INVESTIGACIÓN
NI MORSAS NI TORTUGAS
Por Mauro Federico | Ilustración Martín Carri
Las denuncias de narcotráfico se metieron en la campaña. Las causas judiciales de la efedrina y el triple crimen de General Rodríguez remergieron de la mano de los cruces entre los candidatos y un informe televisivo que acusó a Aníbal Fernández de ser el autor intelectual de estos delitos. Cómo la Argentina se convirtió en un enclave central en la economía del narcotráfico, en un entramado complejísimo que integran tanto la industria farmacéutica como el sindicalismo, los narcos mexicanos y veloces empresarios argentinos. Todo bajo el paraguas de un Estado cuyos funcionarios no sólo avalaron y encubrieron, sino que formaron parte del negocio.
En la madrugada del 13 de agosto de 2008, tres cadáveres fueron prolijamente acomodados en un zanjón, a unos 650 metros de la ruta 24, en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Una semana antes, los sicarios habían llevado engañadas a sus víctimas hasta una vivienda ubicada en la localidad de Quilmes, donde los torturaron y mutilaron, para luego asesinarlos. Los asesinos se tomaron su tiempo. No estaban apurados. Había gente lo suficientemente poderosa detrás de este “trabajito” como para garantizarles un buen rato de impunidad. Lo que los criminales nunca imaginaron es que el múltiple asesinato de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina conmocionaría a la sociedad argentina y se transformaría en una patada al hormiguero de una actividad que, hasta ese momento, permanecía en las sombras: el desvío ilegal de precursores químicos con destino al narcotráfico.
El triple crimen de General Rodríguez puso al descubierto una trama de negocios ilícitos que vinculaba a los carteles de la droga con las mafias de la salud y con las más altas esferas del poder político argentino. La palabra clave es efedrina, una sustancia utilizada para la fabricación de medicamentos de uso habitual y –hasta ese momento- de venta libre en Argentina; pero no en México, donde las autoridades habían dispuesto su restricción absoluta a mediados de la década pasada, argumentando que era utilizada por los carteles para la producción de drogas sintéticas. Es por eso que la actividad de los narcos aztecas se desplazó hacia América del Sur: el mismo kilogramo de efedrina por el cual llegaban a pagar cinco mil dólares en México, pudieron conseguirlo en Argentina a menos de cien. Ventajas comparativas.
Pegando abajo
La efedrina es una amina simpaticomimética de origen vegetal, cuyo principio activo surge de la Ephedra vulgaris, hierba muy utilizada por la medicina tradicional china para activar los receptores del sistema nervioso simpático. “Tiene acción psicoestimulante, antihistamínica o broncodilatadora y puede aparecer asociada a remedios para la tos”, explica el doctor Carlos Damin, Jefe de Toxicología del hospital Fernández de la ciudad de Buenos Aires. “Pero la efedrina también sirve como base para la producción de metanfetaminas y distintos tipos de drogas de diseño”, sostiene.
Durante mucho tiempo fue promovida como la sustancia natural perfecta para bajar de peso, porque acelera el metabolismo, aumenta la energía física y quita el hambre. Los argentinos la conocimos en 1994 durante el Mundial de Fútbol de los Estados Unidos. “Me cortaron las piernas” fue la frase que inmortalizó Diego Armando Maradona, capitán de aquel seleccionado, luego de haber sido descalificado por tomar un medicamento que contenía efedrina la noche antes del triunfo contra Nigeria por 2 a 1.
La Comisión Federal para la Protección de los Riesgos Sanitarios de México prohibió su comercialización recién cuando el promedio de importación de efedrina saltó de 55 a 220 toneladas al año, mientras la tasa de enfermedades que requerían de medicamentos que la contuvieran, se mantenía constante.
HASTA 2006 INGRESABAN AL PAÍS ENTRE CUATRO Y CINCO TONELADAS DE EFEDRINA POR AÑO. DOS AÑOS DESPUÉS, LA CRIFRA HABÍA LLGADO A LAS TREINTA TONELADAS. ARGENTINA SE HABÍA CONVERTIDO EN EL LUGAR PERFECTO PARA TRIANGULAR EL PRECURSOR.
Fue entonces cuando los carteles mexicanos pusieron el ojo en Argentina. Varias de sus segundas y terceras líneas se desplazaron hacia el sur. Buscaban las materias primas para la producción de drogas sintéticas, de sencilla elaboración, aquellas que “cocinaban” los personajes Walter White y Jessee Pinkman en la exitosa serie Breaking Bad.
Según un estudio del Centro de Información de Medicamentos (CIME) -organismo de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Córdoba- el procedimiento para sintetizar la metanfetamina es relativamente sencillo y requiere de una infraestructura básica, por lo cual la proliferación de “laboratorios clandestinos” es una amenaza muy real. En la calle se la conoce como cristal, hielo, meth o crystal meth. Se la puede tomar, inhalar, fumar o inyectar. El resultado es una intensa sensación eufórica que solo dura unos minutos.
