México y sus 43 desaparecidos.

Narco y violencia.

Escriben: Eduardo Anguita, Daniel Cieza y Ricardo Martínez. Opinan: Atilio Boron y Graciela Daleo.

Eduardo Anguita. Desde Guadalajara

México y sus 43 desaparecidos

El jueves pasado, cuando todavía no era pública la restitución de identidad del nieto 116, hijo de Hugo Castro y Ana Rubel, nacido en la ESMA, Estela Barness de Carlotto recibía, conmovida, al padre de uno de los 43 estudiantes secuestrados en Iguala. El hombre contaba lo que era para él, un campesino con apenas segundo grado de primaria, que su hijo pudiera haber llegado a estudiar en la Escuela Normal de Ayotzinapa, donde fue secuestrado el pasado 26 de septiembre. Hugo y Ana fueron secuestrados en 1977 y también eran estudiantes. Al rato, mientras en cada actividad de la Feria Internacional del Libro se pedía la aparición con vida de los 43, la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo daba la noticia del 116. No se trata de un juego de números, sino de la hermandad en la tragedia, de las formas más dignas de resistencia, del grito más íntimo de quien sufre como padre o abuela la política criminal de Estado de negar el derecho básico a saber dónde está una persona.
No es un juego de números, pero los números indican que la democracia formal y republicana puede hacer que la muerte sea un lugar común. El sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) llevó, según la mayoría de los defensores de los derechos humanos, a que unos 80.000 mexicanos cayeran bajo las balas de carteles de la droga o de la represión de las fuerzas de seguridad. En los dos años que cumplió días pasados al frente del Ejecutivo Enrique Peña Nieto, los muertos en esas circunstancias serían 20.000. Y hay muchos mitos alrededor de esto. Uno es que la violencia no está circunscripta a Ciudad Juárez y otras zonas fronterizas con los Estados Unidos. El Estado de Guerrero, que está en el centro del país y donde fueron secuestrados los 43, tiene una fiscalía especial para radicar denuncias sobre desaparecidos. Porque allí, una región donde en los setenta hubo una guerrilla indomable, quedó la costumbre de hacer desaparecer los rastros de las víctimas. Lucio Cabañas, líder de aquellas luchas, había estudiado en la Escuela Normal de Ayotzinapa. Dos de los chicos secuestrados, según se supo días pasados, son familiares directos de Cabañas. El jueves pasado, Peña Nieto viajó a Acapulco, lugar emblemático del turismo rico, cerca de Iguala, el lugar donde se produjo el asesinato de seis estudiantes y el secuestro de 43. El presidente, antes, ordenó un impresionante dispositivo militar y policial en Guerrero, Michoacán, Morelos y Edomex, cuatro estados cercanos a la capital mexicana. El operativo se llama Tierra Caliente y está destinado a garantizar la circulación de las carreteras y la seguridad de los destinos turísticos. Es la clásica respuesta de militarizar la sociedad sembrando un sentimiento confuso de control, que no se sabe si puede afectar a los carteles mafiosos o a los que piden por la aparición con vida de los desaparecidos. En los fundamentos del operativo Tierra Caliente no hay mención alguna al tema de fondo: ¿dónde están los 43 estudiantes normalistas?

Desaparecer de los medios. La clase política mexicana vive un terremoto. Lo único cierto es que, esta vez, la sociedad reaccionó ante la barbarie. Desde el 26 de septiembre se producen cientos de actos y manifestaciones en todo el país, extensivos a la gran comunidad azteca en los Estados Unidos. Dado que tanto el alcalde de Iguala como el gobernador de Guerrero, responsables directos de la desaparición de los estudiantes, forman parte del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD), con el correr de las semanas se produjo la renuncia del máximo líder de esa fuerza, Cuauhtémoc Cárdenas. Es decir, la evidente pertenencia del alcalde Iguala, José Luis Abarca, actualmente detenido, con el narcotráfico y el secuestro de los normalistas, dejó al PRD sin argumentos para presentarse como una fuerza moralmente capaz de ser alternativa.
En cuanto al gobierno federal, es preciso reparar en que a dos semanas del secuestro de los estudiantes, el procurador general Jesús Morillo Karam fue la cara visible de un gran operativo mediático que daba por cerrado el caso. Un montaje burdo de tres arrepentidos mostrados ante las cámaras daba la versión oficial: los policías y los guerreros unidos (cara legal e ilegal del aparato montado en Iguala como en muchos otros distritos) habrían matado, calcinado y enterrado a los normalistas. La urgencia de Karam era que Peña Nieto no quería cancelar su viaje a China y Australia. La desmentida llegó días después de la mano del Equipo de Antropología Forense. Es decir, del grupo de argentinos expertos convocados como peritos de parte por los familiares de los estudiantes. De todos los restos óseos analizados, ninguno coincidía con el ADN de los estudiantes. Pero el despliegue mediático había sido montado cuando Karam dio su versión. Las protestas crecen pero el gobierno y su blindaje mediático, basado en el monopolio de Televisa del clan Azcárraga, apuntan a que con el correr de las semanas se desvanezcan sin que nada salga a luz. La información con otras fuentes circula por pocos medios de impacto masivo y son básicamente el diarioLa Jornada y CNN, cuya corresponsal jefe es Carmen Aristegui, una periodista de mucho prestigio, con presencia también en radio y en prensa gráfica. La pelea de la CNN con Televisa es histórica y posiciona a esa cadena norteamericana como una voz confiable contra la corrupción política. Un equilibrio sólo posible por la presencia de Aristegui. Para ver cómo funcionan los medios en un país donde nunca se dio un golpe de Estado pero la clase política está contaminada de vínculos con los negocios del narco, basta ver que Telesur está prohibido en todas las cadenas de televisión paga. No es censura: es la libertad de empresa. Sólo se la puede ver por internet.

