¿Julio López también fue mujer?

por Federico Coutaz /

Asesinada a puñaladas por dos pibes que se autoincriminan en un aparente intento de robo. Así se supone que murió el año pasado una reconocida militante de derechos humanos santafesina que era testigo clave en una de las causas más resonantes de la Provincia. Una historia que socava los relatos de época, un crimen que se barre bajo esa alfombra que nos enorgullece.

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Ilustración: Luciano Espeche

La historia que aquí se cuenta parece extraída de otro tiempo. Por momentos, da la sensación de que nunca sucedió o de que jamás trascendió. Su magnitud no impide que se trate de un caso que muy pocos registran en el país de los derechos humanos. El crimen de Silvia Suppo nunca fue incluido en las páginas de política de los diarios. Gobiernos de distinto signo lo redujeron a un suceso policial resuelto en cuestión de horas por la policía santafesina.

El asesinato, hace más de un año, de una militante que en la dictadura fue secuestrada y en la democracia se convirtió en testigo clave en los juicios contra los genocidas, tampoco fue tomado como prioridad por gran parte del activismo que trabaja sobre la memoria. La indiferencia resulta difícil de comprender para los que entienden que, junto con la desaparición de Julio López, inaugura una serie de ataques para eliminar testigos. Sus consecuencias lo confirman: muchos sienten miedo de declarar en las causas que aún quedan abiertas. El reciente secuestro de Víctor Martínez en San Nicolás parece ser el último capítulo de la misma saga.

Paradojas de esta era. A medida que los juicios contra los genocidas comenzaron a realizarse y los aparatos estatales se dedicaron a institucionalizar los discursos de los organismos de derechos humanos, la semana del 24 de marzo se volvió cada vez más oficial. Su contrapartida son los repetidos actos de intimidación, amenazas, volanteadas y pintadas provenientes de grupos relativamente anónimos, cuya modalidad operativa quizás sea tiempo de desentrañar.

Versión olvido

A menos de 24 horas de producido el asesinato, la policía ya había identificado a los presuntos autores. Casi al mismo tiempo, Rodolfo Valentino Cóceres, de 23 años, y Rodrigo Sosa, de 19, se entregaron y declararon culpables. Con sus confesiones y otros mínimos elementos de prueba, el juez de Rafaela, Alejandro Mognaschi, estuvo a punto de cerrar la investigación y elevar la causa a juicio oral y público. Contaba para eso con el aval de la fiscal, Cristina Fortunato.

Nadie indagó demasiado en las historias que rodean al caso ni en la hipótesis del crimen por encargo con otros implicados. Rodrigo Sosa acredita antecedentes policiales por robo desde los 15 años. Nació y vivió desde siempre en Rafaela. Le dicen “Sosita” se declara analfabeto y tiene 12 hermanos. Hasta el día en que se entregó a la policía, lavaba autos en la calle. Su cara en el expediente es la de un adolescente que se acaba de despertar de una sueño profundo y mira al lente con un odio aún contenido. Según su declaración, trabajaba en la cuadra del negocio “Siempre cuero” que pertenecía a Suppo, y conocía de vista a Silvia: se había ofrecido varias veces para lavarle el auto.

Rodolfo Cóceres es primo de Sosa. Aunque nació en San Agustín, un barrio periférico de Santa Fe, vivía desde hace un mes en la casa de su primo. En la primera foto que la policía registra de su cara, es un adolescente de pelo lacio largo y mirada luminosa. En la segunda, su pelo se comprime en un rodete y su rostro se endurece de tensión.

En su declaración, los dos aseguraron que habían planeado el robo la noche anterior al crimen. Su relato es lineal y deja un océano de dudas. El 29 demarzo de 2010, pasadas las 9 de la mañana, Cóceres y Sosa entraron al local armados con cuchillos. Dicen que, cuando sorprendieron a Silvia, ella le quitó el cuchillo a Sosa (de la cintura o de la mano, según se atienda la declaración de uno u otro). Como respuesta, Cóceres la tomó por la espalda y le dio un puntazo en el frente. Enseguida “Sosita” recuperó su arma y la apuñaló varias veces.