Hasta 2006 ingresaban a la Argentina entre cuatro y cinco toneladas por año de la sustancia. Un año después, la cifra se había quintuplicado, llegándose a importar treinta toneladas durante 2008. Lo que sucedió fue que el país se convirtió en el lugar perfecto para triangular efedrina. La laxitud de los controles permitió que cualquier empresa o particular interesado en importarla desde los países productores -China, Malasia, República Checa, Alemania e India- pudiera hacerlo. Solo debía inscribirse en el Registro Nacional de Precursores Químicos (Renapre), que –hasta el escándalo desatado por el triple crimen- dependía exclusivamente de la SEDRONAR. Aquella importación legal para su posterior exportación -ilegal- produjo grandes márgenes de ganancia. Confundida entre bolsas de materiales para la construcción, dentro de potes de plástico que decían contener saborizante para cremas heladas, camuflada en hormas de zapatos, impregnada en ropa o diluida en botellas de vino blanco de un litro y medio, cualquier método fue útil para sacar la efedrina rumbo a México sin tener que declararla.
Una vida peligrosa
Con 34 años recién cumplidos, Sebastián Forza sentía que se comía el mundo. “Te vendía el obelisco dos veces en un mismo día” cuenta su viuda, Solange Bellone, al autor de esta nota. Coqueto y prolijo, casi al límite con lo metrosexual, de discurso cautivante, inteligente y con salidas muy rápidas, Forza tenía todo para ser un ganador.
Nacido en el seno de una familia bien italiana y con costumbres muy tradicionales, tanto él como su hermano menor Gastón fueron criados en un ambiente estricto donde el respeto y la disciplina se hacían sentir. Pocho, el padre, supo desempeñarse como visitador médico del laboratorio Gador y construyó una sólida carrera como vendedor de la industria farmacéutica. “Sebastián conocía el negocio como nadie, tenía mucha experiencia y no admitía límites”, relata su mujer.
Tal vez el exceso de confianza, o quizá el afán por diferenciarse de su padre, de quien aprendió desde muy joven el oficio, llevaron a Sebastián a pretender una carrera independiente de los designios familiares. “Siempre quiso hacer la suya, estaba convencido de que juntos podíamos conseguir lo que nos propusiéramos, por eso desde que nos casamos, no paramos ni un minuto y empezamos a montar nuestra propia droguería”, recuerda Solange.
Bairesmed, Seacamp, SanFor, fueron los nombres de fantasía de los diferentes emprendimientos que la pareja constituyó para vender fármacos a la seguridad social, actividad que realizaron sin demasiados escrúpulos. Prueba fehaciente de ello es que las sociedades afrontaron más de una docena de causas judiciales por adulteración, falsificación y robo de medicamentos, en menos de siete años de actividad registrada. Durante ese período, Forza conoció a Néstor Lorenzo, propietario de la droguería San Javier, especializada en la comercialización de las costosísimas drogas oncológicas y, durante años, uno de los máximos beneficiarios de la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo del ministerio de Salud que se encarga de subsidiar a las obras sociales en problemas financieros.
“Néstor fue el maestro de Sebastián”, dice Solange, quien se encargaba de manejar las finanzas de las droguerías. “Sebastián le vendía mercadería y éste le pagaba con cheques de la Obra Social de los Bancarios”. Un experto en el arte de dibujar balances para la industria farmacéutica explica el mecanismo: “Las droguerías tienen por ley una reducción de la alícuota del impuesto al cheque que –en volúmenes importantes de dinero- permite hacer diferencias. Para licuar la plata que facturan, las droguerías utilizan a las financieras”.
Mientras el circuito funcionó, no tuvieron problemas para edificar una vida suntuosa: casa en un reconocido country de Pilar; una flota de vehículos costosísimos compuesta por un BMW, un Audi, dos Chevrolet Vectra, una camioneta Ford Ranger, un Citroën C3, un mini Cooper y dos motos de alta gama; ropa de marca exclusiva; y viajes de placer por el mundo. Pero un día el castillo de cristal empezó a resquebrajarse. Los cheques voladores comenzaron a rebotar y las cuentas de su droguería entraron en un estado de rojo permanente. Sus acreedores empezaron a ponerse nerviosos.
“Me quieren mandar a la quiebra y no sé qué hacer. Me están amenazando”, le dijo Sebastián a Julio Pose unos días después de habérselo cruzado por primera vez. Ex informante de la SIDE y de la DEA y futuro “consejero” de Forza, Pose había llegado allí por recomendación de Martín López Magallanes, un ex visitador médico que en 2002 se había asociado con Forza en uno de sus negocios.
“La mecánica del gordo Magallanes consistía en conformar droguerías para poder operar desde su estructura y hacer contratos con obras sociales. O inscribirlas en el registro de precursores, o sacar chequeras corporativas y sobregirar sin fondos”, describe una fuente de la investigación.
