Aborto: los puntos centrales del debate.


Dos proyectos de ley proponen legalizar el aborto, total o parcialmente. Elementos para entender la discusión.

 

Aunque existe la figura del aborto no punible, en caso de violación, la interrupción del embarazo no es legal en la Argentina. Hay siete proyectos de ley que buscan regular el tema esperando ser tratados en el Congreso. Entre los principales están los dos firmados ayer en la Comisión de Legislación Penal en una reunión de minoría, puesto que no se alcanzó el quorum. El que obtuvo la mayor cantidad de firmas busca la legalización del aborto con una nueva ley, y el segundo propone modificar la legislación actual especificando los casos en que no sería punible.
El primero fue presentado por un grupo de asociaciones que militan por la legalización del aborto. La iniciativa propone “aborto legal, seguro y gratuito", según el lema de la campaña, y el proyecto está firmado por 50 legisladores.
El primer artículo del proyecto postula que “toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las doce primeras semanas del proceso gestacional”
. Plantea, además, la posibilidad de extender ese plazo, en caso de que el embarazo sea producto de una violación, si está en riesgo la salud de la mujer o si hay malformaciones graves. Según este proyecto, un médico puede manifestar objeción de consciencia y el establecimiento sanitario tiene que velar por que haya otros profesionales dispuestos a realizar el aborto.
El segundo proyecto busca modificar la ley actual, permitiendo el aborto en caso de violación o de riesgo para la vida de la madre durante los primeros tres meses.
Hasta ahora, los únicos abortos permitidos son los que se encuadran dentro del artículo 86 del Código Penal, que define la figura del “aborto no punible”. Establece que un aborto es legal en caso de peligro para la salud o la vida de la madre. También, “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”.
La ley jamás fue reglamentada, lo que genera discrepancias en su interpretación. Los médicos acuden a la justicia para cerciorarse que cada caso entra en el marco legal. Este procedimiento lleva tiempo, y en muchos casos se extiende más allá del plazo para abortar. La incertidumbre alrededor de la ley alcanza, incluso, a los jueces. Hay casos en que se pidió el juicio político a jueces que autorizaron abortos producto de violaciones.
Obtener cifras sobre el número de abortos en la Argentina es muy difícil. Se estima que serían alrededor de 460 mil por año, según la “Guía técnica para la atención de los abortos no punibles” del Ministerio de Salud. El aborto es la principal causa de mortalidad materna, causante de 87 de las 410 muertes registradas en 2009, de acuerdo a las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Salud. En cuanto a los abortos no punibles, el Ministerio no recopila la información.
En la mayor parte de los países desarrollados el aborto es legal. Incluso en algunos en vías de desarrollo como China, donde existe control de la natalidad. Según un estudio del Guttmacher Institute de Estados Unidos, entre 1995 y 2003 el número de abortos seguros en el mundo bajó un 15% (de 25.6 millones a 21.9). Entretanto el número de abortos inseguros, realizados en su gran mayoría en países con leyes restrictivas sólo descendió de 19.9 millones a 19.7 millones, es decir 0,01 por ciento.
Para quienes se oponen a la legalización del aborto, como la diputada Cynthia Hotton (Valores Para Mi País) la prioridad es “defender la vida [desde la concepción]”. Su propuesta es “traer soluciones a las situaciones asociadas a los embarazos no deseados”, que incluyen “mejorar el sistema de seguridad para que no hayan (sic) tantas violaciones”, garantizar “la educación sexual" y también un “sistema de salud integral para la mujer embarazada.”
Cecilia Merchán (Libres del Sur), autora del proyecto de legalización aprobado en comisión, argumenta por otro lado que hoy “en Argentina la clandestinidad [del aborto] es para todas. Hay un sector social que no tiene el dinero para acceder a una clínica privada y termina haciéndolo en condiciones deplorables para su salud, mientras que la que tiene dinero puede acceder a una clínica privada, clandestina pero segura.”

 

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