La Administración Federal de Ingresos Públicos descubrió la existencia de empleados que desempeñaban sus trabajos en condiciones precarias en Catamarca, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Santa Fe y Capital Federal.
Algunos de los trabajadores cumplían jornadas laborales de 12 horas en diferentes talleres textiles, sin las condiciones mínimas de higiene, ni agua potable, viviendo hacinados en casillas de chapa o durmiendo directamente en un colchón sobre el piso.
En Catamarca, 296 aceituneros trabajaban en condiciones infrahumanas, contratados por empresas que reciben distinto tipo de subsidios de parte del Estado. Se trata de un grupo económico conformado por dos firmas afincadas en la localidad de Chumbicha, en el Departamento Capayán, cuyos propietarios son dos reconocidas empresas de Salta dedicadas al transporte de pasajeros. Los empleados relevados manifestaron que provenían de distintas provincias, principalmente del norte del país, Tucumán, Salta y Jujuy, vivían todos juntos (varones y mujeres) en el mismo galpón, dormían en camas cuchetas a las que solamente les ponen un colchón, no tenían agua potable y el agua que consumían contenía productos químicos, ya que la obtenían de una manguera utilizada para el riego de los campos.
Además, los empleados agregaron que no les proveían ropa de trabajo ni elementos de seguridad a pesar de la cantidad de alimañas que hay en la zona (alacranes y víboras). La AFIP comprobó que no tenían horario laboral fijo y no contaban con atención médica mínima ni seguro obligatorio. El salario percibido por los trabajadores es de nueve pesos por cajón, lo que les reporta 90 pesos como máximo por jornada. Con respecto a la alimentación, los trabajadores debían comprar la comida a “una mujer de la zona”, quien les retenía el documento para asegurarse el cobro de los 25 pesos diarios que cobraba por vianda.
En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, la AFIP junto con la Dirección Nacional de Migraciones y el Ministerio de Trabajo de la Nación, inspeccionó tres talleres textiles donde se cumplían jornadas laborales de 12 horas, sin los descansos contemplados en la ley, y donde el 90 por ciento de los empleados no estaban debidamente registrados.