Forza tenía tres acreedores muy difíciles: Juan Carlos Lourelio, alias Cali, a quien solía cambiarle cheques a través de una mesa de dinero; Marcelo Abasto, que reclamaba una cifra cercana a los dos millones de pesos; y un personaje central de esta historia: Ibar Esteban Pérez Corradi, a quien le debía muchísima plata.
Pérez Corradi vivía de la usura, cambiaba cheques en un circuito financiero paralelo a tasas altísimas. Y como buen usurero, nunca se fijaba en la calidad moral de las personas a las que les prestaba el dinero, solo le importaba que pagaran.
La relación entre Forza y Pérez Corradi era de mutua conveniencia. “Un medicamento que costaba cinco lucas, Sebastián lo conseguía por mil”, explica Pose. Con esos medicamentos –cuyo origen era cuanto menos dudoso- abastecían a las obras sociales. Pérez Corradi financiaba la operatoria y Forza se encargaba de todo lo demás. Mientras la plata entró, el vínculo fue óptimo. Cuando se cortó el chorro, comenzaron los problemas.
“Sebastián tenía una deuda blanqueada con cinco bancos y algunas droguerías por un total de cinco millones de pesos; eso fue lo que se concursó. El resto de su deuda –otros tres millones- no estaba documentada y pertenecía a grupos de financiadores oscuros. Uno de ellos era Pérez Corradi, a quien Sebas le pagó con valores que le había dado Magallanes. Esos cheques después vinieron para atrás. Cualquiera de ellos bien pudieron haber estado detrás de sus asesinos”, relata un testigo directo de estas operaciones financieras.
Drogerías y lavado de dinero
De profesión contador, Néstor Lorenzo ingresó al mercado de la salud en 2001 cuando la crisis derrumbó a las obras sociales sindicales. Creció tanto que hoy es uno de los empresarios farmacéuticos más investigados por el robo y la adulteración de medicamentos. A fines de noviembre de 2008, una serie de allanamientos en sus oficinas y depósitos llevados a cabo por el juez Norberto Oyarbide permitieron secuestrar documentación probatoria de varios de estos delitos. Sus droguerías –de las cuales San Javier es la más conocida en el ambiente- facturaban sumas millonarias por contratos de prestación con las obras sociales. Y lo hacían con troqueles truchos de medicamentos oncológicos o triangulando subsidios por la Administración de Programas Especiales (APE) de la Superintendencia de Servicios de Salud, que nunca fueron rendidos. Entre 2005 y 2008, la APE había reintegrado dos mil millones de pesos por esos medicamentos de alta complejidad a las obras sociales. El responsable de aquel organismo era Héctor Cappacioli, uno de los recaudadores de la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007.
La investigación se inició con una denuncia realizada por un profesional del policlínico Bancario. “Estábamos preparando un fármaco para la quimioterapia y notamos que tenía una consistencia y un color extraños”, relató una de las enfermeras que fue testigo de los hechos. El análisis bioquímico confirmó la sospecha: el medicamento había sido adulterado.
El propio Sebastián Forza le contó al periodista Christian Sanz en mayo de 2008 algunas de las maniobras: “Otra de las jodas era la de truchar recetas y prescribir de más medicamentos caros, como los oncológicos, contra el SIDA y los propios factores hemofílicos. Es decir, si una persona necesitaba tres dosis de un remedio, se le prescribían veinte. Los restantes eran revendidos en el mercado. En esto estaban prendidos los mismos laboratorios, ciertos funcionarios del Estado y nosotros, las droguerías”.
Lorenzo estuvo procesado y detenido como jefe de una asociación ilícita que perpetró maniobras como las descriptas. Pero para poder concretarlas fue necesario contar con el apoyo de alguien que –desde adentro- facilitara los trámites y las autorizaciones necesarias. Para la justicia, esa persona es Héctor Capaccioli.
Estás prohibida ya
El 8 de abril de 2008 el container TRIU-366965-US-2210, proveniente de Buenos Aires, quedó rezagado en el puerto de altura de Manzanillo, noventa kilómetros al sur de la ciudad de Colima, sobre la costa mexicana del Pacífico.
Aunque el cargamento tenía destinatario -la firma Pegaso S.A.- nadie se acercó a retirarlo. Sospechando que pudiera tratarse de un envío irregular, las autoridades aduaneras dispusieron la revisación del container, que fue inspeccionado por perros entrenados. Los canes detectaron la presencia de panes de una sustancia blanca, que en un primer momento los efectivos confundieron con cocaína, pero que las pericias posteriores identificaron como efedrina 294 kilos disimulados en doce mil kilos de azúcar.
Inmediatamente se notificó a la justicia argentina, que ya había sido alertada de la situación el 15 de mayo, cuando una autodenuncia ingresó al juzgado penal económico del doctor Marcelo Aguinsky. Quien pedía ser investigado era Damián Iñurrátegui, despachante de aduana argentino, responsable del envío incautado en Manzanillo. “Yo no tenía conocimiento del contenido oculto del embarque, pero quiero advertirle que en pocas horas está saliendo uno nuevo rumbo a México”, declaró Iñurrátegui ante el juez.