Demasiado lejos de Dios... y demasiado cerca de los Estados Unidos, dicen aquí quienes no se resignan a naturalizar la barbarie. Es difícil para el extranjero entender cómo es México. Un país que creció en base al petróleo y que este año dio un paso hacia la entrega de las poderosas riquezas hidrocarburíferas a manos de las transnacionales al iniciar el proceso de privatización periférica de Pemex. Justo en un momento en el que el precio del barril de petróleo se desploma y con eso se pone en riesgo la principal fuente de divisas (legales). La otra, muestra el México lindante con el imperio: la segunda fuente de dólares son las remesas de los millones de trabajadores legales e ilegales que son mano de obra barata en Estados Unidos. Los mexicanos dan muestra de una hospitalidad y un orgullo patriótico increíbles. Tienen una vida cultural colorida, vivaz, alegre. Sin embargo, hay un manto de silencio sobre la violencia estatal que permitió naturalizar estos cien mil muertos ocurridos en menos de una década. El libro institucional de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde se presentan las voces más comprometidas por el cambio social, no tiene empacho en referirse a la masacre de Tlatelolco de 1968 como el trágico enfrentamiento entre policías y estudiantes, cuando se trató de una emboscada masiva por parte de los uniformados, orquestada desde el gobierno cuando Luis Echeverría era secretario de Gobernación. Luego, en 1970, fue electo presidente y tuvo un rol activo en dar asilo a miles de argentinos que huían de la represión en Argentina, en Chile o Uruguay. Es decir, sudamericanos militantes que, de haber estado en aquella plaza de las Tres Culturas, hubieran caído bajo las balas policiales. Ese México es el de un acendrado machismo: el jueves por la noche, cuatro argentinas que volvían de la Feria del Libro subieron por la noche a un taxi y pretendieron discutir el precio del viaje: el chofer, sin vueltas, arrancó y les dijo que no abrieran la boca hasta llegar al hotel, que no estaba dispuesto a que unas mujeres le hablaran en ese tono. El temor a un lugar desconocido hizo que la consigna del taxista fuera cumplida a rajatabla. El colorido de la cultura convive con la cultura de la imposición. Mande, es la primera voz que surge de cualquier empleado que cumple funciones en áreas de servicio. Esa aparente docilidad está acompañada de la militarización de miles y miles de jóvenes que se incorporan a agencias policiales. Un spot que grafica esto se ve a cada rato en la televisión de Guadalajara (capital del Estado Jalisco): Únete a la Fuerza Única Jalisco, tu fuerza puede ser nuestra fuerza. Tanques, helicópteros, ametralladoras antiaéreas y hombres vestidos de negro armados hasta los dientes convocan a sumarse a la policía estatal, una de las tantísimas agencias estatales que circulan por los laberintos de un país convulsionado por el dolor.

En la Feria del Libro de Guadalajara

Miles y miles de estudiantes que entran gratis y se sientan a escuchar atentamente y hacen entrevistas a cualquiera que crean escritor. Miles y miles de adultos que pagan una entrada no muy cara a este potente encuentro de cultura que es, a la vez, la cita para una industria cada vez más transnacionalizada y en manos de poquísimos jugadores. Las charlas se multiplican, al mismo tiempo. Este cronista pasó por una y otra en el laberinto de las callecitas internas. Algunas son escenas sobresalientes que merecen ser compartidas con el lector. Paco Ignacio Taibo II presentó Asturias 1934, una historia que lo lleva a su abuelo, un marino mercante que traía clandestinamente pistolas belgas y las escondía en el taparrollos de la persiana hasta que llegaran a manos de los mineros anarquistas. Una historia que lo lleva a su anual Semana Negra de Gijón, plena de alegría y talento, pero incrustada en la desaparición de las minas por las reformas económicas. Un Paco Taibo que cuenta cómo están las cosas en México mientras ubica en sus frases de modo quirúrgico un pinche, un cabrón, una chingada y un cuate mientras inevitablemente todos nos reímos. Un Paco Taibo que milita horas y horas en las bases del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) del cual es dirigente. Un Paco Taibo comprometido hasta la médula con la causa de los 43.
Un rato después, casi sin tiempo de un café, se presentaba Thomas Piketty, autor de El Capital -escrito en rojo- y con una tipografía más suave en el siglo XXI . El joven francés que llegó al Instituto de Massachusetts con cara de ángel y dos décadas después publica un libro que recorre el mundo como un fantasma. Su libro apunta a las reformas fiscales de fondo. Se mete más con David Ricardo y Carlos Marx que con Jhon Keynes porque plantea que el gran dilema de la economía mundial es la distribución del ingreso y desde allí se pueden modificar las otras variables. Pikkety, interpelado por los mexicanos, dijo que su libro no es eurocentrista pero que de muchísimos países –como México– no puede obtener datos confiables sobre la realidad fiscal y cómo se pagan los impuestos. Por la noche del jueves, al cerrar la feria, una inmensa carpa que albergaba a miles de personas, tuvo la música del Chango Spasiuk. Polcas y chamamés, horas de fina música y las palabras agudas y amigas del misionero: la música no es para olvidar sino para hacer memoria, que aparezcan con vida los 43. Terminaba una jornada larga, con la tranquilidad de que Taty Almeida se recuperaba. La historia fue que, apenas llegada al DF, se sintió mal, la internaron y la operaron de divertículos. Por suerte, estaba su hija Fabiana y estaban en contacto con la embajadora Patricia Vaca Narvaja. Taty tenía una cita de honor en la feria: Ulises Gorini iba a acompañarla en la lectura de los poemas de su hijo Alejandro, detenido desaparecido en 1975. Ahora, esta madre querida se recupera y podrá volver a la Argentina a seguir con su lucha y su ejemplo de temple y dignidad.

