones con cartón prensado fueron al piso de arriba. Fischberg dio la orden, cuando le dijo a Correa que “estaba jodiendo mucho el vecino”. De esta forma, en la planta alta se dispusieron 54 personas equivalentes a 14 familias divididas por cartón prensado y cortinas, y en el entrepiso de machimbre que vendría a ser el segundo piso, agregaron más. “Al final, ya no les interesaba dónde más meter gente. Allí arriba vivían entre 10 a 8 personas, entre ellas Wilfredo, en ese entrepiso recientemente confeccionado, altillo como dicen aquí”. Su delgada madera permitía que entre las tablas, al ser transitadas, se deslicen cantidades molestas de polvillo, de tal manera que al momento de almorzar, la familia de Luis Fernando decidiera hacerlo en donde – para esas fechas- estaban las máquinas, planta baja. Evitando, así, que el polvo cayera sobre comida y/o cabezas. 15, fueron los niños que han estado viviendo en estas condiciones en aquel taller.

Podemos aclarar a los lectores parte de la complejidad citada más arriba, y relacionarla con el origen de este “sistema de sudor”: “En la Argentina se remonta a fines de 1980 – detallan en el blog*-, cuando algunas de las grandes fábricas de indumentaria cerraron sus portones y se convirtieron en “marcas”, es decir, oficinas encargadas de la creación de un concepto y de darle contenido a través de la publicidad. Sus actividades se redujeron entonces al marketing, el diseño, la mordería, la gestión comercial y en algunos casos el corte de las telas (que requiere de mano de obra capacitada y tecnología costosa). Desde entonces, la totalidad de la costura se terceriza. Ello les permitió a las marcas generar un vínculo laboral informal con sus trabajadores costureros, y ahorrarse varios salarios al año (ya que no pagan aportes patronales, cargas sociales, vacaciones ni aguinaldo y, al pagar solo por el trabajo realizado, se ahorran los salarios de los 3 meses de baja temporada)”.
Como aclaramos más arriba, Daniel Fischberg y Jaime Geiler son los dueños del taller. “Siempre venían de repente, nunca saludaban. Venían con aspecto de jefes, cruzados los brazos, miraban las máquinas y la producción. Durante los días que repartí el corte, tenía que entrar a la oficina y allí hablaban con Luis Sillerico sobre a quién había que llevar el corte o qué cantidad llevar a Galicia”, nombre de la calle donde continúa ubicada actualmente la fábrica, a la vuelta de Luis Viale 1269, donde se cortaban todas las prendas que iban a los talleres. “Ellos (Fischberg y Geiler, padres e hijos) sabían bien las condiciones en que se trabajaba, y al habilitarlo conocian qué se podía hacer y qué no. Además venía la Policía; es decir, no se trataba ni de un taller clandestino o ni de pequeño emprendimiento familiar, había muchas evidencias, salían dos veces al dia camionetas recogiendo las prendas terminadas. Ambos son dueños de la propiedad, a su nombre están los servicios, a su nombre figura la habilitación, sus hijos son dueños de las marcas y aún hoy, la Justicia no los ha citado a declarar, es incomprensible”, se sorprende y lamenta a la vez, Luis.

El 30 de marzo de 2006, los bomberos tardaron en llegar entre 45 minutos y una hora; fueron los vecinos quienes los llamaron debido a que para Sillerico y Correa, lo urgente resultó ser llamar a los dueños que estaban a la vuelta, en Galicia. “Se esta incendiando la fábrica”, les dijeron por radio. Sara contó cómo en las esquinas alcanzó a ver que “distintas movilidades sacaban del lugar a quienes habían escapado del incendio y Sillerico los metía adentro”.
A Harry lo recuperaron 52 días después. Una vez en suelo boliviano, en el aeropuerto de La Paz, se les acercan “dos personas altas, robustas y blancones, con el acento de argentino”, quienes con palabras de advertencia por buscar justicia, les sugieren a la vez la intención de entregarles un pago de u$s 12.000.
“Estos diez años han sido como si la pérdida de mi hijo hubiera sido ayer. Cuando en abril del año pasado nos enteramos por los medios que volvieron a morir dos niños en otro taller de Páez y Terrada, no lo pude digerir; la impotencia de no haber podido lograr justicia y evitar que siga pasando este tipo de tragedias nos invadió. Al ver que éstos continúan trabajando de la misma forma, como si nada hubiera pasado. Esperamos que los jueces les den la pena máxima, porque todos, no sólo los encargados, sabían qué estaba sucediendo allí adentro”, finalizaron Luis y Sara.

