Por Laureano Barrera
Gerentes de personal. La minoridad es para ciertos uniformados una prolÃfica cantera de oro. (NA).
Marcelo Ponce vive hace tiempo en Bruselas, Bélgica. Tal vez por eso no sospechó nada cuando, cruzando calle 1 por la diagonal 74 –que lleva a la Autopista La Plata-Buenos Aires–, dos pibes jóvenes le pasaron por al lado. Diez metros después, venÃa otra pareja de jóvenes. Entre los cuatro lo rodearon, lo golpearon en el piso y le sacaron 300 pesos. La policÃa detuvo a uno de ellos, y un uniformados le comentó que el padre del apresado “trabajaba o bien para la policÃa o bien con abogados que estaban en contacto con la policÃa”, dice la denuncia que el hombre escribió de puño y letra (ver relacionada).
“Hay varios elementos que están en el expediente que sugieren que entre los ladrones y esa policÃa habÃa algún tipo de arreglo”, dice Marcelo Ponce Núñez, abogado de ATE, además de letrado particular y hermano de la vÃctima. Uno de ellos es lo que le dijo un policÃa al hombre después de recibir la paliza. Pero hay más. “Te doy sólo un detalle –agrega Ponce Núñez–. La fiscal soltó al ladrón porque mi hermano no habÃa hecho la denuncia. Ahora fijate qué cómico: cuando mi hermano fue, lo tuvieron más de dos horas esperando para tomarle la declaración”, dice Núñez.
El reclutamiento no es una herramienta en desuso, a la que sólo echaban mano los Porongas de la Maldita PolicÃa al tiempo que el neoliberalismo arrasaba los tejidos sociales. Es una práctica endémica, extendida y actual en la policÃa provincial. El último caso es del jueves pasado: en conferencia de prensa, el intendente de Morón, Lucas Ghi, y el diputado bonaerense de Nuevo Encuentro, Marcelo SaÃn –uno de los ideólogos de la reforma de León Arslanian que aspiraba a un control polÃtico y civil de la Fuerza– revelaron que la muerte de Alexander Damián Zarcovich, cerca de los monoblocks del barrio Carlos Gardel donde vivió sus 16 años, no fue un robo, persecución y tiroteo, la trÃada que presentó como versión de los hechos la Brigada de El Palomar, sino un fusilamiento, liso y llano.
El sargento Pablo Mariano Carballo y la sargento Noelia Aquilino, informaron en el acta de procedimiento que iban a bordo del patrullero 12608, cuando vieron a dos chicos queriendo robar a dos motoqueros. Los persiguieron hasta el barrio Carlos Gardel y allà Alexander, luego de levantar las manos, hizo fuego contra la patrulla. Carballo entonces respondió y el balazo fue certero, en la cabeza. Hasta allÃ, el parte policial. Pero los vecinos vieron que quién disparaba, solamente, era la sargento Aquilino. Tampoco se explica por qué Carballo habrÃa disparado con la zurda siendo derecho. Y además: los videos de las cámaras de seguridad, que el comisario Alberto Ramón Reynoso fue a pedir –bajo amenazas– esa misma noche al centro de comando municipal, no mostraban ni motoqueros, ni robo, ni arma de Alexander. Los vecinos dijeron que en la zona era conocido que Zarcovich robaba para la policÃa.
El derrotero. Tristemente, la historia del reclutamiento en las filas de la Bonaerense tiene la misma edad que las ejecuciones sumarias o las desapariciones. Pero el desperezar de esta canallada a la luz pública podrÃa estar marcado por algunos casos graves que llegaron a los medios: la desaparición del joven Luciano Arruga por medio de la policÃa de La Matanza, quien le habÃa contado a sus familiares que lo habÃan parado más de una vez por la calle, y que también más de una vez le habÃan ofrecido trabajar para ellos. La negativa de Luciano estaba directamente ligada al hostigamiento. Y a su desaparición.
El asesinato de Ricardo Barrenechea, el ingeniero de San Isidro, generó estupor porque los ladrones lo mataron a sangre frÃa en el rellano de la escalera de su casa, y también hirieron a su hijo adolescente. Se convirtió en otro caso testigo de este recurso del bajo fondo policial. Movimientos rápidos y planificados, sin presencia policial a la vista y para colmo, un juego de llaves con las que los asaltantes abrieron una puerta de servicio. Después, lo conocido: los medios multiplican la tragedia disociándola casi siempre de sus causas sociales, y la policÃa sale a buscar culpables con los prontuarios en la guantera, como el tiburón que huele sangre: en el caso del ingeniero, extraÃdos de un expediente que tramitaba en la FiscalÃa de Delitos Complejos de San Isidro, donde se habÃan vinculado a bandas de menores de 12 o 13 años que venÃan de otros partidos a robar con sospechosa tranquilidad, reclutados por un narcotraficante de apellido Agüero y apodo Tatula. En esas fichas estaban marcados “Kitu” –cuya relación con la fuerza quedó expuesta-, “Jhonatan”, y el chivo expiatorio de la causa –según denunciaba su abogada Florencia Arietto–: “Brian”.