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Entrevista. Atilio Boron. Politólogo, sociólogo

“Hay un orden estatal carcomido hasta sus entrañas”

Miguel Russo

“Hay un orden estatal carcomido hasta sus entrañas”

Investigador Superior del Conicet y director del PLED/Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Atilio Boron es una de las personas que más sabe sobre la acuciante actualidad mexicana. Por eso, ante la tragedia de Ayotzinapa, no duda: “Se trata de un hecho atroz por donde se lo mire, de una crueldad incalificable y que revela lo avanzado del proceso de putrefacción de un orden estatal carcomido hasta sus entrañas. Pero no hay que dejarse engañar y pensar que una aberración como la que segó la vida de esos 43 jóvenes es una excrecencia circunstancial de un cuerpo político saludable. Todo lo contrario: es la violenta irrupción a la luz pública de una forma de dominación y de hacer política que se ha venido practicando en los últimos años en México y cuyas víctimas suman decenas de miles. A causa de la “narcoguerra” desatada durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) las víctimas de esta criminal y suicida política -que además sólo sirvió para profundizar el control del narco sobre la vida política, económica y social de México- superan las 121.000, un promedio de una persona cada 30 minutos, según un informe presentado por la Procuraduría General de la República. Hay que hablar de los feminicidios: entre 1985 y 2010 fueron asesinadas 36.606 mujeres, y la tendencia no ha sido revertida. Un informe oficial revela que solamente durante el sexenio de Calderón desaparecieron 26.121 personas. Eufemismos aparte, esto es 'terrorismo de Estado', practicado en un marco presuntamente ‘democrático’”.
–¿Se puede parar esta tragedia?
–No es imposible pero sí muy difícil. La creciente amalgama entre narcotráfico y política tiene como rasgo distintivo la utilización a mansalva y con total impunidad de la violencia. La frontera común con los Estados Unidos, país donde año a año se baten récords en materia de venta libre de armas de fuego, agrega un ingrediente imposible de controlar. Mientras la trata de personas, el tráfico de drogas y órganos humanos, y la venta de toda clase de armas sean organizadas por empresas binacionales del crimen, en donde los malechores cuentan con la complicidad o, al menos, la displicencia de las autoridades de ambos lados de la frontera será muy difícil detener esta espiral de la violencia. No quisiera caer en exageraciones, pero pareciera que sin una profunda revolución política y social, a ambos lados de la frontera, la narcopolítica con sus atroces secuelas seguirá causando estragos.
–¿Y la guerra contra el narcotráfico impulsada por la Casa Blanca?
–Los Estados Unidos no están interesados en eso, y México no puede librar en solitario una batalla contra ese flagelo cuando su vecino es un verdadero santuario para dichas actividades. Los Estados Unidos aprendieron la lección del Reino Unido, que con dos guerras libradas a mediados del siglo XIX impuso el tráfico de opio y derrumbó a la China imperial. Lo que quiere es “regular” al narcotráfico, no combatirlo, porque sabe que es una poderosa arma de dominación imperial y de sometimiento de los pueblos. La Casa Blanca puso en práctica esas enseñanzas primero en Colombia, con los resultados de sobras conocidos; luego pasó a México, en donde a favor de la vecindad geográfica el impacto de su iniciativa adquirió dimensiones gigantescas, y ahora endereza sus pasos hacia el sur. La Argentina, Perú y Brasil están en la mira. Del narcotráfico a la narcopolítica y al “terrorismo de Estado” hay apenas un paso, y en el medio se apilarán los cadáveres de miles y miles de víctimas que regarán con su sangre uno de los negocios más rentables del capitalismo contemporáneo. ¿Cuáles son los dos países en donde hay miles de desaparecidos, centenares de miles de muertos por la violencia, millones de campesinos desplazados, abundan las fosas comunes y las atrocidades y las matanzas están a la orden del día? Colombia y México, en donde los vínculos entre el narco, los políticos y los gobernantes han sido probados en sede judicial. Y esos dos países son los aliados preferenciales de los Estados Unidos y puntales de la malhadada “Alianza del Pacífico”. Nada de esto es casual.

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Alerta temprana para América latina

El asesinato de los 43 estudiantes mexicanos puso en primer plano una situación que no es patrimonio exclusivo de ese país, sino que se expande, casi estructuralmente, por todo el subcontinente.

Daniel Cieza *

Alerta temprana para América latina

Detenido. Joaquín Guzmán Loera (a) "el chapo", líder del cartel de Sinaloa.

