Estatales municipales y nacionales: casi 9 mil despidos en 20 días

Más allá de algunos episodios aislados en el sector privado (Techint, Cresta Roja), el sector estatal se perfila como el polo que encabezará la primera ola de conflictividad a partir de los despidos que se expanden en la órbita estatal. 

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Por Redacción APU

Preparando el terreno: demonizar al trabajador
Durante la campaña electoral, los medios hegemónicos desarrollaron en paralelo una campaña sucia contra los trabajadores estatales. El objetivo era condicionar la agenda del próximo presidente entorno a un ajuste del gasto público, con el trabajo como variable central, y, al mismo tiempo, generar legitimidad sobre la consecuente ola de despidos.

En ese marco, se inscribe el editorial de La Nación del 2 de octubre de 2015 “Explosión del Empleo Público” en la que se “alerta” sobre el crecimiento del empleo en el sector estatal entre 2014 y 2015 con eje en la filiación política de los trabajadores.

"La gestión kirchnerista en la materia destruyó lo que se conocía como carrera en la administración pública, los ingresos por concursos, y puso a la fidelidad política como único requisito para la entrada a la planta del Estado o de las empresas públicas", señala el Editorial.

"A esto hay que sumar el copamiento de distintas áreas del Estado por agrupaciones ultrakirchneristas, como La Cámpora", agrega el matutino aportando a la demonización de esta agrupación política.

En ese sentido, La Nación concluía colocando como desafío del nuevo gobierno la necesidad de "generar las condiciones para desmantelar tan perversa trama constituirá para el próximo presidente un desafío ciclópeo".

Para muestra solo basta un botón. De esta manera, medios como La Nación corrieron el eje de discusión acerca de la problemática laboral en el Estado: el verdadero problema del empleo público no son los “ñoquis” ni la filiación política sino la flexibilización y precariedad laboral que siguen padeciendo miles de trabajadores.
Poder Ejecutivo: disoluciones y ola de despidos

El flamante gobierno despidió el año con un DNU que colocó un revolver en la cabeza de los trabajadores del Estado. A través del decreto 254/2015, el Presidente instruyó a los ministros, secretarios, autoridades de organismos descentralizados y a las empresas y sociedades del Estado "a revisar los procesos concursales y de selección de personal".

La norma autoriza también a revisar "en un plazo no mayor de tres meses las designaciones efectuadas por procesos concursales de personal de dichos Ministerios u organismos durante los últimos dos años computados desde la vigencia del presente decreto".

Amparados en este marco (político y normativo) la gestión CAMBIEMOS lanzó una ola de despidos que ya acumula:

-Cámara de Senadores del Congreso Nacional: 2035 trabajadores despedidos.
-Centro Cultural Néstor Kirchner: 600 trabajadores despedidos.
-Jefatura de Gabinete: 120 trabajadores despedidos
-Grupo de Relevamiento de los Archivos de la Causa AMIA (GERAD): 14 trabajadores despedidos.

A estas cesantías se suma el destino que tendrán los trabajadores del Instituto Dorrego, disuelto recientemente bajo la promesa incierta de re-ubicación de sus empleados.

Los sindicatos del sector se encuentran en estado de alerta y movilización. Norberto Di Prospero, secretario general del gremio de legislativos (APL), señaló que “lo que hizo la vicepresidenta va en contra de la Ley de Empleados Legislativos. Vamos a apelar legalmente, por vía administrativa y ante la Justicia”.

Desde UPCN su secretario general Andrés Rodriguez negó públicamente la existencia de ñoquis en el Estado y repudió el tono peyorativo del concepto utilizado por funcionarios y periodistas.

Por su parte, el sindicato ATE marchó recientemente en respuesta al DNU macrista, donde confluyeron corrientes gremiales enroladas en la centrales conducidas por Hugo Yasky y Pablo Micheli en una valorable demostración de unidad en acción.

Onda expansiva: despidos en municipios de PBA

La ola de despidos ya comenzó a expandirse nivel municipal con focos de conflicto que ya estallaron en intendencias como La Plata, donde más de 3000 trabajadores entre empleados de planta permanente y cooperativistas fueron cesanteados.

El desagregado territorial arroja el siguiente escenario en Provincia de Buenos Aires:

-La Plata: más de 3000 trabajadores despedidos
-Quilmes: 1000 trabajadores despedidos.
-Malvinas Argentinas: 900 trabajadores despedidos.
-Coronel Vidal: 300 trabajadores despedidos.
-Lanús: 290 trabajadores despedidos.
-Coronel Suarez: 60 trabajadores despedidos.
-Adolfo Alsina: 60 trabajadores despedidos.
-Chascomús: 32 trabajadores despedidos.
-Esteban Echeverría: 30 trabajadores despedidos.

El secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), Rubén “Cholo” García, aseguró que “los telegramas comenzaron a llegar ayer, en el primer día hábil del año, por eso estamos evaluando con los sindicatos locales cuál es la situación concreta en cada distrito".

Asimismo, Garcia explicó que la Ley 14.656, que entró en vigencia el 6 de julio de 2015, garantiza la estabilidad del empleo público y el Salario Mínimo, Vital y Móvil “para los trabajadores que cumplen los 12 meses de servicio”.

La herencia

Posiblemente, la caza de brujas sobre los empleados ingresados en los últimos años hubiese sido inevitable, sobretodo en un clima de revanchismo político como el que se perfila en la actualidad.

No obstante, la indefensión de muchos trabajadores ante esta avanzada que tiene como variable de ajuste al trabajo se ve agravada por inestabilidad laboral de muchos de ellos. Si hablamos de “herencia”, la más grave de todas es la “herencia” de la precarización laboral en el Estado, que pese a algunas efectivizaciones de último momento, sigue siendo el principal flagelo del estatal.

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Fuente: agenciapacourondo.com.ar

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