APELARON EL SOBRESEIMIENTO AL LÍDER DEL PRO EN LA CAUSA POR LOS ABUSOS DE LA UCEP.
Por Gabriel A. Morini
La presentación realizada por el abogado de una de las víctimas de los violentos desalojos cuestiona en muy duros términos el accionar del jefe de gobierno de la Ciudad. Asegura que solucionaba los problemas de vivienda “a garrotazos”.
Una de las víctimas de la disuelta Unidad de Control de Espacio Público (UCEP) apeló ayer el sobreseimiento del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, en la causa en la que se lo investigaba por 17 desalojos violentos a personas en situación de calle.
A través de un duro escrito presentado por su abogado, Adrián Albor, comparó al líder del PRO con el dictador Jorge Rafael Videla, y lo acusó de “solucionar los problemas de indigencia y falta de vivienda a los garrotazos”. La Cámara de Apelaciones deberá ahora decidir si hace lugar a la medida y lo vuelve a imputar en el expediente, en el que también está involucrado su ex ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, hoy a cargo de los subterráneos.
“El sobreseimiento con el que se beneficiara al reo Macri es prematuro e improcedente”, argumentó la apelación a la que tuvo acceso Tiempo Argentino. Allí se sostuvo que la jueza María Fontbona de Pombo, remplazante del juez original de la causa, “no valoró” las copias de un disco rígido donde hay documentos que apuntan como responsables de haber pedido los operativos de desalojo a la cúpula del PRO, incluido al mismo Macri.
Esas copias fueron remitidas en su momento al juzgado por el magistrado Roberto Andrés Gallardo, y detallan en una planilla la prioridad de las tareas de liberación del espacio público, según que funcionarios las solicitaran. “Lejos estamos de tener la certeza de que el alcalde porteño desconocía la existencia de una fuerza parapolicial en su estructura”, sostuvo la apelación anticipada por Tiempo, y firmada por una de las afectadas por uno de los procedimientos, Graciela Cisneros. En ese marco, cuestionó que Macri en su declaración indagatoria formulada el 15 de junio pasado, luego de haber faltado en tres ocasiones, prefiriera “quedar como un incompetente”, antes que reconocer que los integrantes de la UCEP cumplían sus órdenes.
“Como Videla, Macri no se ensució las manos, sin perjuicio de lo cual debe responder como autor de lo que sus empleados hicieron siguiendo sus órdenes”, sostuvo uno de los pasajes más duros del documento.
A la vez, indicó que “no quedan dudas de que se trata de una política de Estado de Macri la de solucionar los problemas de indigencia y falta de vivienda a los garrotazos, instando a los pobres a abandonar la ciudad”. Esto fue comparado con el accionar de un “dictador provincial”, y se denunció que en noviembre pasado, la policía Metropolitana y la Guardia Urbana “pasaron a cumplir tareas represivas contra indigentes”.
Por último, Albor recordó que el alcalde porteño, durante su indagatoria, cargó la responsabilidad sobre el accionar de la disuelta unidad en Piccardo, pero por el otro –contrasta– “recompensa el sacrificio” al nombrarlo al frente de SBASE, la controlante del subte. “En lugar de separarse del funcionario incompetente o sanguinario, lo premia con un lugar sin dudas más atractivo”, fustigó la querella, que concluyó que el líder del PRO debería estar “más cercano al procesamiento que al sobreseimiento”.