Hubo dos noticias provenientes de México que tuvieron una gran difusión internacional. En febrero de 2014 se conoció la impactante noticia de que en tierras aztecas había sido detenido el jefe narcotraficante más importante del mundo. Se trataba de Joaquín Guzmán Loera, apodado El Chapo (petiso), un campesino del Estado de Sinaloa, de baja escolaridad pero de muy alta posición económica, según el ranking de la revista Fortune. Según diversos informes, el Chapo Guzmán, líder del Cartel de Sinaloa, es el jefe del imperio de la droga más importante del mundo, con operaciones en 48 países, y sobre todo con el control de la mayor porción del mercado estadounidense de drogas ilegales.
El arresto del Chapo fue celebrado, entre otros, por la Marina mexicana, la DEA estadounidense y el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto, y se desarrolló sin disparar un solo tiro. Fue detenido en una localidad de su estado natal, Sinaloa, y luego de estar prófugo durante 13 años, ya que se evadió de un penal de alta seguridad. Sería un golpe fuerte contra la principal organización narco-traficante del planeta. Hasta aquí la noticia y una síntesis de los comentarios de miles de informes que se fueron sucediendo en las semanas siguientes.
Pocos meses después, México vuelve a ser noticia. En Ayotzinapa, Estado de Guerrero, a fines de septiembre de 2014 se produce la desa­parición forzada de 43 estudiantes de una escuela normal rural, y se hacen visibles cientos de ejecuciones sumarias en la región. Los victimarios son miembros del cartel Guerreros Unidos, uno de los fragmentos en que se fue dividiendo el Cartel de Sinaloa. Las víctimas son jóvenes estudiantes de una mítica escuela rural donde fueron profesores líderes insurgentes, como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Al momento de la desaparición, estaban haciendo una colecta para conmemorar la Masacre de Tlatelolco en 1968, donde fueron asesinados jóvenes estudiantes mexicanos. Han sido detenidos sicarios del grupo Guerreros Unidos, dirigentes políticos, y policías del Municipio de Iguala, acusados de tener relación con los hechos.
Los antecedentes del caso abren muchos interrogantes y se impone un debate necesario. Surge como principal interrogante la relación entre el poder político local y las organizaciones de narcotraficantes en México. Pero también surge el debate acerca de la voluntad política de las autoridades estadounidenses y mexicanas acerca de la eliminación del narco, ya que no parece creíble que el principal narcotraficante del planeta permanezca prófugo y visible durante más de trece años. Y finalmente surge el debate sobre cuáles son las funciones no manifiestas o latentes de las organizaciones de narcotraficantes.
El planteo de esta nota es que estas organizaciones, que ocupan una parte de la economía ilícita, no son combatidas seriamente por ser funcionales al poder en una serie de aspectos. Cumplen funciones ocultas tales como generar puestos de trabajo en el mercado informal, suplir fallas del Estado en la asistencia y seguridad social, solucionar problemas de liquidez en momentos de gran recesión, alimentar operaciones de lavado de dinero de grandes bancos, realizar importantes compras a la industria armamentista norteamericana, formar parte de dispositivos de represión ilegal y violatoria de derechos humanos contra movimientos sociales insurgentes, complementar los ingresos de organismos burocráticos (policía, cuerpos de seguridasd etc.), financiar partidos políticos y justificar el gran presupuesto asignado a la DEA y otras agencias estadounidenses, y sus prácticas violatorias de las soberanías nacionales.
Antecedentes y negocios. Los primeros antecedentes de este tipo de organizaciones mafiosas hay que buscarlos en el sur de Italia. Más tarde, es interesante recordar los antecedentes de organizaciones mafiosas que operaron en Estados Unidos y en Cuba durante las décadas del ’30 al ’50. Allí surgieron nombres emblemáticos como Al Capone, Lucky Luciano y Amadeo Barletta, vinculados a la matriz italiana.
En la segunda mitad del siglo XX surgen los carteles mexicanos. En sus orígenes son grupos familiares campesinos que trafican marihuana y heroína hacia un creciente mercado estadounidense. Luego incorporan a sus rutas el tráfico de cocaína proveniente de Sudamérica. Durante las últimas décadas del siglo XX estos grupos tuvieron escasa visibilidad y una evidente protección política. Durante años hubo en México un rumor que se repetía en voz baja en charlas de café. Funcionaría en forma subterránea una poderosa estructura mafiosa de traficantes de drogas que actuaba con la complicidad de funcionarios del gobierno, en especial de miembros del ejército y la Secretaría de Defensa. Este rumor habría sido confirmado por investigaciones de la revista Proceso y de la periodista Anabel Hernández en la última década. Esta periodista, citando informes del general Acosta Chaparro –quien luego fue asesinado– sostiene que al menos hasta el año 2000 autoridades del Estado mexicano y altos jefes militares conocían perfectamente las operaciones de los narcotraficantes, las autorizaban informalmente y recibían beneficios que se distribuían vertical y orgánicamente.
Hacia 1980 surgen en Colombia los poderosos carteles de Medellín y de Cali. Diversos trabajos sobre Pablo Escobar muestran el gran poder económico y político que alcanzó, con la complicidad de autoridades colombianas y funcionarios de Estados Unidos. Su muerte, en 1993, implica la hegemonía de los carteles mexicanos en el negocio de la droga.
En los años ’90, en México aparecen como grandes organizaciones rivales el Cartel del Pacífico, o Cartel de Sinaloa, dirigido por Joaquín Guzmán Loera, quien es detenido a fines de la década, y el Cartel del Golfo.

