Por ALEJANDRO AMOR | 19 de noviembre de 2017
El gobierno anunció, en una nueva audiencia pública, que en diciembre subirá la factura de la luz. Las DefensorÃas rechazaron el aumento. Solicitan que se respeten los principios del fallo de la Corte Suprema en el tema tarifas: previsibilidad, gradualidad, razonabilidad y no confiscatoriedad. Denuncian la pobreza energética.
Desde las DefensorÃas, nuestra obligación es resguardar los derechos de las personas y no de los clientes, tal como los ven las empresas. Recordemos que para nosotros los servicios públicos esenciales son un derecho humano.
Nos preocupa la situación de los electrodependientes y la tramitación de sus beneficios tarifarios. Exigimos al Ministerio de Salud que en caso de duda siempre otorgue el beneficio, porque lo que está en juego es la vida de las personas.
Sobre la tarifa, social consideramos que los kilovatios otorgados en el pack gratuito son insuficientes. Hay una situación regresiva que hay que cambiar, porque las personas con menor capacidad económica son las que tienen los electrodomésticos más viejos que son los que más gastan. Por lo tanto pedimos que se aumenten la cantidad de kilovatios otorgados para la tarifa social.
Respecto de las viviendas, las más precarias son las más expuestas tanto al frÃo como al calor. Se requiere una mayor intervención del Estado, como sucede en otras latitudes, para que estas viviendas disminuyan su consumo energético.
Hoy los adultos mayores que pueden acceder a la tarifa social son los que tienen jubilaciones equivalentes a dos salarios mÃnimos. Entendemos que es necesario revisar este criterio y ampliarlo.
Las empresas tienen obligaciones que deben ser respetadas. Tiene haber regularidad en la prestación del servicio, se deben minimizar los cortes, hay que brindar más seguridad y prevención ante posibles accidentes. Sobre todo con las empresas tercerizadas.
Le pedimos a las empresas que cumplan con la resolución el ENRE de realizar las inversiones y que el ente regulador controle que esto suceda. Desde las DefensorÃas nosotros vamos a hacer lo propio, controlando que se respeten los compromisos de inversión.
Denunciamos nuevamente el incumpliendo por parte de las empresas de energÃa eléctrica en el pago de las sanciones que le fueron impuestas. Esto deberÃa ser sancionado duramente por parte del Estado, porque las sanciones tienen que ver con el perjuicio que sufrió un usuario frente a un corte de luz.
Queremos que se respeten los principios del fallo de la Corte Suprema en el tema tarifas: previsibilidad, gradualidad, razonabilidad y no confiscatoriedad.
La pobreza energética se define por el porcentaje del ingreso familiar que es asignado al pago de servicios públicos. Si desde la Nación se puso como meta arribar a la pobreza cero en Argentina primero debe eliminarse la pobreza energética.
Es importante que las pymes, que son las que generan el 70 por ciento del empleo en la Argentina, tengan polÃticas claras que permitan su continuidad. Sobre todo
en un contexto en el que gastan más en servicios públicos que en el alquiler del local, más aún para el caso de las que son electrodependientes.
Por último, reiteramos: los precios de las tarifas deben actualizarse antes de que se discutan las paritarias de los trabajadores, porque ése es el único lugar donde los trabajadores pueden pelear para cuidar sus ingresos y su calidad de vida.
Fuente: http://www.nuestrasvoces.com.ar