Frente a la masacre de Totonicapán.

(AW)El pasado 4 de Octubre el gobierno guatemalteco disparó indiscriminadamente contra tres mil personas que se manifestaban pacíficamente en contra el aumento de precios en la energía eléctrica y la nueva reforma educativa. La represión asesinó a 8 personas e hirió a otras 35. Diversas organizaciones manifiestan su descontento porque nuevamente se aprese a los mandos más bajos aduciendo "delito de ejecución extrajudicial" y no se reconozca la verdadera responsabilidad de los hechos; y exigen también la desmilitarización de las regiones indígenas de los 48 cantones.
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Los 48 cantones, las causas de las protestas y el proceso judicial

Totonicapán es un departamento situado en la región su-occidental de Guatemala, a una distancia de 203 kilómetros de la ciudad capital. Tiene un nivel de pobreza es del 69.92% con un porcentaje de pobreza extrema del 21.24%, según el Censo X de población y V de habitación 1994. Es también uno de los departamentos más organizados y uno de los más reprimidos en la historia del país. Los altos niveles de participación están basados en valores y procedimientos tradicionales. De este modo, las comunidades han mantenido por más de 200 años una organización de 48 cantones dirigida por alcaldías indígenas, que a diferencia de otras experiencias en la región no son asistentes del Alcalde Municipal, sino son Autoridades Locales reconocidas a través del consenso comunal. Los "48″ están organizados en cinco juntas directivas que resguardan los recursos naturales de la zona, la seguridad y las decisiones comunitarias. Uno de los mayores levantamientos del pueblo Kiche, fue protagonizado en 1820 con Atanasio Tzul como primer representante de los 48 cantones, imponiendo un gobierno propio que duró 20 días antes de ser brutalmente reprimido.

El 04 de octubre del 2012, al menos tres mil personas manifestaron pacíficamente sobre la carretera Interamericana a 170 km de la ciudad. Sus demandas eran contra el aumento de precios en la energía eléctrica y la nueva reforma educativa que pretende prolongar los años de preparación para profesores y que hará, según los inconformes, que un gran número de estudiantes de bajos recursos no pueda continuar sus estudios. La respuesta del Estado guatemalteco fue la represión armada, disparando indiscriminadamente a niños, mujeres y hombres con un saldo de 8 muertos y 35 heridos. Se trata de la primera masacre perpetrada por el ejército después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996.

Pese que al gobierno negó los hechos, argumentando versiones confusas en las que inicialmente se acuso a miembros de una policía privada o que fueron disparos al aire, un equipo del Ministerio Público dirigido por la abogada Claudia Paz estableció por el contrario que se trato de un acto premeditado, toda vez que las personas asesinadas presentaban perforaciones de bala con galil, en partes vitales del cuerpo (torax, espalda, estomago) utilizadas por el ejército. Asimismo, los testimonios contradijeron la posición oficial que después de las primeras investigaciones se retracto aduciendo un "rompimiento de la cadena de mando" por parte del coronel Juan Chiroy y 9 soldados que se encuentran procesados bajo el delito de ejecución extrajudicial.

Los líderes de los 48 cantones se presentan actualmente como querellante adhesivos[1] en contra del Estado para demandar una investigación exhaustiva de los hechos y para establecer la responsabilidad de altos mandos del ejército. Asimismo, manifiestan su descontento porque nuevamente se aprese a los mandos más bajos -en su mayoría indígenas pobres-, sin por ello dejar de reconocer su responsabilidad en los hechos. El Ministerio Publico también se encuentra identificando y persiguiendo legalmente a los campesinos indígenas que participaron en la manifestación bajo el señalamiento penal de "figuras delictivas de atentado y daño agravado", por las heridas causadas a miembros del ejército y por el incendio de un vehículo militar. Sin embargo, las declaraciones de la fiscalía a cargo del caso afirman que no se puede imputar a los sospechosos de delito de manifestación ilícita toda vez que se estableció que los manifestantes no portaban armas y que las lesiones ocasionadas a miembros del ejército y policía antimotines fueron leves, bastante comunes en procesos de disolución de manifestaciones. Ante los hechos, la presión internacional y sectores sociales nacionales exigen al gobierno del ex-general Otto Perez Molina no utilizar las fuerzas armadas en acciones de seguridad civil. Se exige también la desmilitarización de las regiones indígenas, mismas que sufrieron una guerra de 36 años y principales agravadas del genocidio.
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[1] Persona o asociación agraviada por el hecho delictivo que interviene en el proceso como parte acusadora, provocando la persecución penal o adhiriéndose a la ya iniciada por el Ministerio Público.

Fuente: Agencia Subversiones (Por Jerónimo Díaz y Marina Yoc)

Fuente: agenciawalsh.org

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