Correpi: Boletín informativo nº 619

JUJUY: LA MASACRE DE EL TRIÁNGULO

Si, como decimos siempre, todos los gobiernos, tanto a nivel nacional como provincial, representan y defienden los intereses de la burguesía, la provincia de Jujuy y en particular Libertador General San Martín, fue esta semana escenario de una de sus mayores expresiones.

La empresa Ledesma S. A., de la familia Blaquier, principal terrateniente de la región, es propietaria de más de 150.000 hectáreas. Se calcula que con sólo 40 de esas hectáreas alcanzaría para resolver el problema acuciante de falta de viviendas en la zona. En tales circunstancias, y frente a la ausencia de toda respuesta del gobierno provincial y el gobierno nacional para solucionar un problemas básico y generalizado de los habitantes de Libertador General San Martín, con más de cinco años de reclamos para que la azucarera entregue apenas un mínimo porcentaje de su latifundio para construir casas, unas 700 familias ocuparon 15 hectáreas para vivir.

Desde la ocupación, apoyada por la Corriente Clasista y Combativa, fueron víctimas de amenazas represivas por parte de la empresa Ledesma y del gobierno, que fueron profundizándose hasta que, el jueves 28 de julio, alrededor de las seis de la mañana, la amenaza se hizo efectiva de la peor manera. La policía provincial, actuando bajo órdenes de la del gobierno, representado en la ocasión por un juez que intervino por pedido expreso de la empresa, reprimió a sangre y fuego.

Las precarias carpas fueron incendiadas; más de 60 personas fueron heridas con proyectiles de armas de fuego; los gases causaron la intoxicación de centenares, entre ellos varios bebés en estado grave, y, finalmente, fusilaron a tres ocupantes, Ariel Farfan (17), Félix Reyes Pérez (21) y Víctor Heredia (37). Con la muerte de Juan Sosa Velázquez, quien había ingresado al hospital en estado grave, con un disparo en la cabeza, sumaron cuatro las personas asesinadas, a los que se suma un policía, probablemente víctima de “fuego amigo”.

Sin embargo, en sintonía con el vigor con que los pobladores resistieron el ataque, y se defendieron con lo poco a su alcance, mostrando que sólo la organización y la lucha dan salida a los problemas del pueblo trabajador, apenas pudieron, las familias recuperaron el terreno, recibiendo el apoyo de muchas más, por lo que hoy el predio está habitado por más de mil familias dispuestas a defender sus derechos a un techo.

Mientras tanto, vimos y escuchamos en los medios las excusas y argumentaciones oficiales de siempre. El intendente Ale le echó la culpa al juez, por haber ordenado el desalojo 24 horas antes de cerrar su juzgado por la feria de invierno, y dijo que intervino personal de seguridad de la empresa. La empresa se lavó las manos y cargó contra la policía. El gobernador kirchnerista Barrionuevo puso los ojos en blanco y dijo algo como “qué barbaridad…”, y su jefe y antecesor, hoy presidente de la cámara de diputados, Eduardo Fellner, la gran espada kirchnerista del norte, trató de despegar de toda responsabilidad al gobierno, diciendo que los compañeros se mataron entre ellos…

Fellner, recordemos, fue el que abrió el marcador de muertos por el kirchnerismo en la represión a la protesta, con el fusilamiento policial del joven Luis Cuéllar el 10 de octubre de 2003, cuando miles de manifestantes protestaban frente a la comisaría de Libertador Gral. San Martín por la muerte en la tortura, el 4 de octubre, de otro joven, Cristian Ibáñez.

Con los compañeros asesinados en Libertador, suman 64 los asesinados en la protesta desde 1995, de los cuales 16 fueron autoría del gobierno peronista de los Kirchner. Así, los Kirchner, primeros lejos en materia de muertes por represión preventiva (más de 1.700 asesinados por el gatillo fácil o la tortura), alcanzan un cómodo segundo lugar en el podio de represión selectiva a la protesta, superando largamente a Menem (5 muertos) y Duhalde (2 muertos), apenas detrás del récord ostentado por el gobierno radical-frepasista de Fernando De la Rua, con 41 muertos (dos en el Puente de Corrientes y 39 sólo entre el 19 y 20 de diciembre de 2001).

RODRIGO CORZO: SI NO HAY JUSTICIA, HAY ESCRACHE

El 23 de julio se cumplió otro aniversario de la muerte de Rodrigo Corzo, asesinado por el oficial bonaerense Cristian Alfredo Solana.

Hace ocho años, Rodrigo se dirigía a la casa de su novia, en el auto de su padre. El oficial Cristian Alfredo Solana lo persiguió, y le disparó dos tiros, uno de los cuales atravesó el baúl e ingresó en su espalda, provocándole la muerte en segundos.