El dato era bueno. Veinticuatro horas después, en un depósito fiscal de Barracas controlado por una sociedad llamada Sadocks -conformada por los rosarinos Jorge Gómez y Rubén Galvarini-, se hallaron 526 kilos de efedrina escondidos en azúcar, dentro de bolsas termoselladas con la leyenda de los supermercados Makro.
Según los datos que figuraban en los registros aduaneros, la efedrina hallada en el depósito fiscal de Barracas había sido provista por Héctor Germán Benítez. Pero la búsqueda de este personaje arrojó un dato sorprendente: Benítez –de 33 años- cumplía condena desde 2003 en el penal de Sierra Chica por robo calificado. Alguien le había usurpado la identidad mediante la falsificación del documento. El verdadero autor de la maniobra había sido otro rosarino a quien la justicia ya venía siguiendo por operaciones de tráfico ilegal de sustancias y a quien pronto la opinión pública conocería por el apodo que le puso el ministro de Justicia y Seguridad Aníbal Fernández el mismo día de su detención: El rey de la efedrina.
No transes más
Mientras miraba las aspas del ventilador de techo moviéndose lentamente en el techo del salón principal del club Provincial de Rosario, Mario Roberto Segovia soñaba con un futuro mejor. El tórrido verano de 1997 se encendía casi tanto como su ilusión por pegar algún negocio que le permitiera abandonar el humilde trabajo gastronómico con el que se ganaba la vida y pagaba el alquiler de su modesta vivienda en el barrio Plata, al sur de la ciudad. Por entonces, iba a trabajar al comedor del club en bicicleta y cada tanto viajaba a Buenos Aires en el lechero de la Chevallier, para ganarse unos mangos extra como mozo en algunas fiestas. Atendiendo las mesas se había enterado de muchas cosas que, incluso, le habían servido para concretar alguno de sus rebusques. De hecho, así fue como había llegado a conectarse con proveedores de CDs, DVDs y revistas porno que le permitieron hacer una diferencia con una clientela que había juntado entre amigos y compañeros de trabajo. Entre 2003 y 2005 conoció a dos tipos que serían determinantes en su destino: el citado rosarino Rubén Galvarini y aquel prestamista de dudosa legalidad de nombre Ibar Esteban Pérez Corradi. De la mano de estos personajes, El Gordo cambió su vida y comenzó a viajar por el mundo: Holanda, España, India -uno de los principales productores de efedrina- y México.
SEGOVIA ENVIÓ POR CORREO UNA SOLICITUD PARA IMPORTAR EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, HIDRÓXIDO DE POTASIO Y CAL, CON DOMICILIO E IDENTIDAD FALSOS. EL TRÁMITE FUE APROBADO.
El 24 de agosto de 2006, Segovia envió por correo una solicitud al Registro Nacional de Precursores Químicos para adquirir insumos químicos en el exterior. En ese trámite pedía permiso para comprar y vender “efedrina, pseudoefedrina, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio y cal”, a través de un laboratorio fantasma con domicilio en la calle Entre Ríos 1031. Como si aquello fuera poco, utilizaba un documento del preso Héctor Benítez, al que le había colocado una fotografía suya. Por si quedaran dudas, el trámite fue aprobado.
Segovia comenzó a transformarse en uno de los hombres más poderosos de Rosario, con una fortuna incalculable y un nivel de ostentación por lo menos inconveniente para quien pretende pasar inadvertido. Además de adquirir vehículos más que llamativos, se compró un imponente chalet en la calle Condarco 472 bis y Boulevard Argentino, en la zona más exclusiva del barrio Fisherton.
Pero todo aquel despilfarro duró poco. El domingo 23 de noviembre de 2008, a cinco meses del decomiso de aquel embarque en la aduana mexicana, lo detuvieron en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires, cuando estaba por viajar a la Triple Frontera. Cuando la policía allanó su mansión, secuestró 275.000 euros, setenta mil dólares, dieciocho armas de fuego, veintiséis Rolex, seis lingotes de oro con un peso total superior a los tres kilos y cuatro vehículos de lujo.
Segovia estaba inscripto ante la AFIP como “vendedor de chocolates, golosinas y productos para kiosco”. La justicia lo acusó y posteriormente lo procesó por el desvío de precursores químicos con fines ilícitos.
Según datos oficiales que figuran en la causa, Segovia intervino en el traslado de 8171 kilogramos de efedrina, lo que equivaldría a 32 millones de dólares en el mercado mexicano. En agosto de 2012 el Tribunal Oral federal 4 de San Martín lo condenó a 14 años de prisión.
Un tonto rey imaginario, o no
Mario Segovia también formaba parte de la selecta lista de dueños de vehículos importados que se valieron de licencias diplomáticas para ser ingresados sin costos aduaneros en el país, permiso que utilizó para adquirir dos Hummer de última generación.
