Comenzó el juicio a represores que operaron en Mar del Plata

Se inició ayer el juicio oral y público en el que se juzga a tres militares acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el centro clandestino de detención que funcionó en la Base Naval de Mar del Plata.
En el proceso están sentados en el banquillo los represores Alfredo Manuel Arrillaga (ex general de brigada), Justo Ignacio Ortiz (ex capitán de navío) y el contralmirante Roberto Luis Pertusio.
En tanto, los otros dos represores, el ex coronel Pedro Alberto Barda y el marino Juan Carlos Malugani no serán juzgados, ya que ambos están afectados por una enfermedad mental degenerativa.
A las 11.25 de ayer, el tribunal integrado por los jueces platenses Nelson Jarazo, Alejandro Esmoris y Jorge Michelli ingresaron a la sala de audiencia y se dio comienzo al juicio. El secretario del tribunal comenzó a dar lectura de la «megacausa Base Naval I» y a las 15 se pasó a un cuarto intermedio. Por la tarde se retomó el juicio con la continuación de la lectura de la causa.
Se juzga a los ex militares por los delitos de “privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravada por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos en nueve casos”.
Además se los juzgará por “siete homicidios calificados por el concurso de dos o más personas”. Estos militares y marinos están imputados por los secuestros, torturas y, en algunos casos, homicidios perpetrados contra Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana Iorio, Omar Tristán Roldán, Delia Elena Garaguso, Juan Raúl Bourg, Alicia Rodríguez de Bourg, y las sobrevivientes Nancy Carricabur y Stella Maris Nicuez.
Durante el juicio, el Ministerio Público estará representado por el fiscal federal general Daniel Adler y como querellantes figuran los abogados Gloria León, César Sivo y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
En este proceso también será juzgada la «causa Regine», en la que se investiga la participación de dos militares y de un ex marino en el secuestro con imposición de tormentos de Luis Salvador Regine.
La causa se inició en 2006 con la denuncia de Luis Regine y su esposa, Margarita Isabel Segura. A Barda, Ortiz y Arrillaga se les imputa haber participado de un operativo realizado el 24 de marzo de 1976, cuando personal militar irrumpió en la casa del matrimonio y retuvo en el lugar a la pareja, a su hijo y a la suegra de Regine.
Regine fue trasladado a la Base Naval y torturado mediante inmersión en un recipiente con agua hasta su sofocación. Más tarde, fue liberado tras informársele que el operativo había sido una confusión, ya que buscaban a Diego Ibáñez, entonces dirigente del Sindicato Unido Petroleros del Estado (Supe) ya fallecido, quien habría vivido en la misma casa muchos años atrás.

Camarista mendocino. En otro orden, un conjuez de Mendoza ordenó reponer en el cargo de profesor de la Universidad de Cuyo al camarista federal Luis Francisco Miret, imputado en la Justicia y en el Consejo de la Magistratura por su presunta complicidad con la Triple A y la dictadura militar.
El conjuez Luis Santamaría hizo lugar a una medida cautelar que postuló el camarista Luis Miret y le ordenó a la universidad reincorporarlo en sus funciones habituales “hasta tanto recaiga resolución definitiva en la presente causa”.
La Comisión de Estudiantes por los Derechos Humanos y la Etica, de la Universidad de Cuyo, ya anunció que apelará la medida y denunció que el conjuez Santamaría es amigo personal de Miret. Este se desempeñaba como profesor contratado a cargo de la cátedra de Filosofía del Derecho.
El miembro de la Cámara Federal mendocina está acusado por su supuesta “participación criminal primaria en los delitos de homicidio agravado, privación abusiva de la libertad agravada y tormentos”, previos y durante la dictadura, hechos por los que también afronta un proceso de juicio político ante el Consejo de la Magistratura. l

 

Fuente: www.lacapital.com.ar

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