Entre el PAN y  DEA. El triunfo electoral del PAN en el año 2000 inaugura otra etapa luego de décadas de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El esquema de los carteles se modifica rápidamente. Es sintomático que en los primeros días de la presidencia de Vicente Fox, el Chapo Guzmán se evade de un penal de alta seguridad con inocultable complicidad de algunos funcionarios.
En los dos sexenios que gobierna el PAN se fortalece el Cartel de Sinaloa y se visibiliza la problemática violenta. Por otro lado, las administraciones panistas desplazan al ejército mexicano de los principales operativos, involucran a la Marina, y establecen una mayor relación con la DEA. Pareciera que la DEA, como ya lo hizo en Colombia, favorece a unos carteles en desmedro de otros por oscuras razones “tácticas”. En México está claro que el tratamiento que recibieron los Zetas fue muy distinto al del Cartel de Sinaloa. Las declaraciones de un hijo de Ismael Zambada, lugarteniente del Chapo, a la Justicia de Estados Unidos confirman este vínculo entre el principal cartel y la DEA. En un proceso que tramita en Chicago, Vicente Zambada Niebla revela que había un acuerdo entre agentes de la DEA y la cúpula del Cartel de Sinaloa. A partir del gobierno de Felipe Calderón se desata una “guerra antinarco” que visibliza con mayor intensidad la problemática, que provoca reacciones sanguinarias de grupos como los Zetas o el encabezado por los hermanos Beltrán Leyva.
Pero además los carteles se multiplican, como son los casos de La Familia y Los Caballeros Templarios, que surgen en Michoacán y Guerrero. El cartel Guerreros Unidos, acusado de la desaparición forzada de los estudiantes, es una expresión más de este fragmentación.
En este contexto, el Chapo Guzmán goza de una llamativa impunidad. Se casa con una reina de belleza en su propia región, participa de fiestas y se lo ve en lugares públicos. La versión de que escapa a la captura a través de siete casas conectadas por túneles, emitida por muchos medios, es realmente poco seria. Evidentemente no hubo una decisión política de detenerlo.

Un poder paralelo y creciente. El mapa del control territorial de los carteles mexicanos es variable. La Federación, dirigida por el Cartel de Sinaloa y que integran entre otros el cartel Nuevo Milenio, La Familia de Michoacán o el Cartel del Golfo, es la más poderosa. Por otro lado aparecen Los Zetas y el Cartel de los hermanos Beltrán Leyva. Entre estos grupos, a los que hay que sumar el antiguo Cartel de Tijuana, hay alianzas y rupturas constantes.
Se profundiza también la internacionalización de algunos carteles, como el de Sinaloa, con filiales en más de 40 países, o el de Los Zetas que avanza raudamente sobre Centroamérica. Esta expansión significa alianzas y acuerdos con grandes empresas, bancos y poderes públicos. Porque una economía ilegal y un poder paralelo no puede expandirse sin acuerdos y protección de los poderes formales. ¿Acaso se puede concebir el gran poder de los narcos sin la complicidad de grandes bancos que lavan su dinero o de empresas legales que les venden armas, y de funcionarios que miran para otro lado?
Ese poder paralelo es funcional a ciertas administraciones estatales o federales, y a ciertos poderes permanentes como los grandes bancos, determinadas empresas o grandes estructuras burocráticas. Veamos más en detalle las funciones ocultas de las mafias del narcotráfico.
A) Respecto de gobiernos locales o federales: son útiles, ya sea auxiliando en momentos de iliquidez las finanzas publicas, creando empleo informal, generando asistencia social, financiando campañas electorales, y actuando como “guardias blancas” contra movimientos rebeldes. Los principales grupos narcos se hacen cargo de muchas salas de primeros auxilios y otras instituciones asistenciales. Contratan a miles de personas como “vigiladores” y fomentan el pequeño comercio mediante “préstamos” que forman parte de operaciones de microlavado.
B) Respecto de grandes bancos: los grandes bancos son beneficiarios de enormes masas de dinero que son lavadas en circuitos financieros. Hay reportes de que importantes instituciones bancarias de Estados Unidas fueron levemente sancionadas, pero recibieron grandes beneficios por la complicidad con el lavado de fondos provenientes del Cartel de Sinaloa o de Los Zetas. Entidades como la Wells Fargo, el Citibank o el Bank of America fueron mencionadas en operaciones sospechosas provenientes de casas de cambio mexicanas.
C) Respecto de la industria armamentista: los narcos mexicanos son importantes clientes de la industria armamentista de Estados Unidos. Hay cientos de armerías en la frontera y las organizaciones de narcos compran legalmente armas de gran calibre. Pero además, operativos como “Receptor Abierto” o “Rápido y Furioso” comprometen a algunas agencias estadounidenses en el envío de armas para narcos mexicanos.
D) Finalmente, organizaciones formales burocráticas de Estados Unidos también interactúan con este poder paralelo. Un informe del entonces senador John Kerry demuestra que la CIA financió con dinero de los narcos el apoyo a los “contras” en Nicaragua. Obviamente, la DEA realiza múltiples acuerdos informales con los grupos narcos y su patrón de actuación es realizar acuerdos con algún grupo narco para obtener información de sus rivales.