Quisieron ocultar el cuerpo para que no se viera desde la calle y la llevaron hasta la parte de atrás del negocio. Robaron apenas 200 pesos de la caja, un teléfono celular y algunos accesorios de una vitrina. No se llevaron objetos de mayor valor, como platería fina y ropa de cuero, ni tampoco ingresaron al domicilio de Silvia.

Cóceres no estaba tranquilo. Antes de salir le dijo a Sosa que se fijara si estaba viva porque podía “revivir y denunciarlos”. El más joven entendió la consigna: volvió sobre el cuerpo y le clavó dos o tres veces el puñal, esta vez en la espalda.

Salieron del negocio caminando con el ínfimo botín, tomaron un remis, pararon en un descampado y tiraron los cuchillos y la ropa que los incriminaba. Entonces se lanzaron a una fuga circular. Pasaron por la casa de Sosa en Rafaela y la de Cóceres en Santa Fe, de ahí viajaron hasta Junín, a la casa de un hermano de Cóceres, con una escala previa en San Nicolás que hasta hoy no queda clara. En Junín comprobaron que la noticia ya había llegado a la televisión. Se asustaron. Decidieron volver a Santa Fe y entregarse.

Los cuchillos y la ropa fueron encontrados en el lugar que los acusados dijeron. Los elementos robados fueron devueltos voluntariamente por sus familiares. La autopsia indica que las heridas de muerte podrían haber sido realizadas con las armas que se hallaron. ¿Colorín colorado?

Ella y sus dos muertes

Rafaela, la perla del Oeste, está ubicada a 90 km de Santa Fe y exporta sus productos a 86 países. Tiene, según las estadísticas o la mitología, cien mil habitantes y la menor desocupación de todo el país. Además de mucha soja y unas cuantas vacas, Rafaela fabrica válvulas para Ferrari y alguna vez llegó incluso a ser sede de la Fórmula 1. Ciudad modelo, forjada por piamonteses y alemanes, relata historias de inmigrantes que empezaron con nada, rinde culto al esfuerzo y se jacta de no haber engendrado piqueteros. Desde el regreso de la democracia no se habían registrado asesinatos políticos ni tampoco crímenes de estas dimensiones con intención de robo. El caso Suppo incomoda, desbarata la imagen de orden y prosperidad. Como antes incomodaron la historia de los 12 desaparecidos de la ciudad, que la tozudez de Silvia y otros militantes mantuvieron viva años tras año.

El lunes 29 de marzo de 2010, entre las 9 y las 10 de la mañana, Silvia fue asesinada de nueve puñaladas, dentro de “Siempre cuero” Cinco días antes, el 24 de marzo, había estado en los actos en repu- dio del golpe del 76 que se realizaron en esa ciudad.

El 5 de octubre de 2009 había dado su testimonio en la causa Brusa cuyo resultado fue la primera condena en Santa Fe por crímenes de lesa humanidad. El 22 de diciembre de 2009 los represores Víctor Brusa (ex juez federal), Juan Calixto Perizotti, María Eva Aebis, Mario Facino, Héctor Colombini y Eduardo “Curro” Ramos merecieron penas de entre 19 y 23 años de prisión. Pero Silvia todavía tenía que declarar en otras causas.

Como la de Julio López, desaparecido desde septiembre de 2006, su vida dibuja una línea directriz entre dos momentos muy distintos que, sin embargo, repiten componentes y comportamientos. Silvia había sido secuestrada en Rafaela el 24 de mayo de 1977. Entonces, la trasladaron a un centro clandestino en Santa Fe, donde fue torturada y violada. Quedó embarazada y la trasladaron de su lugar de cautiverio para realizarle un aborto.

Los principales medios de Rafaela devaluaron su muerte a un mero caso policial, le otorgaron un tratamiento sensacionalista y negaron toda vinculación política. La Justicia hizo más o menos lo mismo. Un crimen político complica tanto el relato mediático como lo favorece un caso de “inseguridad” esa palabra que, con todas sus implicancias políticas e ideológicas figura en el auto de procesamiento.