Pero, a mediados de 2008, El Gordo estaba antojado, quería sacar chapa de “distinguido” en el ambiente. Por sugerencia de un contacto bonaerense, fue hasta una agencia oficial de BMW, en Vicente López, a la búsqueda de un vehículo que satisficiera su apetito de nuevo rico. Cuando ingresó al imponente local sobre la avenida Libertador, vestido con un pantalón de jogging color bordó y una chomba celeste, los vendedores lo confundieron con un vendedor ambulante y lo invitaron amablemente a retirarse.
Sorteado el malentendido, Segovia recorrió los salones de la agencia buscando la nave de sus sueños. Hasta que alcanzó a ver la trompa de uno, en un sitio reservado del local. Se trataba de un Rolls Royce Phantom, importado a pedido del empresario Gregorio Pérez Companc, reconocido coleccionista de la marca, que ya lo había señado. El precio de lista ascendía a los seiscientos mil dólares. Cuando lo vio, Segovia quedó flechado. Tapizado confeccionado con dieciséis cueros vacunos, revestido en su interior con maderas de seis tipos distintos de especies, un sistema de audio con quince parlantes y un motor de 460 caballos que lo impulsa a 240 km/h.
“¿Seiscientas lucas gringas? Yo te doy seis sesenta y me lo llevo ya mismo”, contraofertó Segovia. Ante su insistencia, encargado y gerente se internaron en las oficinas para hacer unas consultas, mientras El Gordo tomaba su celular para llamar a su mujer, La Gise. “Gorda ¿cuánta plata hay en casa?”. Sin sorprenderse demasiado, le contestó: “Debe haber unas doscientas lucas verdes, otros tantos euros y como ciento cincuenta lucas en pesos”. La orden no dejó lugar a dudas: “Mandámela para Buenos Aires ya mismo”.
Como el auto había sido importado por la agencia, había que efectuar la transferencia para ponerlo a nombre del nuevo propietario. Pero Segovia sabía que eso iba a traer complicaciones. Pero encontró una salida: “Por ahora lo dejamos a nombre de ustedes y la semana que viene hacemos los papeles”, sugirió. Esa misma tarde El Gordo se fue manejando su flamante Rolls Royce por la ruta 9 hasta Rosario. Durante los 300 kilómetros del viaje, los dieciséis parlantes del equipo de audio se inundaron con los acordes de la cumbia santafesina de uno de sus mayores ídolos: Leo Mattioli.
“El Phantom suele estar asociado de manera muy diferente en cada país. En Gran Bretaña, es el auto de la realeza. En Estados Unidos fascina a los raperos millonarios y en España lo suelen usar algunos futbolistas. En mercados menos desarrollados, como Latinoamérica y Rusia, suele ser el auto de mafiosos y narcotraficantes”, explicó Carlos Cristófalo, editor de Argentina Auto Blog. Los capos mexicanos se enamoraron de los Rolls en los 80. Alejandro Páez, director del semanario Día Siete, aporta un dato sugerente: Francisco Arellano Félix, del cartel de Tijuana, tuvo un Rolls que perteneció a Julio César Chávez. El boxeador había recibido las llaves de Don King, el manager más famoso –y más sospechado de pertenecer al crimen organizado– en la historia de ese deporte.
No toquen
Luego del escándalo desatado por el triple crimen de General Rodríguez y la detención de Mario Roberto Segovia, quedaron al descubierto las debilidades -e ilegalidades- de un sistema de control de precursores por cuyas hendijas se colaron los proveedores de los carteles narcos instalados en la Argentina. Pero la cinematográfica historia del Rey de la Efedrina no es la única que pone en evidencia todo esto.
En el año 2007, Guillermo Raúl Ascona fue procesado por importar 1900 kilos de efedrina de la India y desviar su uso con fines ilícitos. Ascona es un prestanombres con domicilio en una modesta vivienda de Ezpeleta, y se inscribió en el Registro Nacional de Precursores en junio de 2006 para poder comerciar con sustancias químicas. Ascona –sin propiedades, ni vehículos, ni acreditaciones bancarias, ni tarjetas de crédito a su nombre y con ninguna experiencia en la actividad-, tramitó ante la AFIP una solicitud para importar y exportar efedrina. Lo hizo a través de la firma Tyvon Farma, propiedad de Josué Ezequiel Fucks y Alfredo Augusto Abraham, que había suscripto un contrato de gerenciamiento en octubre de 2007 con Farmacéuticos Argentinos S. A. (FASA), organización creada por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA). “La fecha coincide con el inicio de la importación de clorhidrato de efedrina desde la India”, asegura uno de los investigadores de la causa. Hasta el momento del decomiso del cargamento en México, Drofasa –la droguería de la entidad- había efectuado diez destinaciones de importación de la sustancia por un total de 9800 kilogramos a través de la aduana de Ezeiza.
EL ESCÁNDALO COMNZÓ A PERTURBAR A LOS FUNCIONARIOS DEL GABINETE NACIONAL. JOSÉ GRANERO, TITULAR DE LA SEDRONAR Y HOMBRE DE MÁXIMA CONFIANZA DE NÉSTOR KIRCHNER, FUE EL MÁS APUNTADO.