Los suceso de Ayotzinapa. Los crímenes en perjuicio de los estudiantes de Ayotzinapa muestran crudamente algunas funciones ocultas de las organizaciones de narcotraficantes.
En rigor, en el Estado de Guerrero ya había antecedentes muy precisos sobre utilizar grupos narcos para reprimir la protesta social. La síntesis de estos procesos está en el rol histórico de Rogaciano Alba, que fue alcalde priísta de un importante municipio de Guerrero, presidente de la Sociedad Ganadera del Estado, y jefe regional del Cartel de Sinaloa. El eclipse y la detención de este personaje se deben a disputas internas del Cartel de Sinaloa.
Al mismo tiempo, Ayotzinapa, es un símbolo de la protesta social en Guerrero, ya que allí surgieron profesores que encabezaron movimientos políticos en los ’70, como la Asociación Cívica de Genaro Vázquez o el Partido de los Pobres, de Lucio Cabañas. Esta insurgencia fue reprimida en la llamada Guerra Sucia de Guerrero, recientemente condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Radilla”.
Los sucesos de Guerrero marcan a fuego otro problema que involucra a la dirigencia política mexicana. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, acusado de connivencia con los narcos, es un dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD). También es dirigente de este partido el gobernador del Estado de Guerrero, Ángel Aguirre, con antecedentes en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y sospechado de recibir dinero del narco para sus campañas electorales.

Aviso para la democracia. Es posible y necesaria una nueva lectura sobre el tema en análisis. La profusa difusión sobre el imperio en las sombras del Chapo debe servir para alertar sobre la existencia de un fuerte poder paralelo al Estado con ramificaciones y alianzas en todo el continente. Y la indignación por los sucesos de Ayotzinapa debe alertar sobre el uso de este poder en las sombras para reprimir la protesta social.
En rigor, se trata de una economía subterránea ilegal que representa porciones crecientes del PBI y que tiene vasos comunicantes con la economía formal.
Pero, además, hay datos de que esta masa de dinero ilegal se reproduce a través de diversos mecanismos de lavado. Hay empresas “fantasmas” con sedes en Miami y Panamá que se ocupan de diversas maniobras financieras.
Respecto del tráfico de cocaína, parece haberse consolidado la hegemonía del Cartel de Sinaloa, que controla la producción de pasta base en el Amazonas colombiano y las rutas hacia Estados Unidos y hacia Europa. Es evidente que el grupo mexicano ha realizado alianzas con remanentes de los antiguos carteles colombianos. A su vez, abastece el mercado europeo a través de contactos y alianzas con otros grupos de la zona andina y del Cono Sur.
En todo el Atlántico mexicano y en el mar Caribe se expande el poder de Los Zetas. Nacido como grupo de seguridad del Cartel del Golfo y formado por militares mexicanos desertores, este cartel se independiza, integra a ex militares guatemaltecos (los “Caibiles”), y de­sarrolla nuevas líneas de trabajo, como el tráfico de migrantes o los secuestros extorsivos.
Hoy las drogas sintéticas o metanfetaminas son una de las líneas de trabajo del Cartel de Sinaloa y el nivel de desarrollo de este negocio ilícito es difícil de determinar. Veamos algunos síntomas que no deben pasar desapercibidos. En países como la Argentina habría acumulado reservas de efedrina, uno de los componentes de la droga sintética, que entraron en tiempos de escasa vigilancia. Esta sustancia es manejada por la llamada “mafia de los medicamentos” y ya hubo episodios de violencia no esclarecidos, como el “tripe crimen” de jóvenes ligados a droguerías. Por otro lado, también se detectó un laboratorio clandestino en el Gran Buenos Aires, y fueron detenidos mexicanos que luego aparecen ligados al Cartel Nuevo Milenio.
Fenómenos de corrupción estructural también parecen tener vinculación con el Cartel de Sinaloa. La revista Proceso había advertido sobre la presencia del cartel en todo el continente. Este poder paralelo y creciente determina la aparición de nuevos actores políticos. Todo esto impacta sobre el sistema democrático en América latina. En México han aparecido gobiernos provinciales dudosos y se empieza a hablar de “narcoestados”. En Guatemala, los candidatos más importantes en las últimas elecciones fueron vinculados de alguna manera con la cuestión del narcotráfico. En Colombia, decenas de congresistas han sido procesados por vinculaciones con grupos para-militares y narcotraficantes. En Paraguay hay muchas evidencias de que importantes figuras políticas están vinculadas al contrabando y al “blanqueo” de dinero ilegal. Y en la Argentina, hay figuras políticas locales con una trayectoria sospechosa.