Las dudas

En alguno de sus tantos juegos metafísicos, Borges especula con la hipótesis de que el mundo fue creado hace pocos minutos provisto de una humanidad engendrada con una falsa memoria. Una especie de ensoñación que, sin embargo, puede ser tomada como válida. Los pibes se declararon culpables y dieron detalles de sus pasos, sin que hubiera existido antes ningún elemento contundente en su contra. Su relato puede resultar convincente para algunos pero no tanto la indagatoria: prácticamente no se les pregunta nada, sólo que cuenten con detalles los hechos, si alguien les encargó el crimen y si conocen la causa Brusa. A las dos últimas preguntas contestan que no. ¿Qué pasa si mintieron? En todo el expediente judicial, la prueba principal contra ellos es su propio relato. No hay huellas en el local, no hay rastros identificables en la ropa ni en los cuchillos, no se pudo ubicar (¡en Rafaela!) al chofer del remis que los llevó hasta su casa después del crimen. Tampoco hay ninguna prueba del trayecto que dicen haber realizado desde Rafaela en adelante.

Si en el juicio, deciden cambiar la decla ración y decir, por ejemplo, que obraron bajo presión, no va a ser fácil probar en su contra algo más que falso testimonio. Mientras tanto, los autores materiales o intelectuales gozan de un tiempo que se expande sin una investigación eficaz. Dicen que no querían matarla sino sólo robarle y luego, que decidieron rematarla por miedo a que los reconociera. Pero entraron a cara descubierta y Suppo conocía a Sosa.

Del expediente judicial, emana un sinfín de interrogantes. Hay quienes piensan que las heridas del cuerpo no fueron provocadas en movimiento sino causadas por alguien que sabía matar de manera profesional con un arma punzante: dos laterales del cuello, pulmón, vaso y corazón; todas de abajo hacia arriba; no parecen resultado del ataque de dos pibes asustados o sacados.

Un párrafo aparte merece la existencia de un golpe en la cabeza de Silvia con un hematoma que indica que el mismo se produjo antes de las puñaladas. El expediente judicial no logra explicarlo.

El cuerpo de Silvia no tiene heridas en los brazos con los que, se presupone, hubiera intentado, por reflejo, cubrirse. Es poco verosímil que la hayan arrastrado más de 8 metros sin que hayan quedado manchas en el piso. No queda claro por qué los cuchillos no dejaron huellas en ningún lado ni tienen rastros biológicos reconocibles.

Nadie vio a Cóceres ni a Sosa entrar ni salir del local, dos testigos los vieron caminar a unas cuadras. Pese a la buena predisposición para confesar el crimen y facilitar la investigación, los dos se negaron sistemáticamente a participar de la reconstrucción del hecho. El juez Mognaschi tampoco autorizó que se hiciera sin ellos. La policía realizó las primeras pericias sin presencia de la fiscal y sin proteger la zona. La hija de Silvia tuvo que pedir a vecinos y curiosos que abandonaran el local para no seguir contaminando la escena.

Marzo y su significante

Luego de fallos contrarios de la Cámara Penal de Rafaela y la Justicia federal respecto de la competencia del juez y el fuero al que corresponde la causa, la Corte Suprema de Justicia decidió que el caso pase a la Justicia federal, como reclamaban la querella y los organismos.

El nombre de Silvia siempre reaparece ligado al mes de marzo. Aún si el suyo fuera un crimen común. Porque será recordada como una mujer valiente que militó en los 70, que sobrevivió a las vejaciones de la represión, que logró rearmar su vida y volver a su ciudad. Que de distintas formas siguió militando. Que enfrentó a sus verdugos declarando en los juicios. Si su muerte fue un crimen por encargo, la relación con marzo será, además, la actualización del mensaje criminal de quienes impusieron ese mes en el calendario del horror. Por ahora, sucede lo peor: no saber. Y su nombre queda asociado a una nueva forma de impunidad. Aunque dé la impresión de que muy pocos lo registran. ●

 

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