El 9 de mayo de 2008 la subsecretaría de narcotráfico realizó una inspección en la sede de Drofasa. Los documentos secuestrados mostraban vínculos del grupo con San Javier, aquella droguería especializada en remedios oncológicos, propiedad de Néstor Lorenzo. Aquel que “le había enseñado todo” a Sebastián Forza.
El juez concluyó que Guillermo Ascona importó la efedrina “con un certificado del Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE) sin que el organismo hubiese efectuado ningún tipo de constatación previa al otorgamiento del permiso a favor del solicitante, como ser la inspección de los domicilios denunciados con el objetivo de constatar su real existencia o con el fin de evaluar su aptitud a nivel edilicio para el desenvolvimiento de la actividad”. Para colmo, entre las personas autorizadas por esas empresas para retirar los certificados de importación figuraba una ex empleada de la SEDRONAR, el organismo del que depende el RENPRE: Susana Muzzio.
“Luego de la obtención del certificado, la efedrina se importaba, fundamentalmente desde India, pero para ingresarla al país sin dejar huellas era necesario un complejo entramado de droguerías y personas físicas con una relación aceitada con el registro de precursores”, explicó una fuente de la investigación. “Casos como el de Segovia, o kioscos de golosinas que por correo, por teléfono y en veinticuatro horas obtuvieron las certificaciones, muestran que no se trató de negligencia sino de participación criminal organizada, con la complicidad de funcionarios del Estado”, completó el informante.
A esa altura, el escándalo ya comenzaba a perturbar a funcionarios del gabinete nacional. Todas las miradas apuntaron a un hombre de máxima confianza de Néstor Kirchner: el odontólogo patagónico José Granero, titular de la SEDRONAR. Así lo describió Horacio Verbitsky en una de sus columnas del diario Página/12, en enero de 2010: “Ex vicegobernador de Santa Cruz en el primer mandato de Kirchner, fue subinterventor del PAMI hasta que Graciela Ocaña solicitó que lo relevaran, porque obstruía la lucha contra los proveedores vinculados con Barrionuevo, que comercializaban medicamentos adulterados”.
Kirchner lo removió del PAMI y lo envió, en 2004, a la SEDRONAR. A partir de ese momento, sin la autorización de Granero, no se podía comercializar efedrina, dentro o fuera del país.
De aceitadas relaciones con la DEA estadounidense, Granero estaba enfrentado con el por entonces ministro de Justicia y Seguridad Aníbal Fernández, histórico propulsor de la despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Los dos funcionarios se esmerilaban constantemente, sometiéndose a un desgaste mutuo que hacía suponer un enfrentamiento mucho más trascendental que una mera cuestión filosófica acerca del rol del Estado en el control de los fumadores de marihuana. “La punta del iceberg es la despenalización, pero debajo de la superficie está la disputa por el control de los precursores”, confirmó un funcionario gubernamental.
Las peleas fueron tan notorias que la propia presidenta Cristina Kirchner debió interceder y evitar que la sangre llegase al río (y salpicara a todos). Así, en 2008, nació la Disposición 4712 de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), que incluyó a dos ministerios en la cadena de supervisiones previas a la autorización para importar precursores. La implementación de esta política permitió –en tiempo récord- que el ingreso de efedrina al país para uso legal certificado se redujera de 52 toneladas a 13 kilos. El dato evidencia el festival que se hicieron durante -al menos- tres años aquellos que manejaron el puente de negocios con los mexicanos.
Según datos oficiales, hasta fines de 2008 el 40% de las empresas que operaban precursores químicos no estaban inscriptas en el registro nacional que maneja la SEDRONAR. Se trata de 60 sustancias, entre las cuales se encuentran los ácidos sulfúrico y clorhídrico, el metanol, el alcohol etílico, el éter, la acetona, el amoníaco, el perganmanato de potasio, la efedrina y la pseudoefedrina. Todas tienen fines medicinales o industriales pero también pueden usarse para producir paco, cristalizar la cocaína o elaborar drogas sintéticas.
El verdadero rey
Durante el período en el que la causa de la efedrina tramitó en el juzgado federal de Zárate-Campana, en el despacho del juez Faggionato Márquez, había un enorme mural donde sus asistentes pegaban las fotos de los personajes vinculados a la compleja trama. En el organigrama se cruzaban los nombres y los retratos de testigos, informantes, acusados, detenidos, procesados y prófugos, todos conectados con flechas entrecruzadas que formaban una verdadera maraña. La imagen de Ibar Esteban Pérez Corradi estaba encima de todos los otros y dos flechas dibujadas con marcador rojo, apuntaban hacia el techo. “Llegar más arriba puede resultar peligroso”, sugiere el abogado de uno de los implicados por entonces habitué de los tribunales zarateños.