* Ex profesor universitario en México. Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

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A la sombra de Ayotzinapa

Ricardo Martínez

A la sombra de Ayotzinapa

En enero de 2010 en México un numeroso grupo de organizaciones civiles y particulares hicieron una convocatoria a constituir un Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Capitulo México para que mediante un amplio trabajo colectivo de investigación, diagnóstico, denuncia y movilización social, con talleres, seminarios, asambleas populares y audiencias públicas poner ante la vista de la opinión pública nacional e internacional, la peligrosa supresión de todo tipo de canal político y jurídico que dé cuenta del “terror creciente e incontrolado que vienen desplegando el Estado mexicano azuzado y soportado por el Estado estadounidense y por numerosas empresas transnacionales en contra de la sociedad civil.”
El TPP es un organismo internacional no gubernamental creado como continuación de Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra más conocido como Tribunal Russel (en honor al filósofo británico que fuera su creador) que se constituyera para investigar y evaluar la política exterior estadounidense y la intervención militar en Vietnam. Fue relevante ética y políticamente la participación de Sartre y Cortázar en ese primer tribunal. El informe finalizó en 1966 y la condena a los EE.UU. impactó en numerosos países y abrió paso al reconocimiento de la utilidad de este tipo de dispositivos de develar lo obsceno. No fue neutro expresar en plena guerra fría: “Declaramos culpable al Gobierno y ejército de los Estados Unidos por bombardear objetivos civiles de forma deliberada…”, etc, etc.
El Tribunal Russel continuó entre 1974 y 1976 con la investigación de las violaciones a los DDHH por las dictaduras sudamericanas, en particular las de Chile y Brasil, y concluido ese informe fomentó la creación de otros organismos internacionales no gubernamentales que dieran continuidad a sus acciones, y allí nace el TPP que ha sido sostenido hasta la actualidad por la Fundación Lelio Basso de Italia.
El TPP se conforma con personalidades, académicos y juristas con alto reconocimiento en la defensa de los DDHH, y es presidido actualmente por Franco Ippolito y su secretario general es Gianni Tognoni. En forma estable está integrado entre otros por seis argentinos: Estela Carlotto, Graciela Daleo, Daniel Feirstein, Adolfo Pérez Esquivel, Marcelo Ferreyra y Alejandro Teitelbaum. La intervención del TPP se hace efectiva constituyendo tribunales que colectan en forma amplia y sistemática testimonios de los padecimientos ocultados, silenciados e impunes, los investiga y concluye con una sentencia pública.
El llamado Capitulo México, se constituyó bajo el lema “Libre Comercio, Violencia, Impunidad y Derechos de los Pueblos” y entre los doce jueces convocados estuvieron los argentinos G. Daleo y D. Feirstein. Durante tres años sesionaron públicamente escuchando a “los sin voz.” La Audiencia Final donde dio a conocer su sentencia fundamentada (http://www.tppmexico.org/sentencia-de-la-audiencia-final-del-capitulo-mexico-del-tpp/) se desarrolló entre el 12 y 15 de noviembre de 2014 en el auditorio de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y representó “la conclusión de un largo camino que empezó el 21 de octubre de 2011 con la presentación del acto de acusación en una sesión pública en la UNAM y que se ha desarrollado a través de siete audiencias temáticas y tres transtemáticas dedicadas a explorar de manera sistemática y juzgar el espectro complejo y dramático de las violaciones de los derechos fundamentales de los pueblos que han ocurrido (en México) a lo largo del período 1982-2014.” Más de treinta años, si, y bajo gobiernos “democráticos”.
El marco analítico del sustrato histórico político de las violaciones de los DDHH que utilizó el tribunal se basó en “los tiempos, las características y las implicaciones generales del proceso de entrada de México en el mundo del libre comercio, hasta su transformación en un verdadero laboratorio a nivel regional y global”. En ese sentido los pilares de análisis fueron: la transformación de la estructura productiva de México, las reformas neoliberales y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan, también conocido como Nafta por sus siglas en inglés), la genealogía e instauración de la economía criminal y el narcotráfico. El Tlcan /Nafta fue firmado (aceptado) bajo la presidencia de Salinas de Gortari y entro en vigencia en 1994.
En la sentencia se afirma que: “el daño económico más importante generado por el libre comercio ha sido la desindustrialización de su área manufacturera [...] el extractivismo energético cada vez más complejo (que incluye no solo el petróleo sino también el gas convencional, el gas shale, el viento y la energía solar), un extractivismo minero cada vez más intenso y complejo y un extractivismo hidrológico también devastador. Todo enfocado a abastecer los mercados estadounidenses, y a entregar los recursos naturales estratégicos a empresas petroleras y gasíferas de EE.UU., a empresas españolas eléctricas y a empresas mineras de Canadá”.
La agricultura tradicional y la soberanía alimentaria característicos del México antes del Tlcan fue suplantada por una agricultura de exportación subordinada al interés norteamericano, perdiéndose la soberanía en la mayoría de sus áreas básicas: granos, leguminosas, hortalizas, frutas, carne, alimentos procesados, etc. Insólitamente hoy el país importa diez millones de toneladas de maíz.
El TPP ha constado que “todos los programas de apoyo a la producción rural han sido desmantelados, así como las principales leyes que protegían la propiedad ejidal (colectiva) de la tierra, fomentando su privatización que avanza primordialmente en el centro del país [...] y la sustracción de los derechos de los pueblos indígenas a la tierra comunal. El comercio nacional, las grandes agencias comerciales estatales en el campo, y las pequeñas y medianas empresas productivas y comercializadoras familiares se han destruido, y fueron reemplazadas por empresas altamente monopolizadas, sobre todo de cuño transnacional. El mercado interno (industrial, agropecuario) destruido fue suplantado por un mercado importador de todo tipo de insumos industriales”.
Afirma que, “desde 2012 en México se paga uno de los salarios más bajos del mundo en términos comparativos, aprovechando la sobreoferta laboral [...] como así también el desempleo real, maquillado en el caso de los trabajadores intermitentes o informales (3 de cuatro trabajadores en México son informales) y con el flujo migratorio hacia Estados Unidos [...] 15.2 millones de mexicanos expulsados a partir de la firma del Tlcan, que es principal flujo migratorio del mundo”. El desempleo queda parcialmente oculto por la incorporación de trabajadores a la “economía criminal” del narcotráfico o al intenso reclutamiento de mano de obra para las fuerzas militares y de seguridad.
Uno de los aspectos sustantivos en pos de obtener una explicación - aunque provisoria- de la tragedia mexicana es proporcionado por el TPP cuando analiza en su sentencia la “dimensión criminal de la economía”, “que ha alcanzado ya niveles tales que llegan a condicionar y trastornar cada ámbito de la vida económica, social y política del país [...] en México, en los hechos, coexisten entrecruzadas una “economía criminal” de proporciones gigantescas y una “criminalidad económica” difusa y profunda”. A la violencia sistemática se adosa el recurso naturalizado de la corrupción de políticos y funcionarios públicos.
La “economía criminal” (que posee una incidencia extraordinaria) es el tráfico de drogas realizado por los distintos carteles; el contrabando de armas; la explotación de personas migrantes; el reciclaje de los ingresos provenientes de la droga y de otros delitos, principalmente en los Estados Unidos, produciendo “el balance trágico de una cadena de víctimas civiles, la eliminación física de los opositores[...] la pérdida de control de amplias zonas del territorio por parte de las instituciones públicas y por la existencia de una impunidad sustancial, incluso tratándose de los crímenes más horrendos”. Todo esto convive con “una difusa “criminalidad económica”, la criminalidad de los delincuentes de cuello blanco [...] que encuentra en México muy pocos obstáculos por la casi total ausencia de normas regulatorias.
El 15 de noviembre de 2014 el Auditorio de la UNAM fue colmado por campesinos, indígenas, estudiantes, trabajadores, obreros, grupos de apoyo a los migrantes y defensores de derechos humanos; se leería la sentencia. Como reafirmación del carácter continuo y estructural de la tragedia mexicana allí también estuvieron los compañeros y familiares de los normalistas asesinados y desaparecidos en Iguala, cuarenta días antes que el tribunal finalizara sus audiencias. Por eso ese día el TPP sesionó a la sombra de Ayotzinapa; todo México está cubierto por esa sombra. La sentencia comienza así: “Con todo el impacto del dolor y la documentada participación de agentes y connivencia de los poderes públicos, los hechos de Ayotzinapa no constituyen apenas un capítulo más en el largo listado de violaciones de los derechos a la dignidad y a la vida de los pueblos de México: son la expresión dramática, real y simbólica, de la actualidad y de la significación de las propuestas del TPP. Este dictamen quiere ser parte integrante de la movilización y de la lucha que se están manifestando en todo el país [...] Todo aquello que se ha documentado tan trabajosamente durante tres años de labor del Tribunal, se condensó en Iguala en unas horas de barbarie”.

