La Corte Internacional de Justicia de La Haya se expidió sobre el diferendo que mantienen Argentina y Uruguay por la instalación de una planta de celulosa sobre un río binacional. Para los jueces, Uruguay violó el tratado al no comunicar ni debatir la decisión de instalar la pastera, pero no transgredió cuestiones de fondo y no existen pruebas concluyentes de que la fábrica contamine. Las pretensiones argentinas de relocalización de la planta quedaron definitivamente sepultadas. Los ambientalistas, que mantienen bloqueado uno de los puentes internacionales desde 2006, se manifestaron indignados y dijeron que el corte "no se levantará". Esta semana la presidenta argentina y su par uruguayo se reunirán en Montevideo para “mirar hacia adelante”.
Más allá del fallo de la Corte Internacional de Justicia, ¿qué harán los asambleístas argentinos que mantienen bloqueado el puente Internacional General San Martín? - AP
La Corte Internacional de Justicia rechazó las afirmaciones de Argentina, según las cuales, una planta uruguaya de celulosa estaba contaminando con químicos peligrosos el río ubicado en la frontera entre ambos países, un fallo que disgustó a los manifestantes argentinos que libraron una lucha de tres años contra la fábrica.
La disputa por las fábricas alteró las relaciones, habitualmente amistosas, entre los dos países. Desde hace tres años, manifestantes argentinos bloquean un puente crucial sobre el río que une los dos países.
"Ordenar el desmantelamiento de la planta, en opinión de la corte, no constituiría un remedio apropiado", dictaminó el vicepresidente del tribunal, Peter Tomka.
Uruguay esperaba que el fallo condujera rápidamente a la reapertura del puente internacional entre la localidad argentina de Gualeguaychú y Fray Bentos. Pero los activistas en el puente reaccionaron con furia ante el fallo y juraron no abandonar la lucha.
"El fallo de la Corte es una burla al pueblo de Gualeguaychú", señalaron manifestantes concentrados en el paraje entrerriano de Arroyo Verde, del lado argentino, para escuchar el veredicto en una enorme pantalla. Muchos lloraron.
Manifestantes que no fueron identificados dijeron a un canal de televisión que "la lucha sigue más que nunca", hasta que "el ultimo ladrillo" de la fábrica de celulosa "se caiga".
"O se va la planta, o Gualeguaychú no entrega la ruta", agregaron.
La corte sostuvo que Uruguay debería haber informado a la Argentina acerca de sus planes de construir dos plantas de celulosa sobre el río antes de proceder.
En ese aspecto, la presidenta argentina Cristina Fernández, afirmó en Caracas que la decisión de la Corte ratificó que "estábamos en lo cierto".
"Seguramente esto va a permitir que construyamos mecanismos de control. Fundamentalmente creo que lo que va a permitir es la enseñanza básica de respetar lo que firmamos, lo que acordamos, que es lo que deseo no solamente para Argentina y Uruguay, sino para todos los países", indicó Fernández a la prensa a la salida de una reunión con par venezolano, Hugo Chávez.
Sin embargo, la corte rechazó el reclamo argentino de una indemnización y señaló que la reprimenda a Uruguay por no cumplir plenamente los términos del tratado de 1975 que regula el uso del río Uruguay "constituye la satisfacción apropiada".
"Ordenar el desmantelamiento de la planta, en opinión de la corte, no constituiría un remedio apropiado", indicó el vicepresidente del tribunal, Peter Tomka.
Al preguntársele si estaba conforme con la decisión de la CIJ, la presidenta argentina dijo que "estaría conforme en realidad si no hubiera sucedido nada y no hubiera habido este conflicto".
Aparte de la cuestión ambiental, el veredicto podría afectar inversiones en proyectos futuros por valor de miles de millones de dólares. Los dos países "tienen la obligación legal" de colaborar estrechamente para cumplir con el tratado, que los obliga a tomar decisiones de común acuerdo en proyectos que afectan el río, sostuvo la corte.
El canciller uruguayo Luis Almagro se declaró "satisfecho" por el fallo y señaló que Uruguay reitera "su apego al derecho internacional y a los organismos jurisdiccionales", en una anticipación de que Montevideo aceptará el laudo.
En rueda de prensa en el balneario de Punta del Este, a 140 kilómetros de Montevideo, Almagro se refirió a las advertencias de los ambientalistas de Gualeguaychú, que dijeron que iban a ir hacia Fray Bentos (donde se localiza la planta de UPM ex-Botnia).
"Esos temas de seguridad los conversaremos con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi y analizar si esa amenaza se transforma en algo más que esta amenaza", indicó Almagro. En el gobierno anterior uruguayo se llegó en alguna oportunidad al cierre de fronteras cuando los piqueteros amenazaban con ingresar a suelo de Fray Bentos.
Almagro aseguró que se comunicará con su par argentino Jorge Taiana para coordinar próximas acciones conjuntas y determinar la posibilidad de una reunión de los presidentes José Mujica, de Uruguay y Fernández de Argentina.
La corte manifestó que Argentina no suministró pruebas concluyentes de que la planta de Botnia "haya hecho daño a los recursos vivientes, la calidad del agua o al equilibrio ecológico del río".
Uruguay insistió durante las audiencias realizadas en septiembre en que la planta respeta estrictos parámetros de protección del medio ambiente. Los abogados de Argentina, en cambio, adujeron que ya estaba contaminando el río y liberando un gas maloliente.
El tribunal se había negado anteriormente a ordenar la suspensión de la construcción de la planta y había rechazado una solicitud uruguaya de que dispusiese que Argentina terminase con los bloqueos del puente.
La corte, que es el tribunal judicial más alto de las Naciones Unidas, resuelve disputas entre países. Sus fallos son inapelables, aunque no siempre son acatados.
La fábrica está ubicada cerca de la desembocadura del río Uruguay, que tiene 1.800 kilómetros y nace en Brasil y desemboca en el Río de la Plata. Irriga una superficie agrícola de 339.000 kilómetros cuadrados, dos veces la superficie de Gran Bretaña.
A diferencia de las muestras de indignación que causó en Argentina, no hubo mayores reacciones por el fallo en Fray Bentos, la ciudad recostada al Río Uruguay con sus 25.000 habitantes.
Fuente: observadorglobal.com