“El tipo manejaba el negocio de la efedrina, fijaba las reglas, controlaba quién compraba y quién vendía”, describe una fuente de DEA que monitoreó las actividades de Pérez Corradi entre los años 2007 y 2008. Durante esa época, el agente detectó una serie de envíos irregulares de un poderoso analgésico, derivado del opio, que se vende en los Estados Unidos solo por prescripción: oxicodona. Pérez Corradi fue investigado por el envío de unas mil quinientas pastillas a Norteamérica, por lo cual la fiscalía del Estado de Maine lo acusó por tráfico ilegal y emitió una orden de captura internacional. Por esta causa, Pérez Corradi se entregó a la justicia de aquel país, justo cuando el cerco comenzaba a cerrarse sobre la pista que lo involucraba como uno de los posibles autores intelectuales del triple crimen de General Rodríguez, a raíz de la relación comercial que lo ligaba con Sebastián Forza (en donde aparecían deudas impagas, cheques voladores y amenazas reiteradas).
Si bien nunca fue imputado formalmente, su nombre apareció reiteradamente durante el juicio en el que se condenó a cadena perpetua como autores materiales del múltiple homicidio a Martín Lanatta, a su hermano Cristian y a los también hermanos Víctor y Marcelo Schillaci. A fines de 2011, Pérez Corradi consiguió la libertad luego de que vencieran los plazos para la continuidad de la prisión preventiva y cuando, finalmente, la justicia se decidió a detenerlo por considerarlo el autor intelectual del triple homicidio, en marzo de 2012, se fugó, condición que mantiene hasta el presente.
Cristina, Cobos y vos
El 20 de agosto de 2008, legisladores de la Coalición Cívica (CC) formularon una denuncia penal ante la Justicia Federal de Instrucción, con el objeto de impulsar una investigación judicial sobre la actuación de funcionarios públicos involucrados en la recaudación de aportes privados para la campaña presidencial del Frente para la Victoria en el 2007. La causa Nº 11912/08 quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 4, a cargo del Dr. Ariel Oscar Lijo, y el ojo estaba puesto en la industria farmacéutica.
Un año después, en un informe del Centro de Investigación de la CC, se concluía que las irregularidades cometidas responderían a dos hipótesis. O bien al tráfico de influencias de parte de los laboratorios para obtener negocios futuros, o directamente al lavado de dinero. De los casi trece millones de pesos que quedaron registrados como contribuciones privadas a la fórmula presidencial ganadora en 2007, Cristina Fernández-Julio Cobos, cuatro millones y medio correspondían a empresas de salud y medicina que contrataban habitualmente con el Estado Nacional. En especial, se destacaban las prestadoras de servicios asistenciales reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo, en ese entonces, de Héctor Capaccioli, quien además era uno de los principales recaudadores de la campaña. Y, por otro lado, las empresas comercializadoras de precursores químicos inscriptas en el Registro de la SEDRONAR que controlaba Granero. Entre ellas, una llamaba especialmente la atención: Seacamp S.A., propiedad de Sebastián Forza y su esposa Solange Bellone, aportaba doscientos mil pesos para la campaña. Inmediatamente después, entre diciembre de 2007 y julio de 2008, Forza figuraba frente al fisco con 412 cheques impagos y un monto pendiente acumulado por 2.948.313,48 pesos. A eso se le agregaban dos juicios civiles y un historial de empresas quebradas. ¿Cómo pudo este joven empresario que padecía de tantas dificultades económicas aportar tamaña suma a la campaña de Cristina?
Una testigo de identidad reservada en la causa del triple crimen permite aventurar la hipótesis de que, en realidad, Forza era un testaferro: “a cambio de firmar unos recibos donde aceptaba haber aportado doscientas lucas, a Forza le pagaron cinco mil dólares, más o menos el diez por ciento de la guita que admitía haber donado, sin hacerlo. Fue un negocio redondo y se concretó en una escribanía de la calle San Martín, en plena city porteña”.
Pero había más. Entre las personas físicas que más aportaron se encuentra Carlos Luciano Torres -Director Suplente de Multipharma – con 170.000 pesos; y Carlos Horacio Torresín con 155.000 pesos. Lo curioso es que ambas contribuciones fueron realizadas supuestamente por dos personas distintas, pero con el mismo número de DNI: 10.625.658. En definitiva, Multipharma, en sociedad con Néstor Lorenzo como persona jurídica y Torres como persona física, totalizaba el mayor aporte de la campaña presidencial de 2007, con un monto de 701.000 pesos. El nombre de Néstor Lorenzo figura innumerables veces en la causa (y también en esta nota). Y vale la pena agregar que, a través de su drogería San Javier, integraba el Consejo de Administración de la sociedad SGR PAGA, donde también figuraba un nombre llamativo: Néstor Ricardo Vázquez, ex Gerente General de la Superintendencia de Servicios de Salud y, en su momento, segundo de Héctor Capacciolli.
