AMPLIÓ LA DECLARACIÓN INDAGATORIA ANTE EL JUEZ OYARBIDE
Por Equipo de Política
El ex jefe de la Metropolitana admitió que investigaba a los legisladores Ruanova, La Ruffa y Maffia; al sindicalista Datarmini y hasta al jefe de Gabinete porteño. En la misma causa está procesado Macri como partícipe necesario
El frustrado primer jefe de la Policía Metropolitana, el ex comisario Jorge “Fino” Palacios, admitió ayer ante el juez federal Norberto Oyarbide que pidió a una consultora de riesgo crediticio informes sobre los legisladores opositores Gonzalo Ruanova y Silvia La Ruffa, ambos kirchneristas; Diana Maffía, de la Coalición Cívica; el sindicalista de los municipales porteños Patricio Datarmini; y Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gabinete de la Ciudad y una de las principales espadas del jefe de gobierno, Mauricio Macri.
Oyarbide le amplió ayer durante unas dos horas la declaración indagatoria en el marco de la causa en la que Palacios ya está procesado como integrante de una asociación ilícita conformada en el seno del gobierno porteño para espiar a opositores políticos y enemigos personales de Macri.
El propio alcalde porteño está procesado en esta causa como partícipe necesario, y la ampliación de la indagatoria a Palacios llegó a menos de diez días de la primera vuelta de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires.
De aquella historia, que lo mantuvo en prisión durante dos años, le quedaba pendiente a Palacios dar explicaciones sobre los informes de la consultora Nosis que fueron hallados en su computadora sobre dirigentes políticos y sindicales. Y ayer, mediante un escrito, intentó desvincular esos informes de un supuesto espionaje ilegal.
La forma que eligieron el ex comisario de la Policía Federal y su abogado y ex secretario de la Corte Suprema, Diego Richards, fue por lo menos curiosa. Porque por un lado argumentaron con fundamentos que la base de datos de la empresa Nosis es de acceso para quien pague por sus servicios. Funciona como una suerte de asesoría de riesgo crediticio y de información económico-financiera, apuntada especialmente a operadores del sistema bancario y bursátil.
Palacios y unos 40 millones de personas que habitan la Argentina pueden pedir allí informes personales que consideren relevantes para cualquier iniciativa privada que proyecten llevar adelante.
En este caso, Palacios argumentó que había pedido esa información sobre la situación patrimonial de los legisladores opositores y de Datarmini porque evaluaba la posibilidad de demandarlos civilmente por “daños y perjuicios”, ya que lo habían criticado por su desempeño en la investigación por el atentado contra la AMIA, en 1994, y por la represión que precedió a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, en 2001.
De la ampliación de la indagatoria no surgió con claridad por qué esperó tantos años para pedir los informes y avanzar en los eventuales juicios. Pero menos claro quedó aun por qué iba a demandar a Rodríguez Larreta.
Avejentado pero impecablemente vestido con un traje oscuro y un sobretodo de piel de camello marrón, Palacios se presentó ante Oyarbide a sabiendas de que probablemente será nuevamente procesado.
Palacios no era un particular más al momento de pedir los informes; su desembarco en la Policía Metropolitana ya le estaba costando a Macri no pocos dolores de cabeza en razón del rechazo que generaba en sectores políticos y de la comunidad judía por su pasado en la Federal.
De hecho, quien resistía con enjundia su designación era el familiar de víctimas de la AMIA, Sergio Burnstein, cuyos teléfonos resultaron artificial e ilegalmente intervenidos mediante una maniobra que involucró a jueces misioneros, otros policías y, por vía oblicua, a la Secretaría de Inteligencia.
De modo que si bien los indicios, analizados de manera inconexa, podrían exculpar la conducta de Palacios, puestos en el contexto en que se desarrolló la acción parecen confluir en una misma manera de manejarse, un modus operandi que jaquea esa presunción de inocencia.
Hoy deberá declarar por los mismos hechos el también frustrado sucesor de Palacios, el ex comisario Osvaldo Chamorro, con quien compartía oficinas y decisiones en la consultora Security Strategic Consultancy SRL.
Será lo último que hará en esta causa por algunos días el juez Oyarbide, quien se tomará un breve descanso y será remplazado por su colega Marcelo Martínez de Giorgi. En cambio, no se tomará vacaciones el secretario Gustavo Russo, sobre quien recae buena parte de la responsabilidad de llevar a buen puerto la investigación.