Contra el desempleo infantil.

Por Laureano Barrera

lbarrera@miradasalsur.com

Gerentes de personal. La minoridad es para ciertos uniformados una prolífica cantera de oro. (NA).

Un caso en La Plata puso otra vez en relieve el reclutamiento policial de menores pobres para delinquir.

Marcelo Ponce vive hace tiempo en Bruselas, Bélgica. Tal vez por eso no sospechó nada cuando, cruzando calle 1 por la diagonal 74 –que lleva a la Autopista La Plata-Buenos Aires–, dos pibes jóvenes le pasaron por al lado. Diez metros después, venía otra pareja de jóvenes. Entre los cuatro lo rodearon, lo golpearon en el piso y le sacaron 300 pesos. La policía detuvo a uno de ellos, y un uniformados le comentó que el padre del apresado “trabajaba o bien para la policía o bien con abogados que estaban en contacto con la policía”, dice la denuncia que el hombre escribió de puño y letra (ver relacionada).
“Hay varios elementos que están en el expediente que sugieren que entre los ladrones y esa policía había algún tipo de arreglo”, dice Marcelo Ponce Núñez, abogado de ATE, además de letrado particular y hermano de la víctima. Uno de ellos es lo que le dijo un policía al hombre después de recibir la paliza. Pero hay más. “Te doy sólo un detalle –agrega Ponce Núñez–. La fiscal soltó al ladrón porque mi hermano no había hecho la denuncia. Ahora fijate qué cómico: cuando mi hermano fue, lo tuvieron más de dos horas esperando para tomarle la declaración”, dice Núñez.
El reclutamiento no es una herramienta en desuso, a la que sólo echaban mano los Porongas de la Maldita Policía al tiempo que el neoliberalismo arrasaba los tejidos sociales. Es una práctica endémica, extendida y actual en la policía provincial. El último caso es del jueves pasado: en conferencia de prensa, el intendente de Morón, Lucas Ghi, y el diputado bonaerense de Nuevo Encuentro, Marcelo Saín –uno de los ideólogos de la reforma de León Arslanian que aspiraba a un control político y civil de la Fuerza– revelaron que la muerte de Alexander Damián Zarcovich, cerca de los monoblocks del barrio Carlos Gardel donde vivió sus 16 años, no fue un robo, persecución y tiroteo, la tríada que presentó como versión de los hechos la Brigada de El Palomar, sino un fusilamiento, liso y llano.
El sargento Pablo Mariano Carballo y la sargento Noelia Aquilino, informaron en el acta de procedimiento que iban a bordo del patrullero 12608, cuando vieron a dos chicos queriendo robar a dos motoqueros. Los persiguieron hasta el barrio Carlos Gardel y allí Alexander, luego de levantar las manos, hizo fuego contra la patrulla. Carballo entonces respondió y el balazo fue certero, en la cabeza. Hasta allí, el parte policial. Pero los vecinos vieron que quién disparaba, solamente, era la sargento Aquilino. Tampoco se explica por qué Carballo habría disparado con la zurda siendo derecho. Y además: los videos de las cámaras de seguridad, que el comisario Alberto Ramón Reynoso fue a pedir –bajo amenazas– esa misma noche al centro de comando municipal, no mostraban ni motoqueros, ni robo, ni arma de Alexander. Los vecinos dijeron que en la zona era conocido que Zarcovich robaba para la policía.

