Los días 4, 5 y 6 de julio, a las 9:00 se realizará un nuevo juicio por gatillo fácil. Se trata del policía federal Luciano Cruz Gaete Ossandón que fusiló de dos balazos a Claudio “Kunky" Méndez, un joven de 17 años. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) convoca a movilizar frente al Tribunal Criminal Nº 1 de La Matanza, ubicado en Mendoza 2417 de San Justo, para acompañar a los familiares del joven asesinado.
El 11 de febrero de 2010, el policía federal Luciano Cruz Gaete Ossandón, de la División Apoyo Tecnológico Judicial de la PFA, fusiló de dos balazos a Claudio “Kunky" Méndez, un joven de 17 años. El hecho ocurrió en la localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza.
El policía dijo que él salía de su casa para ir al trabajo, cuando un individuo lo tomó por atrás y le dijo “dame la plata”. El homicida aseguró que, al forcejear, vio que Kunky se disponía a sacar un arma que tenía en la cintura, así que sacó su 9 mm reglamentaria y lo mató de dos tiros. Claudio no tenía otra cosa en su bolsillo que un encendedor.
Al escuchar los disparos, el sereno de una obra salió a la callé e insultó al policía porque “estaba tirando y pasaba gente”. Varios vecinos se acercaron y el oficial se asustó, y se fue a la comisaría. La reacción rápida de la gente del barrio evitó el habitual accionar de la policía de plantarle un “perro” para tratar de justificar el gatillo fácil.
Las pericias determinaron que el arma reglamentaria del policía estaba cargada con balas de punta chata ("troncocónicas"), prohibidas para cualquier uso, excepto la caza mayor deportiva...
Enseguida el fiscal y el juez de garantías accedieron a la prisión preventiva del asesino, pero la cámara de apelaciones lo dejó en libertad, a pesar de mantener la acusación por homicidio, simple según la fiscalía (con pena de 8 a 25 años de prisión) y agravado por su condición de policía (con pena de prisión perpetua) según reclama Lorena Méndez, madre de Kunky, patrocinada por abogados de CORREPI.
Así, un policía federal, acusado de un delito castigado con hasta 25 años, o prisión perpetua, llega en libertad al juicio, tal como ocurre siempre que el asesino viste de uniforme.
Durante los tres días del juicio, los militantes antirrepresivos y familiares de víctimas organizados en CORREPI se movilizarán frente al tribunal, exigiendo la condena a prisión perpetua del asesino.