Tarifazo doble

El viernes pasado se realizó la audiencia pública para la revisión de las tarifas de la energía eléctrica. Edesur y Edenor ratificaron el tarifazo y agregaron al 500 por ciento decretado por Aranguren en febrero, pedidos de aumentos que van del 30 al 53 por ciento. La suma acumulada podría llegar al 1100 por ciento. Mauricio Macri ya respaldó la demanda de las empresas.

Si alguna vez hubo dos bandos en el gobierno de Cambiemos, hace rato que los halcones se comieron a las palomas. El tarifazo a los servicios públicos es la prueba más cabal de esa supremacía del shock por sobre el gradualismo, y el respaldo de Mauricio Macri al nuevo aumento que pretenden Edenor y Edesur lo viene a ratificar.

arangurenEl Teatro de la Ribera, en La Boca, fue el lugar escogido para la primera de las audiencias públicas por la Revisión Tarifaria Integral (RTI), que fijará el cuadro desde febrero de 2017 y por cinco años. Las empresas que distribuyen energía eléctrica en la Ciudad Buenos Aires y el conurbano buscan imponer subas con promedios del 30 por ciento y picos del 53 por ciento pero que podrían llegar a duplicar las boletas actuales según los cálculos y –las sospechas– de las entidades de consumidores. Así se desprende de los informes entregados al ENRE por las compañías, cuyo principal argumento para reclamar más ganancias no deja de resultar llamativo y se puede graficar como una sucesión de promesas. Las prestadoras se comprometen a realizar millonarias inversiones en el sistema de distribución y a reducir de forma sensible los cortes de luz, pero antes piden compensar ese dinero a través de las facturas que pagan los clientes, quienes recién podrían ver una mejora en el año 2021. En resumen, los usuarios van a financiar a los privados para resolver las deficiencias crónicas de un negocio a su cargo. Por ejemplo, a cambio de que el Poder Ejecutivo habilite los aumentos, Edesur garantizó bajar en un 50 por ciento el promedio de horas de servicio suspendido que vienen padeciendo sus abonados. La contracara tácita de ese juramento empresarial se parece mucho a una amenaza: sin boletas más caras entonces no habrá inversiones y el verano será una seguidilla de cuadras a oscuras y sofocantes para los porteños y los bonaerenses.

Las prestadoras se comprometen a realizar millonarias inversiones en el sistema de distribución y a reducir de forma sensible los cortes de luz, pero antes piden compensar ese dinero a través de las facturas que pagan los clientes, quienes recién podrían ver una mejora en el año 2021.

Otro dato clave es que el tarifazo por venir no va a absorber o reemplazar al que Cambiemos dispuso unilateralmente en febrero pasado, con subas de hasta 470 por ciento, y que fuera habilitado por el visto bueno de la Corte Suprema en agosto. El nuevo incremento se aplicará sobre las facturas ya engordadas y, según los casos testigos que dieron las propias firmas, la suba acumulada podría estar en el orden del 550 por ciento y el 1100 por ciento, de acuerdo a la categoría del usuario, sus consumos y la fórmula aplicada por la concesionaria.

Por otra parte, los valores que surgieron de la audiencia pública representan el 40 por ciento del monto global que terminará figurando en las tarifas. Para saber el número final se deben agregar impuestos y, sobre todo, el precio mayorista de la energía (la generación) y el costo del transporte. Se trata de dos eslabones de la cadena que serán abordados en un segundo encuentro, que el ministro Juan José Aranguren proyecta para diciembre, con el objetivo de tener, a fines de enero, el cuadro tarifario definido.

Cualquiera sea la cifra definitiva, quedará bien lejos del 17 por ciento de inflación que el oficialismo ensayó en su presupuesto para 2017 y que viene usando como referencia, entre otras cosas, para pujar con los gremios de cara a las futuras negociaciones salariales.

La bendición de Macri

Juan Carlos Blanco, gerente general de Edesur, y Ricardo Alejandro Torres, presidente del directorio de Edenor, fueron los dos primeros de una lista de 106 expositores y 455 oyentes habilitados para participar de la audiencia pública en el Teatro de la Ribera. En esta oportunidad, el ministro Aranguren estuvo más aliviado que cuando encabezó la discusión por alza del gas, en la Usina del Arte, también en suelo boquense. El titular de la cartera de Energía no sólo llegó sin el escándalo de los 16 millones de pesos en acciones de la petrolera Shell –de las que finalmente se desprendió por pedido de la Oficina Anticorrupción–, sino que este debate se presentó como mucho menos incómodo para el PRO, con un perfil más técnico que político.