Después de cuatro años, Solana fue condenado a 16 de prisión, pero la condena “excesiva” fue disminuida a 10 años y 8 meses por el tribunal de casación, permitiendo su libertad condicional justo a tiempo para pasar las navidades de 2009 en familia. En la actualidad, y a punto de quedar completamente libre por el vencimiento de la pena, el policía vive agazapado en un barrio tranquilo de Luján, donde goza de total impunidad.

Pero si hay no ha justicia, hay escrache popular. La familia de Rodrigo, organizada en CORREPI, propuso hacerle un escrache al policía asesino, en conmemoración a los ocho años de la muerte de su ser querido, y para que todos los vecinos sepan que están conviviendo con un asesino impune.

La actividad se llevó a cabo el sábado 23 de julio. Una nutrida columna de militantes antirrepresivos, familiares y amigos de Rodrigo, marchamos, en Luján, hasta la casa del asesino, al grito de “¡alerta los vecinos, al lado de su casa vive un milico asesino!” y entregando volantes con la historia de Rodrigo.

Al llegar a la casa del ex policía asesino, quien, por supuesto, ni se animó a asomar la cabeza por la ventana, volvimos a denunciarlo públicamente. La familia de Rodrigo, junto con otros familiares de casos de gatillo fácil en CORREPI, descargaron su bronca y su dolor ante otro perro guardián del estado, homicida impune que no deja de ser igual a todo el resto de los policías que nos matan un pibe por día.

Además, dejamos muy en claro que, a ocho años, no nos olvidamos de Rodrigo Corzo, ni de cómo el delincuente uniformado, Cristian Alfredo Solana, lo asesino a sangre fría.

MÁS POLICÍA EN LA CALLE

La ministra de seguridad, Nilda Garré, dispuso la centralización de la autorización de las custodias, bajo la órbita de su ministerio, hoy co-dirigido con el CELS, a partir del nombramiento de Gustavo Palmieri, entre otros. La medida, que abarca a la Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, busca acrecentar la presencia de efectivos en las calles.

Esta nueva resolución, dictada el 26 de julio, se suma al continuo incremento de la presencia de efectivos de las distintas fuerzas de seguridad en las calles y barrios. A principios de año, el gobierno desplegó más de 5.000 gendarmes con la creación del Operativo Centinela en el conurbano. En marzo, duplicó la cantidad de efectivos de la federal en las calles porteñas, y, a principios de julio, sumó 2.500 gendarmes y prefectos en los barrios porteños de La Boca, Barracas, Parque Patricios, Pompeya, Soldati y Lugano, con el operativo Cinturón Sur.

Mes a mes, se vislumbra cuál fue el objetivo cuando se creó el “nuevo” ministerio de Seguridad: acrecentar la presencia policial, con la excusa de “la seguridad”, para garantizar el control social y reprimir a la clase trabajadora.


TRABAJADORES DE EX ZANÓN PROCESADOS

En la provincia de Neuquén, los trabajadores de la Cooperativa Ceramista Fasinpat (ex Zanón) están movilizados: el fiscal Ignacio Di Maggio pidió la elevación a juicio oral de la causa contra cinco de sus compañeros.

Alejandro López y Raúl Godoy (dirigentes del Sindicato Ceramista y recientemente electos diputados), Miguel Rodríguez (presidente de la Cooperativa Fasinpat), José Luis Ullana y Hugo Méndez, están procesados por un corte en la Ruta 7 que realizaron en junio de 2010, para reclamar que se cumpla la ley que hace efectiva la expropiación de la fábrica a favor de la Cooperativa, sancionada por la legislatura neuquina en 2009. Lejos de resolver el reclamo de los trabajadores, el estado los persigue y fustiga por cuanto flanco burocrático o judicial sea
posible.

Los trabajadores acusaron al fiscal Di Maggio de basar la causa en testimonios de policías, que fueron quienes aportaron los nombres de los imputados; tal como en las causas contra Neno Abella, Oscar Kuperman y Rubén Saboulard (ver Boletín 612 “A juicio por pintar, pero otro día, (y un caramelo)”), entre otros. También denuncian que es el mismo fiscal que no avanza en investigar las violaciones a los derechos humanos que cometen a diario la policía y demás fuerzas represivas en la provincia.

Por otro lado, Raúl Godoy, uno de los procesados, afirmó que “la causa forma parte de una política de criminalización de la protesta social, bajo la cual hay, sólo en Neuquén, más de 500 procesados por luchar, y a nivel nacional el número supera los 4.000″. Sin importar las diferencias partidarias y/o electorales, la política antiobrera es un factor común entre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional.