El año pasado, fue condenado a 38 años de cárcel Daniel Orlando Danese, que hacÃa de campana esa madrugada del 2008. Pero la causa contra quienes eran menores –Kitu, Chuna, Brian– siguió. Hoy esa causa está por iniciar el juicio oral.
En la cárcel, se le hizo una cámara oculta a Kitu donde no sólo habla del caso –aunque sostiene que él no estuvo aquel dÃa–, sino que cuenta cuál era su vÃnculo con la policÃa de Villegas.
–SÃ, a mi todos los dÃas me ponÃan una pistola para dejarme en cana –se lo oye decir a Kitu, vestido con la camiseta de Argentina.
–¿Qué te hacÃan? –pregunta el periodista que llevó la cámara.
–Me ponÃan una pistola para dejarme en cana. Me iban a dejar re en cana si no les daba plata.
–La cana. ¿Qué cana?
–La de mi barrio.
–¿Pero cuál es? Yo no sé cuál es tu barrio…
–Villegas, Ciudad Evita.
La prueba difÃcilmente tenga valor judicial. El método de revelaciones con cámara oculta no suele ser tenido en cuenta por la Justicia porque suelen ser autoincriminaciones, que son inconstitucionales. A pocos dÃas de publicitarse ese video, Kitu fue apuñalado en una de las unidades de san MartÃn.
“Casos como éstos pasan todos los dÃas. HabÃa un pibe que me contó que en La Horqueta liberaban la zona y lo apretaron mucho para que saliera a robar, se negó y le armaron una causa que no pude demostrar que era armada”, dice una defensora oficial bonaerense. La causa armada es muy difÃcil de reconocer en un expediente judicial, dice la defensora, pero relativamente fácil de hacer. “Es fácil plantar un arma, buscás un testigo que la vea (no es necesario que se observe si el imputado la tenÃa o no encima), los dichos del personal policial y a otra cosa, es una condena segura”, agrega.
Aquella vez, la funcionaria fue un sábado a la noche a la comisarÃa de La Horqueta. Sólo alojaban mujeres, pero las presas le dijeron que habÃa un hombre que habÃa estado gritando todo el dÃa. “De hecho yo lo escuché”, dice. Cuando salió del calabozo y preguntó por el hombre, el comisario le dijo que lo habÃan llevado al cuerpo médico, pero no habÃa ninguna constancia de la detención. “Cabe plantearse o bien que lo habrÃan agarrado en algún hecho y les dio plata por su libertad y para no hacerle la causa, o era alguien que reclutaban”, dice la operadora judicial.
Un proyecto judicial impulsado por Daniel Scioli propone la denegatoria de excarcelación para los procesados que porten armas, lo que en la práctica dotarÃa a la Bonaerense de un “arma” más. SerÃa más fácil presionar con el armado de causas sabiendo que inexorablemente quedan presos.
Denuncias y contradenuncias. El juez contencioso administrativo Luis Arias denunció esta modalidad policial y la pasividad judicial para investigarla, cuando Carlos Stornelli era el ministro de Seguridad de la provincia. Y dictó una medida para que en La Plata, la policÃa no pudiera detener jóvenes en la comisarÃa, una de las grandes herramientas para presionar para el robo, Stornelli, que en aquel entonces intentaba recuperar el poder de policÃa sobre los menores perdido en 2008 cuando se creó el Fuero Penal Juvenil, lo denunció ante la Justicia.
Pero pronto tuvo que desdecirse. A fines de 2009, antes de renunciar, el hoy fiscal denunció que la policÃa utilizaba menores para delinquir y –dijo entonces– desestabilizar al gobierno de Daniel Scioli. La causa la tomó el fiscal platense Marcelo Romero. Stornelli aportó pruebas y puso a disposición los recursos del ministerio. La última medida que tomó Romero en esa causa es de rutina y data de abril de 2010. No hubo ni siquiera indagados. Son claros ejemplos de investigaciones en las que se le da la iniciativa a la propia policÃa para que se investigue a sà misma.
La pata judicial es un puntal sobre el que se afirma esta operatoria. En el ataque a la joven embarazada Carolina PÃparo, en cuyo dictamen de pedido de elevación a juicio del caso el fiscal hizo un alegato polÃtico sobre la inseguridad, no investigó sin embargo la conexión policial ni la zona liberada. En su declaración, uno de los acusados del caso, Luciano López, denuncia a Calvimonte –otro de los miembros de la banda– y lo vincula con reclutamiento de pibes. Sin embargo, en su momento, Romero dejó esa pista en manos de Asuntos Internos, lo que prácticamente implica abandonarla.
Cada tanto, los adolescentes quieren salirse del negocio, pero la televisión ya los ha convertido en enemigos públicos. Para sus empleadores en la sombra, se vuelven obsoletos. En tal caso, la desvinculación es sencilla y sin telegrama: un tiro en la nuca en cualquier baldÃo. Mientras, las causas judiciales que podrÃan develar esta trama mafiosa duermen en los cajones de la Justicia bonaerense que, cómplice o temerosa, parece no estar dispuesta a tirar del hilo.