Modo de producir y rol del Estado

Las muertes de estos 5 niños y la joven son consecuencia de un sistema de producción textil aún vigente. Luego de 10 años, el juicio oral comenzó, pero estuvo a punto de prescribir dadas las intenciones del Tribunal de cerrar la causa tal cual estaba originalmente; lo que significaban penas máximas de 5 años, con lo cual todo hubiera quedado prolijamente prescripto. La organización del colectivo de migrantes Simbiosis Cultural, que año tras año realiza un acto conmemorativo en las puertas del taller, y el agite generado a raíz de las muertes de dos niños más en otro taller de Páez y Terrada, promovió un clima de debate y participación en el que la razón principal era encontrar la voz del/las costurero/as, y como tal deconstruir una identidad cultural que se estaba naturalizando alrededor de ser boliviano/ser esclavo/ser costurero. Este proceso de construcción colectiva sumado a la labor que desde hace tiempo lleva adelante la Fundación La Alameda con el registro y denuncia de dueños, marcas y talleres dio como resultado un alto apoyo social y de organizaciones que sorprendió a los jueces ya el primer día del juicio. Presión social que queremos destacar ya que sin ella, los jueces podrían no haber ampliado la causa; y sin ella, la Justicia y el Estado pueden continuar en la misma inercia que deja impunes a los responsables.

Damián y Daniel Fischberg y Javier y Jaime Geiler (hijos y padres respectivamente) conforman una sociedad de producción textil cuyas marcas son JD, Wol y LDV. Las mismas se comercializan en el barrio de Once y en Flores, epicentro comercial localizado en la calle Avellaneda. Actualmente, su fábrica se encuentra en Galicia 1241. Mientras que los padres figuran como dueños del inmueble incendiado, Luis Viale 1269, los hijos son dueños de las marcas, de acuerdo al registro de la propiedad intelectual. A su vez, continuando con las vinculaciones, el padre de Juan Manuel Correa “era sastre de la fábrica de Geiler y Fischberg, quienes le ofrecen “alquilarle” la propiedad de Luis Viale a su hijo, Juan Manuel, para que arme un taller”, dice el blog Luis Viale Juicio.
Para entender por qué los dueños de las marcas – que intentan desligarse de toda responsabilidad aduciendo ser comerciantes y no productores- son responsables, es necesario analizar el modelo productivo textil que, como expresamos más arriba, se remonta en nuestro país a 1980. El citado blog es fuente valiosa de investigación para indagar sobre un entramado complejo no exento de corrupción y desidia. “La subcontratación y las pésimas condiciones de trabajo – detallan en una de las secciones en que se encuentra categorizada la información- están en el ADN de esta industria a nivel mundial. Desde el inicio de la producción masiva de “ropa lista” para su comercialización (a fines del sigloXIX), la estacionalidad y la inestabilidad de la demanda incentivaron a los productores a contar con un “fuelle” de mano de obra que superase la planta permanente. La posibilidad de subdividir claramente las tareas (diseño, moldería, corte, costuras, bordado, estampado, etc), y la facilidad con que se aprende el trabajo y con que se monta un pequeño taller, permitió históricamente contar con costureros/as a domicilio y con pequeños talleres “fasoneros” que produjeran para los comercializadores o las grandes fábricas. La competencia ruinosa entre subcontratistas, y el hecho de que las obreras eran en su mayoría mujeres e inmigrantes (es decir, colectivos de obreras poco organizadas sindicalmente) determinaron que las condiciones de trabajo fueran muy pobres. Durante el Fordismo, la producción masiva fomentó la concentración de la producción en grandes fábricas, pero el advenimiento de la producción flexible durante los últimos 40 años generó una vuelta hacia la subcontratación (que de todos modos no había desaparecido)”.