“Siendo el sector farmacéutico y de salud el que aportó un tercio de los fondos declarados durante la campaña presidencial del oficialismo, sostenemos que no es aleatorio que el encargado de la recaudación haya sido Héctor Capaccioli, quien estaba a cargo de la Superintendecia de Servicio de Salud, el organismo cuya misión es controlar y regular a los actores del Sistema Nacional del Seguro de Salud” sostiene el informe de la CC.
Buena parte de esta compleja trama de conexiones irregulares comenzaron a dilucidarse cuando uno de los partícipes de esta operatoria decidió contar su historia. Se trata de Gabriel Alejandro Brito, titular de Global Pharmacy Service SA, que figura realizando uno de los aportes más importantes de la campaña: 310.000 pesos. Según Brito, su empresa –en aquel momento muy complicada económicamente y hoy quebrada- no aportó un solo peso sino que el dinero procedía en realidad de Néstor Lorenzo.
Brito realizaba auditorías para Lorenzo sobre la Obra Social La Bancaria. En el mes de agosto de 2007, Néstor Lorenzo le había comentado que estaba atravesando una dificultad financiera y que necesitaba cubrir una deuda. Brito accedió a entregarle una serie de cheques a su nombre pagaderos a sesenta días, con el compromiso de que Lorenzo los cubriría. Estos cheques son los que finalmente terminaron en la campaña de Cristina Kirchner.Detrás de la llamada “mafia de los medicamentos” se esconde el delito de lavado de activos a través de una triangulación entre la Obra Social Bancaria Argentina, la droguería San Javier y Pérez Corradi, quienes conformaron una gran red de crimen organizado con el apoyo de estructuras del Estado -como Pami o la Superintendencia de Servicios de Salud- y de las obras sociales sindicales. El propio Juan José Zanola, Secretario General de La Bancaria, estuvo preso durante dos años por estos hechos, y aún aguarda por el inicio del juicio oral, junto a Lorenzo y Capaccioli. José Ramón Granero, por su parte, fue expulsado de la SEDRONAR en 2011, pero fue reubicado en la empresa estatal ENARSA, en la órbita del Ministro Julio De Vido. En 2014, cuando quedó efectivamente procesado en la causa que investiga su relación con el tráfico de efedrina, renunció a su cargo. También aguarda su elevación a juicio.
EN 2008 SE MODIFICÓ EL RÉGIMEN DE SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE PRECURSORES QUÍMICOS. EL RESULTADO FUE LA REDUCCIÓN EN TIEMPO RÉCORD DEL INGRESO DE EFEDRINA AL PAÍS DE 52 TONELADAS A 13 KILOS.
Las PASO y la efedrina
El domingo 2 de agosto, el programa Periodismo Para Todos puso al aire un informe donde se responsabilizó al jefe de Gabinete Aníbal Fernández por el triple crimen y el desvío ilegal de efedrina. La hipótesis se sostuvo en el testimonio de dos personajes involucrados en la siniestra trama criminal: por un lado, el condenado Martín Lanatta, quien lo señaló como el autor intelectual de la masacre; por el otro, el ex comisario y empresario farmacéutico José Luis Salerno (socio de una de las víctimas, Damián Ferrón), quien ante las cámaras de canal 13 afirmó que Pérez Corradi le comentó que el funcionario que les daba cobertura política –y a quien apodaban “La Morsa”- era Aníbal Fernández.
A menos de una semana de las elecciones primarias en las que Fernández se postulaba como pre-candidato a la gobernación bonaerense por el Frente para la Victoria, la emisión del informe causó un gran revuelo político. Desde el oficialismo salieron a respaldar al funcionario/candidato y acusaron al multimedios Clarín de estar detrás de una “campaña sucia” contra el gobierno nacional. Pero Fernández redobló la apuesta y denunció que a Lanatta le habían ofrecido dinero y beneficios en sus condiciones de detención (se encuentra alojado en un penal del Servicio Penitenciario Bonaerense), que la maniobra había sido orquestada por dirigentes del partido justicialista (apuntando los cañones contra sus rivales en la interna Julián Domínguez y Fernando Espinoza) y que todo había sido financiado con el dinero de un “poderoso empresario del juego en la provincia de Buenos Aires”.
Fue entonces cuando la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner debió intervenir para pedir a Fernández y a Domínguez que bajaran los decibeles de las acusaciones porque entre tanto fuego cruzado, el principal perjudicado terminaba siendo el propio gobierno nacional, a quien ambos postulantes a la gobernación representan. La sangre no llegó al río y finalmente Fernández se impuso en la interna por la candidatura.
Luego de la elección, el tema continuó. La expectativa se centró en saber si los denunciantes mediáticos ratificarían sus dichos ante la justicia. Los “testigos” periodísticos tuvieron actitudes distintas frente a la jueza María Romilda Servini de Cubría. Mientras Salerno se desdijo aduciendo que mintió para obtener algún tipo de beneficio en las causas en las que se lo investiga, al cierre de esta edición, Lanatta ratificó lo dicho, y dio detalles muy precisos sobre el asesinato.
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Fuente: http://www.playboyrevista.com/nota.php?id=62