Héctor Polino, de Consumidores Libres, explicó a Nuestras Voces que el razonamiento de las compañías va a contramano del sentido común: “Las empresas tienen que hacer las inversiones, no los usuarios. Además, cómo saber qué destino le van a dar al dinero, si efectivamente van a hacer las inversiones o lo van usar para pagar deudas o sueldos”, advirtió, recordando la forma en que históricamente se han venido manejando las concesionarias.

Como sucedió en el caso del gas, hay varios puntos difusos: no están claros los montos que podrían llegar a las boletas –que muy probablemente van a superar los cálculos previos– ni tampoco la base de costos sobre la que las compañías sientan su posición. Estas cifras “negras”, que las eléctricas no mostraron y que el PRO no se esforzó en exigir, son uno de los ejes para las críticas de las entidades de consumidores, que tomaron la palabra en el auditorio luego de los CEO y los defensores del Pueblo de varios distritos.

No están claros los montos a los que podrían llegar las boletas ni tampoco la base de costos sobre la que las compañías sientan su posición. Estas cifras “negras”, que las eléctricas no mostraron y que el PRO no se esforzó en exigir, son uno de los ejes para las críticas de las entidades de consumidores.

Por lo pronto, para despejar cualquier duda sobre la sintonía entre las prestadoras y la Casa Rosada, el presidente Macri ya les dio su apoyo y justificó la necesidad del aumento como un requisito para las obras. En los documentos que expuso ante el Estado, Edenor habló de inversiones por 25.000 millones de pesos para los próximos cinco años, y Edesur por cerca de 20.000 millones de pesos. “La Argentina no tiene suficiente energía para poder crecer y acompañar todos los proyectos que están viniendo a radicarse en el país”, sostuvo el presidente, que siempre se mostró atento al reclamo de un rubro que conoce bien. Y esto no sólo porque su gobierno está plagado de ex ejecutivos del sector, sino también porque en su entorno vienen haciendo buenos negocios con la política energética del PRO. Incluso, el propio ENRE, el organismo encargado de regular el mercado eléctrico, tiene en su directorio a dos funcionarios de íntima relación con el lado privado del mostrador.

Más dudas que certezas

En concreto, Edesur desplegó dos escenarios: uno con una boleta residencial promedio de 370 pesos al mes –categoría T1, la más extendida–, lo que supone una suba del 73,9 por ciento, junto a un servicio de alumbrado público que treparía un 110 por ciento. La otra opción es una factura de 251 pesos, un 18 por ciento más que en la actualidad, para lo cual otros sectores recibirían el grueso del tarifazo, compensando así la diferencia con el plan A. Como muestra, un departamento de 40 metros cuadrados que consume apenas 100 kw al mes y hoy paga 70 pesos sin impuestos, pasaría a pagar 157 pesos, un 125 por ciento más. En el caso de Edenor, propuso incrementos promedios de 31 por ciento para los consumos residenciales.

Un departamento de 40 metros cuadrados que consume apenas 100 kw al mes y hoy paga 70 pesos sin impuestos, pasaría a pagar 157 pesos, un 125 por ciento más.

Más allá de esta foto, las asociaciones de consumidores vienen pidiendo que las empresas eléctricas den mayores precisiones sobre los cuadros tarifarios, para dejar en claro el impacto en cada segmento, sean hogares, comercios o pymes. También quieren descartar un temor: que para conformar el alza promedio del 30 o 31 por ciento que vocearon las distribuidoras, hayan incluido a la tarifa social, que tiene un costo cero hasta los 150 kw mensuales y cuyos beneficiarios pagan un valor fijo por transporte y distribución. De ser así, el tarifazo no sólo escalaría varias posiciones en el bolsillo del resto de los usuarios, sino que también sería mucho más redituable para los privados, ya que es el Estado el que se encarga de solventar la tarifa social. Sin dudas, una maniobra de este tipo sería burda y poco probable, pero no son épocas para descartar la posibilidad del escándalo.

Por CARLOS ROMERO

@soycarlosromero

Fuente: www.nuestrasvoces.com.ar

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