Proceso de globalización capitalista mediante, los 70 trajo aparejada una fuerte caída de ventas en marcas de moda, lo cual llevó a desarrollar estrategias de marketing tendientes a ampliar el mercado bajando la edad de las mujeres a quienes se dirigían las publicidades. Para lograr ello, desinvirtieron en producción, y con el aumento de demanda de mano de obra, la subcontratación masiva de población migrante que acepta trabajar por valores muy bajos de salario – estrategias de necesidad para no quedar excluido/a-, es la consecuencia. A nivel mundial, “la cuestión geográfica es clave, ya que a medida que las empresas cierran sus fábricas, subcontratan de países periféricos en condiciones de ilegalidad y sin controles de ningún tipo” (ejemplo de edificio de producción textil derrumbado en 2013 en Bangladesh). La ropa que se subcontrata de estos países es la que se produce en gran escala. En nuestro país es diferente – explica Jerónimo Montero, investigador del Conicet, en el mismo blog- ya que en el caso de los talleres informales o llamados clandestinos, se encuentran fuera de los grandes mercados. Aquí se abastece el negocio en función de lo que se vende en el día a día, los empresarios producen determinada cantidad y la venden. “El 99.3% de las empresas de indumentaria son Pyme, tienen menos de 200 empleados. Existen sólo 27 empresas, con más de 200 empleados. En muchos casos, de sus 500 empleados, ninguno es costurero”.

Se presenta así un negocio financiero, en donde la marca pasa a ser la cáscara, con muchos empleados de comercio y una oficina que subcontrata la producción.

A través de la información recabada, podemos resumir en tres ejes parte de los desafíos que implica encontrar el modo de destrabar la naturalización de un modo de producción textil en el que los verdaderos responsables nunca figuran como actores principales de este entramado. A su vez, explicar cómo el logro de justicia en esta causa ampliada a “reducción a la servidumbre” permitirá avanzar en las más de 80 demandas contra marcas que la Justicia tiene en sus manos.
Parte de esta información nos la brinda Jerónimo Montero, a través de una de las entrevistas subidas a Luis Viale Juicio.

Los 3 ejes son:
1- Responsabilizar a la marca:** la Ley de Contrato de Trabajo de 1974 establece que quien subcontrata, es responsable por las condiciones de trabajo, por lo que es obligado por ley a realizar inspecciones, cumpliendo una función similar a policía del trabajo. A partir de 2012, poco a poco esto empezó a cumplirse de acuerdo a los estudios realizados por el investigador del Conicet. La razón no fue porque de golpe los empresarios son derechos y humanos, sino por miedo a caer presos debido a la vigencia de la Ley de Trata de Personas para explotación laboral, cuya condena no es excarcelable. A su vez, “la marca es dadora de trabajo a domicilio y debe estar inscripta como tal; es decir, su actividad está regulada por la Ley de Contrato a Domicilio. Por lo tanto, la marca está obligada a inspeccionar al intermediario y ver si se tiene la capacidad de producir lo que se le encarga, si esta capacidad no queda evidenciada, es indicador de que está tercerizando, y por lo tanto es responsable por Ley. Recordemos que el taller de Luis Viale estaba habilitado para sólo 5 máquinas y poseía más de 30. La Justicia tiene en sus manos varias causas cajoneadas, si los jueces fallaran “en favor de reforzar la responsabilidad solidaria y responsabilizar a las marcas, sería clave porque se les estaría enviando un mensaje a las empresas. Además, son las marcas las que tienen en sus manos el poder de invertir lo necesario para abrir las fábricas en las condiciones que haga falta”, dice Jerónimo.

3- Intervención y participación del campo popular: se han generado distintas instancias de debate en las que se distingue la necesidad de que costureros/as y trabajadores textiles se organicen y discutan cómo encarar el tema. El sindicato está estancado en su propia lógica, debido en parte a la cantidad de afiliados que tiene – expresan en el blog-, por lo que los/as trabajadores/as organizados/as son quienes exigirían modificaciones. La Alameda puso el tema en la agenda pública, realizaron el mapeo y registro de marcas involucradas; de allí surgió otra iniciativa de organización textil que no prospera; a partir del año pasado se conformó la Asamblea Textil de Flores y además el colectivo de migrantes Simbiosis Cultural quienes son los principales promotores de la construcción de estos espacios de discusión.

Todo está en movimiento para desenmascarar un modelo de producción textil extremadamente precarizado pero que produce cifras millonarias.
Luego de informarnos con esta nota y los links que en ella aportamos, cuando vayamos a comprar ropa pensemos en el fetichismo construido alrededor de una necesidad fundamental como es la vestimenta. Y pensemos que detrás de ese vestido o campera , hubo muchas manos de trabajadores y trabajadoras intentando no ser excluidos de un sistema capitalista que se empeña en naturalizar roles e identidades culturales que favorecen la explotación y subordinación entre nosotros.

(Fuente: Contrahegemonía)

Fuente: https://agenciaparalalibertad.org/

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