A pesar del amedrentamiento judicial, los trabajadores continúan la lucha. A partir de esta semana, endurecerán las medidas de protesta con el fin de evitar que la expropiación se siga dilatando, lo que llevaría a la caducidad del trámite y cierre de la fábrica de la que dependen 450 familias.

Andrés Blanco, secretario adjunto del Sindicato Ceramista, dijo “la situación se agrava día a día. En estas últimas semanas estamos viendo cómo en otras experiencias de empresas gestionadas por los trabajadores se están cayendo las expropiaciones por el paso del tiempo y la falta de avances en los trámites”, y denunció que “la misma jueza que tiene nuestra causa, ya dictó el remate de un frigorífico que, al igual que nosotros, tenía una ley de expropiación anterior”.


TRABAJADORES PETROLEROS PRESOS EN SANTA CRUZ

Mientras se profundiza en la provincia de Santa Cruz el conflicto de los trabajadores petroleros, explotados por las empresas y el gobierno, que logran enormes ganancias con la actividad, ya son dos los nuevos presos en las cárceles del gobernador Peralta.

Víctor Oñate y José Acosta, delegados petroleros, fueron detenidos el 4 y 5 de julio, después que el juez de Instrucción de Las Heras, Eduardo Quelín, ordenara su captura, acusándolos por los delitos de “coacción agravada con amenazas calificadas reiteradas en varias oportunidades, en concurso real con el delito de entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte terrestre”.

Los hechos por los que se criminaliza a Oñate y Acosta, dos nuevos presos políticos del kirchnerismo, ocurrieron después de las protestas de más de mil trabajadores en la planta Las Heras 3. Tras el levantamiento de las medidas, y pese al compromiso arrancado a YPF de no instar la persecución de los trabajadores, el gobierno desató una caza de brujas en toda la ciudad, con más de 400 efectivos de gendarmería, infantería y policía, que ocuparon La Heras, allanaron casas de compañeros y militarizaron, nuevamente, toda la ciudad, como en 2006.

Otra vez, como en todo el país, vemos al gobierno y las empresas, por mano de su aparato de uniforme, sus jueces y fiscales, persiguiendo, criminalizando y encarcelando luchadores.

PIÑERA Y EL “DIÁLOGO”

En las últimas semanas, el gobierno chileno de Sebastián Piñera llamó al diálogo con los estudiantes y docentes que, acompañados de trabajadores, organizaciones sociales y políticas, vienen llevando a cabo reiteradas protestas en Santiago y varias ciudades del país.

Como les contábamos en el boletín 617, la última manifestación fue brutalmente reprimida por la policía. En este caso, el gobierno de Piñera no se conformó con la represión clásica, en las calles, sino que avanzó un paso más.

El jueves 21, luego de la masiva movilización de estudiantes en solidaridad con la comunidad de Dichato, seriamente damnificada por el terremoto del 2010, que reclama ante la nula reconstrucción de su pueblo, el cuerpo especial de Carabineros ingresó en el barrio universitario de Concepción y detuvo a seis personas, entre ellas el presidente del FEC (Federación de Estudiantes de Concepción), Recaredo Gálvez.

Recaredo fue golpeado y llevado inconsciente hacia el móvil policial para seguir siendo salvajemente torturado en el calabozo de El Manzano, donde lo mantuvieron incomunicado.

Mientras lo estaban torturando se realizó el montaje y se le inició una causa judicial, acusado de lanzar una bomba molotov.

Ya vemos cual es el diálogo que propone Piñera, que tiene como único interés garantizar el lucro de la educación privada a sus socios. El único “diálogo” es represión en las calles, criminalización y tortura a los militantes que se organizan, en este caso, los estudiantes.

Nada se puede esperar, de norte a sur; de este a oeste, gobierne quien gobierne siempre la misma represión.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Sábado 6 de agosto, desde las 21:00, peña para inaugurar el nuevo local de CORREPI, en Carlos Calvo 2499, esquina Alberti, a 10 cuadras de Plaza Once. Música, bandas, empanadas caseras, barra baratita y mucho más para pasar el frío. ¡Vénganse!

Sábado 20 de agosto, a las 14:00, en la Facultad de Ciencias Sociales (sede Marcelo T. de Alvear), Jornada contra la Represión Selectiva. Video y dos paneles sobre Tercerización de la Represión y Criminalización de la Protesta. Participarán, entre otros, compañeros de la J. I. del Hospital Garrahan; Causa Ferroviaria; Agrupación 4 de Octubre; FATE y CORREPI.

LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS

· Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
· El segundo sábado de cada mes, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
· Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.


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CORREPI

Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
Ciudad de Buenos Aires • Argentina
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