El Capítulo Mexico

Graciela Daleo*

Llegué a México por segunda vez el 7 de noviembre. Como la primera, fui a sumarme como integrante del Tribunal Permanente de los Pueblos a la acción colectiva de visibilización de las problemáticas que atraviesan al pueblo de México en todas sus dimensiones. Desde aquel mayo de 2012, cuando en Ciudad Juárez se hizo la audiencia de apertura del “Capítulo México”, hasta este noviembre de sentencia nada de lo documentado y denunciado por cientos de organizaciones populares mexicanas ha sido desmentido sino ratificado. Y más: horrorosamente ampliado y multiplicado.
“A la sombra de Ayotzinapa” escribimos la sentencia, con la certeza de que Ayotzinapa “es la expresión real y simbólica”, absolutamente actual, de una planificada política de Estado que multiplica “43” por miles. Política de Estado con décadas de ejercicio impune, y que pese a la resistencia y la lucha de los pueblos de México, parecía inexpugnable. Parecía, digo. Tal vez como si de un fenómeno químico se tratara, a los mismos “elementos”: desapariciones, asesinatos, torturas, despojo, desplazamientos, arrasamiento de tierras e identidades, Ayotzinapa los “precipitó” de tal modo que hizo que se combinaran de forma tal que hoy hacen visible y audible ante el propio país y ante el mundo el México real. Ese México arrasado por el libre comercio, la violencia y la impunidad en el que apenas se rasga la tierra emerge que el paraíso de transnacionales y multimillonarios se asienta sobre miles de cadáveres. Para ser más exacta: el México real es visible y audible por lo que los familiares de “los 43 que nos faltan” y cientos de miles que recorren kilómetro a kilómetro exigiendo “Vivos lo llevaron, vivos los queremos” hacen “desde” Ayotzinapa; el Tribunal procura ser parte de ese camino.
En esos y estos días me preguntaba, me pregunto con indignación y dolor, por qué gobiernos latinoamericanos, entre ellos el argentino, no han manifestado su solidaridad con el pueblo mexicano y repudiado los crímenes de Estado que lo victimizan. Pocos lo han hecho, y bastante tardíamente. Entre tanto, en cientos de ciudades de todo el mundo, también en Argentina, movilizaciones populares nos hermanan en esa consigna que casi cuatro décadas atrás acuñamos desde el dolor y la lucha: “Vivos los llevaron, vivos los queremos”, “Aparición con vida y castigo a los culpables”.

*Integrante del Tribunal Permanente de las Pueblos (TPP)

 

Fuente: Miradas al Sur.

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