DELITOS
El fiscal federal Carlos Stornelli imputó hoy al Ministro de Energía, Juan Jose Aranguren, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública por el tarifazo de gas que desde el ministerio autorizó en febrero de este año. El delito tiene penas de hasta 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Aranguren podría ser condenado con penas de cumplimento efectivo de hasta 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua.
Asimismo, en la imputación llevada a cabo por el fiscal Stornelli, también se acusa a Aranguren de haberse beneficiado por la compra millonaria de gas a Chile por intermedio de la empresa Shell de la cual, además de accionista, el ministro fue presidente hasta el año pasado.
A su vez, fueron imputados también en la causa los funcionarios Jose Luis Sureda, Secretario de Combustibles y a Pablo Popik, subsecretario de Refinación y Comercialización.
En el requerimiento presentado por Stornelli ante el juez federal a cargo de la investigación, Luis Rodríguez, el fiscal solicitó al juez la incautación en forma inmediata de toda la documentación que obre en el Ministerio de Energía, vinculada a las maniobras denunciadas.
Asimismo, también pidió al magistrado obtener distintos elementos de prueba en los organismos dependientes del ministerio como CAMMESA, ENARSA y la empresa YPF.
Por otra parte, solicitó al juez determinar si el ministro Aranguren mintió al justificar públicamente la compra de gas a Chile, a raíz del supuesto incumplimiento por parte de Bolivia del contrato suscripto con nuestro país, para el suministro de gas.
De este modo, Stornelli dio curso a la denuncia penal presentada por los diputados nacionales del Frente Para la Victoria Martin Doñate y Rodolfo Tailhade, quien tras salir de Comodoro Py, donde se acercó para conocer el avance de la causa y los alcances de la imputación, al respecto señaló que: “Por los delitos que cometió y el daño que está generando al pueblo argentino, Juan José Arenguen no solo debe renunciar sino también debe ir preso”, indicó.
Sobre Laura Alonso:
Asimismo, manifestó: “Es preocupante que la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, no haya tomado aún intervención en el caso cuando ella misma fue advertida de la posible consumación de estos ilícitos antes de que se cometieran, y sin embargo, cajoneó la presentación para facilitar estas maniobras ilícitas. Por esta razón, consideramos también que Alonso es cómplice”.
“El apresuramiento de Aranguren para beneficiar a su empresa (Shell) quedó demostrado porque ahora están retrocediendo en los alcances y porcentajes que tiene los tarifazos que el mismo impulsó”, agregó.
La Ley
Según el artículo 265, del Código Penal, Aranguren podría ser condenado con penas de cumplimento efectivo de hasta 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua.
ARTICULO 265: “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo".
Fuente: Orsai.com.ar