El derrotero. Tristemente, la historia del reclutamiento en las filas de la Bonaerense tiene la misma edad que las ejecuciones sumarias o las desapariciones. Pero el desperezar de esta canallada a la luz pública podría estar marcado por algunos casos graves que llegaron a los medios: la desaparición del joven Luciano Arruga por medio de la policía de La Matanza, quien le había contado a sus familiares que lo habían parado más de una vez por la calle, y que también más de una vez le habían ofrecido trabajar para ellos. La negativa de Luciano estaba directamente ligada al hostigamiento. Y a su desaparición.
El asesinato de Ricardo Barrenechea, el ingeniero de San Isidro, generó estupor porque los ladrones lo mataron a sangre fría en el rellano de la escalera de su casa, y también hirieron a su hijo adolescente. Se convirtió en otro caso testigo de este recurso del bajo fondo policial. Movimientos rápidos y planificados, sin presencia policial a la vista y para colmo, un juego de llaves con las que los asaltantes abrieron una puerta de servicio. Después, lo conocido: los medios multiplican la tragedia disociándola casi siempre de sus causas sociales, y la policía sale a buscar culpables con los prontuarios en la guantera, como el tiburón que huele sangre: en el caso del ingeniero, extraídos de un expediente que tramitaba en la Fiscalía de Delitos Complejos de San Isidro, donde se habían vinculado a bandas de menores de 12 o 13 años que venían de otros partidos a robar con sospechosa tranquilidad, reclutados por un narcotraficante de apellido Agüero y apodo Tatula. En esas fichas estaban marcados “Kitu” –cuya relación con la fuerza quedó expuesta-, “Jhonatan”, y el chivo expiatorio de la causa –según denunciaba su abogada Florencia Arietto–: “Brian”.
El año pasado, fue condenado a 38 años de cárcel Daniel Orlando Danese, que hacía de campana esa madrugada del 2008. Pero la causa contra quienes eran menores –Kitu, Chuna, Brian– siguió. Hoy esa causa está por iniciar el juicio oral.
En la cárcel, se le hizo una cámara oculta a Kitu donde no sólo habla del caso –aunque sostiene que él no estuvo aquel día–, sino que cuenta cuál era su vínculo con la policía de Villegas.
–Sí, a mi todos los días me ponían una pistola para dejarme en cana –se lo oye decir a Kitu, vestido con la camiseta de Argentina.
–¿Qué te hacían? –pregunta el periodista que llevó la cámara.
–Me ponían una pistola para dejarme en cana. Me iban a dejar re en cana si no les daba plata.
–La cana. ¿Qué cana?
–La de mi barrio.
–¿Pero cuál es? Yo no sé cuál es tu barrio…
–Villegas, Ciudad Evita.
La prueba difícilmente tenga valor judicial. El método de revelaciones con cámara oculta no suele ser tenido en cuenta por la Justicia porque suelen ser autoincriminaciones, que son inconstitucionales. A pocos días de publicitarse ese video, Kitu fue apuñalado en una de las unidades de san Martín.
“Casos como éstos pasan todos los días. Había un pibe que me contó que en La Horqueta liberaban la zona y lo apretaron mucho para que saliera a robar, se negó y le armaron una causa que no pude demostrar que era armada”, dice una defensora oficial bonaerense. La causa armada es muy difícil de reconocer en un expediente judicial, dice la defensora, pero relativamente fácil de hacer. “Es fácil plantar un arma, buscás un testigo que la vea (no es necesario que se observe si el imputado la tenía o no encima), los dichos del personal policial y a otra cosa, es una condena segura”, agrega.
Aquella vez, la funcionaria fue un sábado a la noche a la comisaría de La Horqueta. Sólo alojaban mujeres, pero las presas le dijeron que había un hombre que había estado gritando todo el día. “De hecho yo lo escuché”, dice. Cuando salió del calabozo y preguntó por el hombre, el comisario le dijo que lo habían llevado al cuerpo médico, pero no había ninguna constancia de la detención. “Cabe plantearse o bien que lo habrían agarrado en algún hecho y les dio plata por su libertad y para no hacerle la causa, o era alguien que reclutaban”, dice la operadora judicial.
Un proyecto judicial impulsado por Daniel Scioli propone la denegatoria de excarcelación para los procesados que porten armas, lo que en la práctica dotaría a la Bonaerense de un “arma” más. Sería más fácil presionar con el armado de causas sabiendo que inexorablemente quedan presos.

Denuncias y contradenuncias. El juez contencioso administrativo Luis Arias denunció esta modalidad policial y la pasividad judicial para investigarla, cuando Carlos Stornelli era el ministro de Seguridad de la provincia. Y dictó una medida para que en La Plata, la policía no pudiera detener jóvenes en la comisaría, una de las grandes herramientas para presionar para el robo, Stornelli, que en aquel entonces intentaba recuperar el poder de policía sobre los menores perdido en 2008 cuando se creó el Fuero Penal Juvenil, lo denunció ante la Justicia.
Pero pronto tuvo que desdecirse. A fines de 2009, antes de renunciar, el hoy fiscal denunció que la policía utilizaba menores para delinquir y –dijo entonces– desestabilizar al gobierno de Daniel Scioli. La causa la tomó el fiscal platense Marcelo Romero. Stornelli aportó pruebas y puso a disposición los recursos del ministerio. La última medida que tomó Romero en esa causa es de rutina y data de abril de 2010. No hubo ni siquiera indagados. Son claros ejemplos de investigaciones en las que se le da la iniciativa a la propia policía para que se investigue a sí misma.
La pata judicial es un puntal sobre el que se afirma esta operatoria. En el ataque a la joven embarazada Carolina Píparo, en cuyo dictamen de pedido de elevación a juicio del caso el fiscal hizo un alegato político sobre la inseguridad, no investigó sin embargo la conexión policial ni la zona liberada. En su declaración, uno de los acusados del caso, Luciano López, denuncia a Calvimonte –otro de los miembros de la banda– y lo vincula con reclutamiento de pibes. Sin embargo, en su momento, Romero dejó esa pista en manos de Asuntos Internos, lo que prácticamente implica abandonarla.
Cada tanto, los adolescentes quieren salirse del negocio, pero la televisión ya los ha convertido en enemigos públicos. Para sus empleadores en la sombra, se vuelven obsoletos. En tal caso, la desvinculación es sencilla y sin telegrama: un tiro en la nuca en cualquier baldío. Mientras, las causas judiciales que podrían develar esta trama mafiosa duermen en los cajones de la Justicia bonaerense que, cómplice o temerosa, parece no estar dispuesta a tirar del hilo.

 

Fuente: Miradas al Sur

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